Por: Luciano Revoredo
El fiscal José Domingo Pérez, alguna vez elevado a la categoría de héroe por ciertos sectores de la prensa y la opinión pública peruana, ha terminado por convertirse en un símbolo de lo peor que puede ofrecer el sistema judicial: una mezcla de ineptitud, arrogancia y politización.
Su reciente sanción, un golpe contundente que lo aparta por seis meses del caso Lava Jato, no es más que la culminación de un trayecto plagado de fracasos, acusaciones mal sustentadas y una obsesión enfermiza por el protagonismo que lo ha llevado a estrellarse contra la realidad. Este no es un simple traspié; es el derrumbe estrepitoso de un farsante que se disfrazó de justiciero mientras dilapidaba recursos, tiempo y la confianza de un país que alguna vez creyó en él.
Pérez irrumpió en la escena pública como el supuesto paladín anticorrupción, el hombre que desmantelaría las redes de poder político en el Perú con el caso Lava Jato. Sin embargo, lo que hemos presenciado no es una cruzada heroica, sino un circo de errores garrafales y acusaciones tan frágiles que se desmoronaban al menor escrutinio. Su obsesión con Keiko Fujimori, lo llevó a montar un caso —el famoso “Caso cócteles”— que ha sido devuelto una y otra vez por los jueces, como si se tratara de un estudiante mediocre al que le rechazan una tarea mal hecha. Más de diez veces, los tribunales le han dicho que sus carpetas fiscales eran un desastre, un amasijo de conjeturas sin pruebas sólidas, pero Pérez, ciego por su soberbia, insistió en seguir adelante, gastando millones de soles del erario público en una persecución que hoy comprueba lo que desde hace tanto tiempo veníamos diciendo: Pérez y sus investigaciones fueron un fiasco monumental.
Suspendido por “situaciones excepcionales y de suma gravedad”, Pérez no solo ha sido señalado por su ineptitud técnica, sino también por su conducta, que roza lo delictivo. Investigado por presunto enriquecimiento ilícito —con un desbalance patrimonial de 131 mil soles que no puede justificar— y acusado de peculado de uso, el fiscal que prometía limpiar la corrupción ahora está embarrado en ella. ¿Dónde están ahora los caviares que lo endiosaron? ¿Dónde están los titulares que lo pintaban como el salvador del Perú? Guardan silencio, porque defender lo indefendible es tarea imposible incluso para los más cínicos.
El daño que José Domingo Pérez ha causado va más allá de su propio descrédito. Ha arrastrado consigo la credibilidad del Ministerio Público, convirtiendo una institución clave en un campo de batalla política donde la justicia es lo último que importa. Sus investigaciones, marcadas por una evidente falta de neutralidad y una teatralidad barata en los medios, han beneficiado paradójicamente a los mismos que decía combatir. Cada acusación fallida, cada resolución judicial que le daba la espalda, era un regalo para aquellos que buscaban deslegitimar la lucha anticorrupción. Pérez no solo fracasó; traicionó el propósito que decía defender.
Y mientras el país observa cómo este fiscal cae en desgracia, queda una lección amarga: no basta con gritar “justicia” desde los titulares o encerrar a alguien tres veces para luego soltarlo por falta de pruebas. Se necesita competencia, rigor y, sobre todo, integridad, cualidades que Pérez nunca tuvo. Su sanción es apenas el comienzo; los procesos penales que lo acechan podrían ser el tiro de gracia a una carrera que nunca debió llegar tan lejos. José Domingo Pérez no es un mártir ni un héroe caído; es un fraude expuesto, un inepto desenmascarado, y será recordado como una advertencia de lo que ocurre cuando la ambición personal se antepone a la justicia.
Que sirva de ejemplo y lección: el Perú no merece más farsantes ni fracasados como él.
