EL SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS ES PRIORIDAD EN AGENDA LEGISLATIVA FEMINISTA 2026-2031
Por Carlos Polo y José Martínez
Organizaciones feministas y de derechos humanos se reunieron este viernes 2 de octubre en el Congreso de la República con la diputada Analí Márquez, de Juntos por el Perú, para presentar su agenda legislativa para los próximos cinco años. Entre sus principales demandas destacan la implementación del Sistema Nacional de Cuidados y la derogación de la nueva Ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres. Las diferentes voceras del encuentro dejaron claro que solo así recuperarían el enfoque de género, la educación sexual integral (ESI), la despenalización del aborto en determinados supuestos y la aprobación de una Ley de Identidad de Género.
La reunión fue moderada por Diana Miloslavich, ex ministra de la Mujer y representante del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, y contó con la participación de organizaciones como Manuela Ramos, PROMSEX, CLADEM, Amnistía Internacional, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y el Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar del Perú, entre otras.
Durante el encuentro, las participantes entregaron la Agenda Legislativa Feminista para la Igualdad y No Discriminación 2026-2031, suscrita, según lo señalado en la reunión, por 50 organizaciones. También presentaron la Agenda Feminista Municipal: Propuestas y Compromisos 2021-2030 y un listado de leyes aprobadas por el Congreso entre 2021 y 2026 que consideran contrarias a los derechos de las mujeres y cuya derogación buscan promover.
Implementar el Sistema Nacional de Cuidados y recuperar el enfoque de género
La implementación del Sistema Nacional de Cuidados fue una de las principales demandas de las organizaciones feministas durante la reunión. Ibis Fernández, de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), pidió avanzar con este sistema y establecer una legislación con enfoque de género para las mujeres que realizan teletrabajo y, al mismo tiempo, asumen las responsabilidades domésticas.
Otras como Clea Guerra Romero, representante afroperuana, ensayaron el discurso más “vendedor” del Sistema Nacional de Cuidados, planteando la necesidad de crear espacios de cuidado para niños y adultos mayores, argumentando que las mujeres dedican más tiempo que los hombres a estas actividades.
El Sistema Nacional de Cuidados forma parte de un debate más amplio sobre la distribución de las responsabilidades de cuidado, el papel de las familias y la participación del Estado. Mientras sus promotoras sostienen que permitiría reconocer y redistribuir el trabajo doméstico y de cuidados, la realidad es que el alcance de esta propuesta va más allá de la prestación de servicios para niños, adultos mayores y personas dependientes. Esta nueva burocracia ampliaría la intervención del Estado en funciones tradicionalmente asumidas por las familias y serviría como mecanismo para incorporar el enfoque de género en las políticas públicas, incluso después de los cambios introducidos por la nueva Ley de Igualdad de Oportunidades.
En esa misma línea, las organizaciones también solicitaron derogar la Ley N.º 32535, nueva Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que introduce cambios en el marco normativo de igualdad de género. Las participantes cuestionaron esta legislación y pidieron recuperar el enfoque de género en las políticas públicas.
La vinculación del Sistema Nacional de Cuidados con el enfoque de género ocupa así un lugar destacado entre las propuestas expuestas en la reunión, en la que las organizaciones plantearon tanto impulsar una política nacional de cuidados como modificar las disposiciones legislativas que consideran contrarias a dicho enfoque.
Educación sexual, aborto e identidad de género
La agenda feminista también contempla iniciativas relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos y la población LGBTQ+.
María Paz de la Cruz, de Amnistía Internacional y el Grupo Las Lilas, manifestó su preocupación por la eliminación de lineamientos de educación sexual integral (ESI) y pidió retomar la propuesta de despenalización del aborto en casos de violación y malformaciones. Asimismo, solicitó hacer seguimiento al caso del diputado Aranda ante la Comisión de Ética, al cuestionar sus acciones de fiscalización relacionadas con el acceso al aborto terapéutico.
En materia de identidad de género, las participantes solicitaron una ley que permita a las personas trans contar con documentos de identidad acordes con su identidad de género. También cuestionaron la Ley N.º 32331, relacionada con el uso de baños públicos según el sexo biológico de nacimiento.
Las ONG cuestionan la supervisión de la APCI
Otro de los puntos abordados fue la derogación de la Ley APCI, que regula aspectos de la supervisión de las organizaciones que reciben cooperación internacional.
Representantes de PROMSEX, Flora Tristán y Manuela Ramos cuestionaron las disposiciones de fiscalización y las posibles sanciones a las ONG. Isbelia Ruiz Perdomo, de PROMSEX, señaló que recientemente habían recibido una solicitud de información de un diputado sobre las actividades de las organizaciones, mientras que desde Manuela Ramos se advirtió sobre el riesgo de sanciones por parte de la APCI.
Las participantes pidieron revisar y derogar las disposiciones que consideran restrictivas para sus actividades.
Una agenda para los próximos cinco años
La reunión permitió a las organizaciones feministas presentar sus demandas ante la diputada Analí Márquez, quien manifestó su disposición a continuar las mesas de trabajo, recuperar proyectos legislativos archivados y convocar a representantes del Ejecutivo, especialmente del ministerio de la Mujer.
El encuentro refleja los principales asuntos que estas organizaciones buscan incorporar al debate legislativo durante el periodo 2026-2031. El Sistema Nacional de Cuidados y la recuperación del enfoque de género ocupan un lugar destacado entre sus propuestas, junto con iniciativas sobre educación sexual integral, aborto, identidad de género y cambios en la legislación que supervisa a las ONG.
