SUSEL PAREDES Y AMÉRICO GONZA CONVIRTIENDO LA DISCREPANCIA EN DELITO

Por: Luciano Revoredo

Viene otro intento del progresismo woke criollo de atar de pies y manos a la legislación peruana para imponer sus delirios ideológicos. Susel Paredes y Américo Gonza, en su sabiduría infinita, han ideado una modificación al Código Penal que pretende usar el “odio” como agravante en cualquier delito. Es decir, quieren endurecer las penas por crímenes como homicidio o lesiones si se cometieron por “odio” hacia la raza, religión, política, identidad étnico-cultural, edad, expresión de género u orientación sexual de la víctima.

La propuesta introduce una nueva circunstancia agravante, aumentando las penas de cualquier delito cuando sospechan que el motivo fue “odio”.  Ahora, hasta el más mínimo desacuerdo podría ser visto como un acto de odio, especialmente si se trata de crímenes graves.

Pero, oh sorpresa, ¿qué es “odio”? El proyecto no parece tener ni la más remota idea. Este vacío legal es una invitación a la arbitrariedad, donde fiscales y jueces pueden decidir en base a su humor del día qué es “odio”. Esto niega el principio de “Nulla poena sine lege” (No hay pena sin ley), que cualquier principiante en derecho sabe que significa que no existe delito si no está debidamente tipificado y definido en la ley.

Este principio actúa como un control contra el poder del estado, asegurando que los ciudadanos no estén sujetos a la discrecionalidad de los gobernantes o funcionarios judiciales. Previene que los gobiernos inventen o interpreten delitos de manera que persigan o castiguen a individuos por razones políticas o personales y proporciona un marco de seguridad jurídica en el cual las personas pueden actuar con la confianza de que no serán criminalizadas por acciones que no estaban contempladas como delictivas en el momento de su realización.  no se puede inventar delitos sobre la marcha. Se supone que la ley debe protegernos de la tiranía, no facilitarla.

El problema de probar que un delito fue motivado por odio específico es tan complicado que parece sacado de un juego de adivinanzas. ¿Cómo se demuestra la intención de sentimientos ocultos? Con suposiciones e inferencias, claro, porque eso es justo lo que necesitamos, más justicia basada en “sentimientos”.

Y en cuanto a la libertad de expresión, vamos camino a que cualquier opinión que moleste a algunos grupos sea etiquetada como “discurso de odio”. ¡Qué mejor forma de silenciar a los críticos e imponer un pensamiento  que con una ley que puede ser usada como una mordaza ideológica!

Podemos ver casos  internacionales al respecto: en Reino Unido y Canadá, estas leyes han llevado a investigaciones ridículas y censura a diestra y siniestra. En Alemania y Francia, han censurado internet con tanto entusiasmo que han matado el debate público. Y en Estados Unidos, al menos reconocen que penalizar el discurso de odio es inconstitucional, gracias a la Primera Enmienda.

Es fácil concluir que  esta propuesta es un campo minado para la libertad. La ambigüedad del término “odio” es una licencia para que las autoridades persigan a cualquiera que no se alinee con la corriente woke del momento. Podríamos ir en camino a ser  un país donde el debate abierto sobre temas importantes se convierte en un acto de valentía por miedo a ser tachado de “odiador”.

La ley Paredes-Gonza es un primer paso, en un futuro no muy lejano podría convertir la cultura y el arte en algo tan peligroso que hasta el humor sería sospechoso de ser discurso de odio. Además, esta legislación no solo es ineficiente para erradicar el odio, sino que podría crear un sistema judicial donde la carga de la prueba se invierta, obligando al acusado a demostrar su “inocencia” de odio.

Finalmente, en lugar de educar y sensibilizar a la sociedad, esta ley promete más litigios y menos diálogo, más divisiones y menos entendimiento. Es un ejemplo perfecto de cómo no legislar sobre temas tan delicados, y una lección de cómo la aparente “buena intención” puede pavimentar el camino al infierno del control ideológico.

Los progres pretenden transformar el debate público y las leyes para que cualquier palabra fuera de línea sea condenada como “odio”, ignorando completamente la complejidad del lenguaje y la diversidad de opiniones.

Esta cruzada contra el “odio” no solo es un ataque directo a la libertad de expresión, sino que también es una herramienta perfecta para la manipulación y el control social, donde las leyes se utilizan no para proteger, sino para silenciar y castigar a cualquiera que se atreva a discrepar de su visión del mundo. Estamos ante un movimiento que, bajo la bandera de la justicia social, promueve una sociedad de miedo donde la diversidad de pensamiento puede terminar siendo un delito más grave que cualquier acto de violencia real.

Esperamos que el Congreso de la República no caiga en el peligrosos juegop¡ del progresismo y sus agentes y archive definitivamente este mamotreto ideológico.