Por: Hugo Guerra Arteaga
Es hora de actuar solidariamente con los doce millones de habitantes de Lima y su representante legítimo, Rafael López Aliaga. En el caso de los peajes el Estado, los empresarios, los juristas y la prensa debemos exigir que se haga justicia sin enredarnos en un necio debate legalista.
El problema se inició bajo la administración corrupta de Susana Villarán, quien recibió coimas de Odebrecht y OAS para financiar la campaña contra su revocatoria en 2013 a cambio de favorecerlas con el Proyecto Rutas de Lima.
Luego, el triunfante López Aliaga declaró la caducidad del contrato con los actuales concesionarios de los peajes agrupados en el fondo de inversiones canadiense Brookfield Asset Management que controla el 57% de las acciones. Pero se argumentó que eso sería una temeridad, puesto que un tribunal arbitral internacional ha emitido una medida cautelar que ordena que Rutas de Lima continúe operando por dos años más.
Sin embargo, el procurador de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Carlos Cosavalente, ha presentado a la Fiscalía una solicitud de apertura de investigación contra Brookfield, por presunto lavado de activos a favor de Odebrecht. La razón: el 9 de marzo de 2016 Marcelo Odebrecht fue sentenciado a 19 años de cárcel por corrupción y el 21 de junio de 2016 Brookfield adquirió las acciones de Odebrecht en Rutas de Lima. Si eso no se hubiese producido las acciones de Odebrecht estarían embargadas.
Por tanto es improbable que la canadiense comprara de buena fe; más bien hay razón suficiente para suponer que estaba aliada con la corrupción y tomó activos de una empresa expoliadora de los peruanos. Peor todavía, también hay motivo para investigar por qué Odebrecht se quedó con el 25% de la acciones y Sugma Safi con el 18%.
