Por: Luciano Revoredo
La denuncia constitucional presentada por Juntos por el Perú contra el canciller Carlos Pareja constituye uno de los episodios más preocupantes de la actual crisis poselectoral. No porque fiscalizar a los funcionarios públicos sea indebido – todo servidor del Estado debe rendir cuentas -, sino porque una acusación de semejante gravedad exige pruebas sólidas, verificables y concluyentes, no conjeturas, inferencias o sospechas nacidas de la inconformidad política frente a un resultado electoral.
Carlos Pareja no es un improvisado ni un operador partidario. Es uno de los diplomáticos más experimentados de la República, con una trayectoria de varias décadas al servicio del Estado peruano. Ha representado al país en importantes destinos diplomáticos, ha participado en momentos clave de nuestra política exterior y ha construido una reputación profesional reconocida unánimemente. Pretender convertirlo, de la noche a la mañana, en el supuesto artífice de una conspiración electoral internacional requiere algo más que acusaciones altisonantes: requiere pruebas extraordinarias.
Y ese es precisamente el problema. Hasta ahora, la denuncia de Juntos por el Perú descansa más en una narrativa política que en hechos acreditados. Se han formulado graves imputaciones sobre el manejo del voto exterior, la cadena de custodia y los procedimientos logísticos de la Cancillería, pero no se ha demostrado que tales actuaciones hayan alterado un solo voto, modificado una sola acta o cambiado el resultado de una sola mesa electoral.
La propia Cancillería ha sostenido que actuó conforme a las disposiciones de los organismos electorales y que los procedimientos observados se desarrollaron dentro del marco normativo vigente. El canciller ha rechazado categóricamente cualquier imputación de interferencia, favorecimiento político o alteración del proceso electoral. Frente a ello, lo que corresponde es investigar con rigor, no condenar anticipadamente.
Resulta perfectamente legítimo que un partido político cuestione decisiones administrativas o interponga los recursos que la ley le franquea. Esa es la esencia de la democracia. Lo que no resulta legítimo es transformar discrepancias operativas en acusaciones difamatorias.
La actitud de Juntos por el Perú parece que incapaz de demostrar una manipulación efectiva del proceso electoral, busca trasladar la controversia al terreno político y mediático, sembrando dudas sobre instituciones y personas cuya legitimidad resulta esencial para el funcionamiento democrático. Esta práctica es particularmente peligrosa. La erosión sistemática de la confianza pública en las instituciones electorales, en la Cancillería y en los funcionarios del Estado termina generando un clima de sospecha permanente donde ninguna decisión es aceptada y ningún resultado es reconocido.
En una democracia madura, quien denuncia tiene la obligación de probar. No corresponde a los acusados demostrar su inocencia, sino a los denunciantes demostrar sus afirmaciones. Invertir esa carga constituye una forma de arbitrariedad incompatible con los principios básicos del Estado de Derecho.
La presunción de inocencia no es una formalidad jurídica ni un tecnicismo procesal. Es una garantía fundamental de la libertad. Carlos Pareja tiene derecho a que cualquier investigación se realice sobre hechos comprobados y no sobre especulaciones. Pero, más allá de su caso personal, es el propio país el que tiene derecho a exigir que los conflictos políticos se resuelvan mediante evidencia y no mediante campañas de descrédito.
Lo que está en juego no es únicamente el prestigio del canciller, también está en juego la credibilidad de la diplomacia peruana y el respeto por las reglas del sistema democrático. Cuando las acusaciones más graves se formulan sin pruebas, la política deja de ser un espacio de deliberación racional para convertirse en un terreno dominado por la sospecha y la calumnia.
En este ambiénte enrarecido , corresponde defender la honorabilidad de Carlos Pareja y recordar una verdad elemental que parece haber sido olvidada por algunos sectores políticos: en una república, las acusaciones se prueban. No se se lanzan como volantes de una campaña electoral.
Sr. Canciller, cuente con mis oraciones. Perú necesita más Santo Rosario.