Política

RAZONES JURÍDICAS QUE INVALIDAN EL NOMBRAMIENTO DEL GENERAL CERVANTES COMO COMANDANTE GENERAL DE LA PNP.

Por: Pablo Campos Maza

EL día de ayer 24NOV como era de esperarse, los primeros interesados en defender la espuria decisión del Presidente Sagasti de pasar al retiro a 18 Generales para darle lumbrera al nombramiento del General Cervantes como nuevo Comandante General de la PNP, Rubén Vargas Ministro del Interior y Carlos Basombrio ex ministro, salieron a defender con uñas y dientes una medida vista desde todo ángulo jurídico como ilegal e inconstitucional. Estos personajes evocaron como líneas de defensa las siguientes disposiciones legales que son rebatibles de pleno derecho:

1. En primer lugar, señalan que la decisión se ampara en el artículo 167° de la Constitución que señala al Presidente de la República como Jefe Supremo de las FFAA y la PNP. Sin embargo, se olvida el Ministro Vargas sin mencionar a Basombrío, ya que el primero ha estudiado Derecho Constitucional en la PUCP; que la determinación de la carta magna en otorgar la supremacía del control y mando de las FFAA y la PNP no es arbitraria para disponer a su antojo cualquier manejo administrativo de las instituciones y citando a Otárola Peñaranda, al no existir normativa que establezca los principios según los cuales se ejerce la jefatura suprema, si queda a la sola discreción del Presidente de turno, el interpretar una acción de naturaleza esencialmente política o el impartir órdenes en cualquier nivel sin tomar en cuenta la cadena de mando, genera con ello un efecto desinstitucionalizador; bajo este supuesto, el día de mañana, al Presidente hasta se le puede ocurrir nombrar como Comandante General a un Oficial del grado de Coronel, porque sencillamente bajo esa ignota interpretación, el Presidente es amo y señor de los soldados y policías, por no decir sus chulillos.

2. Por otro lado, citando al maestro constitucionalista QEPD Enrique Bernales, el artículo 168° de la Constitución que señala: “ Las leyes y los reglamentos respectivos determinan la organización, las funciones, las especialidades, la preparación y el empleo; y norman la disciplina de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional”. Al respecto Bernales, explica que estas materias, al estar contenidas en normas legislativas y aplicarse según ellas, no quedarán al arbitrio de los mandos castrenses, ni siquiera al del Jefe Supremo ósea el Presidente de la República. Al respecto cabría preguntarse al respecto: ¿ el decalaje de las leyes señaladas en el artículo 51° de la Constitución, que establece una jerarquía que nace de la primacía valga la redundancia de la ley constitucional y así sucesivamente hasta llegar a la norma inferior, no es una estructuración sistematizada que permite darle expedición precisamente a las normas declarativas de la carta magna?. Entonces, bajo ese equivocado criterio, no se puede poner como pretexto una nimia interpretación de la constitución, para simplemente desechar normas que desde luego son inferiores a ella, pero que no desnaturalizan su espíritu declarativo. Si se sigue malinterpretando la supremacía del Presidente de la República señalado en el artículo 167°, entonces poniendo otro ejemplo grosero: Podría el Jefe de Estado ascender a Perico los Palotes al grado de General, soslayando los requisitos de la ley de situación y carrera policial, porque bajo esa misma lógica, es quien tiene el mando y su prerrogativa constitucional está por encima de cualquier ley de la FFAA o la PNP que se oponga a su voluntad.

3. Por último, el propio Tribunal Constitucional ha dispuesto con respecto al artículo 168°: “que la Constitución ha establecido una reserva de ley para la regulación de todo lo que concierne a la organización, funciones, especialidades, preparación, empleo y disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Lo que quiere decir que la Constitución ha encomendado al legislador ordinario para que, por medio de una ley ordinaria o una norma con rango de ley, que cuente necesariamente con alguna forma de intervención parlamentaria en su gestión (v. gr. a través del decreto legislativo) regule las materias a las que se ha hecho referencia. Por lo tanto, es sumamente claro, preciso y jurídico, que tal y conforme lo explica el General Orlando Velasco en su carta de renuncia, existe en la disposición del presidente Sagasti una trasgresión del artículo 8° del DL 1267, al incumplir la disposición taxativa y expresa de nombrar al Comandante General entre los 03 Tenientes Generales más antiguos de la Institución y saltarse en garrocha con una bochornosa ilegalidad, al cesar a 18 Generales para nombrar como COMGEN al General Cervantes, y más aún incumplir lo señalado en el Art 7° del DS N° 011-2019-IN del 14MAY2019, que reglamenta en el extremo del Art. 8° del DL 1267, disponiendo QUE A FALTA DE TENIENTES GENERALES, LA TERNA PARA EL NOMBRAMIENTO DEL COMANDANTE GENERAL SE COMPLETARÁ CON LOS GENERALES DE MAYOR ANTIGÜEDAD SEGÚN ESCALAFÓN.

4. Los asesores presidenciales deberían hacerle acordar al debutante Presidente que el Art 118° de la Constitución señala : “ CORRESPONDE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 1. cumplir y hacer cumplir la constitución y los tratados, LEYES Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES y el ser Jefe Supremo de las FFAA y de la PNP no le da derecho a incumplir una norma del Estado que rige para todos los ciudadanos incluyéndolo a él. Es por eso, bajo estos fundamentos , que la designación del General Cervantes es ilegal y su aceptación al cargo de la misma manera.

Hay que saludar la dignidad y valentía del General Orlando Velasco, Jorge Lam y el General Rojas Liendo, de presentar sus cartas de renuncia. Merecen todo nuestro reconocimiento y solidaridad de todos los policías.

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