Por: Tirso Bahamonde
Lima, agosto de 1990. La noche del 8 de agosto, el ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros, Juan Carlos Hurtado Miller, apareció en cadena nacional para anunciar el paquete de ajuste económico más severo de la historia republicana del Perú. Su frase final —«Que Dios nos ayude»— quedó grabada en la memoria colectiva como el sello de lo que la prensa bautizó de inmediato como el «Fujishock».
El país que recibió Alberto Fujimori estaba devastado: hiperinflación acumulada de más de 2 millones por ciento durante el gobierno de Alan García, reservas internacionales negativas y un Estado declarado inelegible por los organismos multilaterales desde 1986, cuando García limitó el pago de la deuda externa.
Los números del shock
Las cifras anunciadas aquella noche fueron brutales para el bolsillo popular:
Gasolina: pasó de 21,000 a 675,000 intis por galón, un alza de aproximadamente 3,000% de un día para otro.
Kerosene: el combustible de los pobres subió cerca de 7,000%, golpeando directamente la cocina de los hogares más humildes.
Inflación de agosto de 1990: alcanzó cerca de 397% en un solo mes, la más alta registrada en la historia peruana.
Devaluación: el inti se desplomó; el tipo de cambio se unificó y flotó libremente, con una depreciación de la moneda que superó el 100% en cuestión de días. La moneda quedó tan pulverizada que en 1991 fue reemplazada por el nuevo sol, a razón de un millón de intis por un sol.
Alimentos básicos: el pan, la leche y el azúcar multiplicaron sus precios varias veces, mientras los salarios permanecían congelados.
El rol del Banco Mundial y los organismos multilaterales
El shock no fue una improvisación criolla. Antes de asumir el mando, Fujimori viajó a Estados Unidos y Japón, donde se reunió con representantes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, los organismos globalistas. El mensaje fue claro: la reinserción del Perú en el sistema financiero internacional —indispensable para acceder a créditos frescos— exigía un ajuste ortodoxo, eliminación de subsidios, sinceramiento de precios y disciplina fiscal. El Banco Mundial actuó como uno de los arquitectos técnicos y garantes de ese programa de estabilización, que el candidato Fujimori había prometido en campaña no aplicar, atacando precisamente el «shock» que proponía su rival el ex marxista, entoncés ultra liberal Mario Vargas Llosa.
El hambre de los pobres
El costo social fue inmediato y dramático. Millones de peruanos, ya empobrecidos por la hiperinflación, vieron evaporarse su capacidad de compra de la noche a la mañana. Las ollas vacías se multiplicaron en los pueblos jóvenes de Lima y en las provincias. El hambre campeó. Los comedores populares y los clubes de madres se convirtieron en la primera línea de defensa contra el hambre, mientras el Gobierno anunciaba un programa de emergencia social que tardó mucho en llegar y resultó insuficiente. La improvisación era evidente.
Tiempo atrás, el Arzobispo Obispo del Callao, Mons. Ricardo Durand Florez, Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, conocido como Obispo de los Pobres, muy preocupado por el exceso de evangélicos en las filas de Cambio 90, que así se llamaba el fujimorismo de entonces, decidió hacer una visita a quien veí como ganador frente al ultra liberal Vargas. En aquella ocasión recibió la seguridad que los evangelicos no iban a tener peso alguno en caso de una victoria fujimorista. Por su parte, el Prelado le llevó un grueso volumen con los planes y contingencias de Caritas Perú. Alberto Fujimori, le agradeció con venias de modo japones, se llevó el texto al pecho, abrazandolo. Y dijo: “Mil gracias Monseñor, ahora Cambio 90 tiene un práctico Plan Social”. La anecdota, real, es un ejemplo de la mentalidad pragmática del que algunos consideran el mejor presidente del Perú, sin serlo, por algunos decicivos aciertos en especial en la lucha armada contra el terrorismo.
La respuesta de la Iglesia: tres meses al servicio vital de tres millones de peruanos
Frente a la gravísima emergencia generada, la Iglesia católica asumió un papel protagónico fundamental. A través de Cáritas y de su red parroquial, de organizaciones eclesiástica y sus rededes, se comprometió a sostener un programa de asistencia alimentaria de emergencia durante tres meses para cerca de tres millones de personas, canalizando donaciones nacionales e internacionales hacia comedores populares y ollas comunes. Estos se multiplicaron en todo el país.
En esa respuesta tuvo un rol destacado el referido jesuita monseñor Ricardo Durand Flórez, del Callao. Durand animaba una peña de reflexión sobre la realidad nacional, un espacio de análisis y debate donde laicos y religiosos examinaban la situación social y económica del país. Entre los contertulios estaba el ex-presidente Morales Bermudez, junto a otros politicólogos y profesionales católicos de las ciencias sociales. Semana a semana se reunian. Tras unas oraciones iniciales, se iniciaba el diálogo. Las reflexiones maduradas en ese círculo le permitieron anticipar la magnitud de la crisis por venir y preparar la respuesta organizada de la caridad de la Iglesia ante el shock, dotándola de un diagnóstico claro sobre dónde golpearía más duro el ajuste y de cómo articular la ayuda a los más pobres y desválidos.
Epílogo
El Fujishock y su abismal devaluación, logró con el tiempo, domar la hiperinflación y reabrir las puertas del crédito internacional. Pero su precio lo pagaron, en las semanas y meses inmediatos, los sectores más vulnerables del país. Sin la Iglesia hubiese habido una revolución de los hambrientos con inimaginables costos sociales. Y mientras el Estado, sumido en la improvisación, pedía que Dios ayudara, fue la Iglesia —con hombres como Durand Flórez y miles de voluntarios articulados de sus organizaciones, y las heroícas mujeres de los comedores populares— la que puso el pan diario en la mesa de los que no tenían nada.
