Por Juan Carlos Suttor
Cuando Lima fue sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en 2019, se invirtieron millones en construir infraestructura deportiva de primer nivel. Sin embargo, tras la clausura del evento, surgió la preocupación sobre el futuro de esas instalaciones, ya que en otros países, como Grecia y Brasil, construcciones similares quedaron en abandono. Para evitar ese destino, se creó el Proyecto Especial Legado, con la tarea de conservar y aprovechar esas sedes deportivas.
Cinco años después, Legado se convirtió en ejemplo de gestión eficiente dentro del aparato estatal peruano, meritocracia pura, al igual que el Banco Central de Reserva. Gracias a su labor, Lima ha acogido importantes torneos internacionales como campeonatos mundiales juveniles de vóley, atletismo, natación artística y judo, y valió para que el Perú haya obtenido importantes premios a nivel internacional, incluso una medalla olímpica en París 2024, que hace muchos años no lograba. Este rendimiento hizo posible que la ciudad fuera seleccionada para organizar los Panamericanos de 2027.
Pese a estos logros, el gobierno de Dina Boluarte anunció que Legado será disuelto y sus funciones pasarán al Instituto Peruano del Deporte (IPD). Esta decisión ha generado el rechazo de los especialistas y de la ciudadanía en general, ya que el IPD es conocido por la falta de cuidado de los recintos deportivos que administra (las pruebas están a la vista) y por denuncias de corrupción, favoritismos políticos y malos manejos en el alquiler del Estadio Nacional.
El ministro de Educación, Morgan Quero, justificó el cambio señalando que se busca evitar que dos entidades cumplan las mismas funciones. Sin embargo, esta explicación no nos convenció a muchos. Carlos Neuhaus, quien presidió la organización de Lima 2019, comentó que Legado era una institución transparente y difícil de corromper, mientras que el IPD recibe ahora S/ 139 millones de Legado y manejará en solitario los US$ 369 millones previstos para los Panamericanos de 2027. Esto ha despertado sospechas sobre posibles malos manejos.
A esas dudas se suman revelaciones sobre cómo llegó Guido Flores Marchán a la presidencia del IPD en 2023. Víctor Torres Merino, colaborador eficaz en una investigación fiscal, declaró que Flores fue designado gracias a influencias de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta. Una vez en el cargo, Flores habría aceptado designaciones de personal y favores políticos exigidos por el entorno cercano a la mandataria.
Investigaciones señalan que entre 2023 y 2024, allegados a Nicanor Boluarte lograron adjudicarse 19 contratos en el IPD por S/ 218.500. Entre ellos figura Edwin Ugarte Nina, abogado ligado al partido Ciudadanos por el Perú, quien luego reveló detalles sobre cómo Nicanor Boluarte usaba el IPD para favorecer a su círculo y afianzar el registro del partido ante el Jurado Nacional de Elecciones.
La desaparición de Legado y el traspaso de sus recursos al IPD ha generado alarma en el ámbito deportivo y en la sociedad. Muchos tememos que este cambio deteriore los avances logrados en infraestructura y organización, y que los fondos terminen sirviendo a intereses políticos antes que al deporte peruano. Lo que comenzó como un esfuerzo exitoso podría terminar siendo otro caso más de mal uso de los recursos públicos.
Un error más de Dina Boluarte y de su gavilla de ministros, donde destacan claramente el antes mencionado Morgan Quero, el ministro del Interior Juan José Santiváñez, que nadie sabe cómo permanece en su cargo ante el incremento diario de la criminalidad en el Perú y el inepto ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, que ante un nuevo megapuerto no hizo nada por mejorar los accesos a Chancay, se lavó las manos por la caída del puente que ocasionó 3 muertos y múltiples heridos, y tampoco hizo nada por gestionar el acceso al nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Dios quiera que esos puentecitos previsionales no se caigan o “se desplomen” en la próxima temporada de lluvias porque el Perú quedaría incomunicado con el resto del mundo.
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