¿USAID FINANCIABA MOVIMIENTOS TERRORISTAS?

Por: Luciano Revoredo

En Washington, el congresista republicano Scott Perry ha lanzado acusaciones que han sacudido más aún las bases de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Durante una reciente audiencia del Subcomité de Eficiencia Gubernamental, Perry alegó que USAID, con un presupuesto anual de casi $697 millones, ha estado financiando indirectamente a grupos terroristas como Boko Haram, ISIS y Al-Qaeda. Estas afirmaciones apuntan a proyectos educativos y humanitarios en países como Afganistán y Pakistán que, según Perry, han sido desviados para apoyar actividades extremistas.

Esta acusación de Perry, ha abierto una caja de Pandora sobre cómo se gestiona la ayuda internacional. Sin embargo, esta controversia para nosotros cobra una dimensión adicional al examinar el accionar de USAID en nuestro país, donde se ha revelado su apoyo a organizaciones de izquierda con agendas extremistas.

Ahora sabemos con claridad lo que hace años era una verdad silenciada o comentada a media voz, en el Perú USAID estaba comprometida en la financiación a organizaciones que promueven agendas políticas de extrema izquierda. Según diversas fuentes se trata de financiamiento a campañas, incluyendo publicaciones en X y análisis de medios locales, USAID ha inyectado millones de dólares en grupos que buscan acabar con la democracia, como fue el caso de todo lo que rodeo a la crisis durante el breve gobierno de Merino y la posterior administración de Pedro Castillo, que no fue otra cosa que un intento de implantar un régimen comunista con evidentes vínculos con organizaciones terroristas.

Ahora sabemos que  oenegés financiadas por USAID han enviado jóvenes peruanos a Cuba para capacitarse en tácticas de organización de revueltas, lo cual es  una preparación para el desorden social bajo la máscara de la “educación política”. Hay acusaciones de que USAID ha apoyado grupos antimineros y enemigos de la agroindustria, sectores vitales para la economía peruana, en nombre de la “sustentabilidad” y la “justicia social”, pero en realidad, promoviendo el caos económico. Se ha denunciado el financiamiento directo o indirecto a medios de comunicación y periodistas que, sin una cobertura equilibrada, empujan una narrativa ideológica específica, contribuyendo a la polarización política.

La cuestión central aquí es la aparente hipocresía en la misión de USAID. Mientras se supone que la agencia combate el terrorismo y promueve la estabilidad democrática, en el Perú, sus acciones podrían estar haciendo precisamente lo opuesto. Apoyar a grupos con ideologías que fomentan la violencia o el desorden social, que en algunos casos podrían ser considerados como extremistas, muestra una desconexión entre el discurso y la práctica de USAID.

Esta dualidad no solo cuestiona la integridad de la agencia, sino que también plantea preguntas sobre la supervisión y la responsabilidad en el manejo de fondos internacionales. Si USAID puede, financiar a terroristas en un contexto tal como lo ha denunciado en Washington el congresista republicano Scott Perry, ¿Cómo podemos confiar en que no está haciendo lo mismo en otro?

Las implicaciones de estas acusaciones y críticas son vastas. En el Perú, podría haber un impulso hacia una mayor regulación y transparencia en cómo las oenegés operan, especialmente aquellas con financiamiento internacional. En el ámbito global, puede haber una revisión crítica de cómo las grandes potencias utilizan la ayuda como una herramienta de política exterior, posiblemente llevando a reformas en USAID para asegurar que sus fondos realmente apoyen la democracia y el desarrollo sin alimentar a la extrema izquierda o a grupos terroristas.

La necesidad de una investigación exhaustiva y transparente es imperativa para aclarar estas acusaciones y para restablecer la confianza en la ayuda internacional. Sin embargo, hasta que se demuestre lo contrario, la sombra de la duda sobre las intenciones y el impacto de USAID en el Perú y en otras partes del mundo seguirá.