Por: Rafael López Aliaga*
Toda mi vida, he creado decenas de miles de puestos de trabajo, de acuerdo a ley y con pleno respeto al orden constitucional. Odebrecht y otras organizaciones corruptas son entidades “apestadas” en el circuito corporativo y financiero internacional. La sola presencia en nuestro país de Odebrecht y de otras organizaciones criminales espanta empresas serias del mundo que sí cumplen rigurosas normas de transparencia y de compliance anticorrupción. Como candidato presidencial he recibido varias delegaciones de inversionistas de diferentes países que ven con mucho optimismo la política anticorrupción y promoción a la inversión extranjera y nacional de Renovación Popular.
Es muy mala noticia verificar que todavía existen emisarios de empresas corruptas que no respetan una sentencia del Tribunal Constitucional peruano, iniciada por nuestra población más vulnerable (Puente Piedra, Carabayllo, Comas, Ancón, Santa Rosa, Pachacámac, Lurín), en defensa de sus derechos humanos a la vida, relacionados a la suspensión del cobro de peajes corruptos en el norte y sur de Lima. La Municipalidad de Lima (MML) fue también demandada en este caso judicial. La MML, se allanó al justo reclamo de nuestra población, que viene sufriendo los efectos perversos de la corrupción en la MML, durante la gestión de Susana Villarán.
Es irresponsable por decirlo menos. Que se asevere que la MML está obligada a pagar US$ 200 millones y US$ 2700 millones por laudos irregulares que están siendo revisados actualmente en instancias judiciales tanto en Washington como en París. Ya es de público conocimiento que el acuerdo entre Odebrecht y el Departamento de Justicia Americano (DOJ) no incluyó, ilegalmente, el daño ocasionado por la corrupción en contra de la población afectada en Lima Metropolitana. También es noticia pública que el Fiscal General del DOJ (Andrew Weissmann) trabajó en el estudio de abogados que defiende a Brookfield (socio de Odebrecht) antes y después de ser Fiscal General. Este gravísimo conflicto de interés está en plena investigación debido a gran daño sufrido por la población de la Ciudad de Lima.
Sorprende que aún se defienda la compra de acciones de Rutas de Lima realizada por Brookfield a Odebrecht, mencionando que Marcelo Odebrecht había sido únicamente sentenciado en marzo de 2016 “… Por un caso de corrupción interno, vinculado a Petrobras. No por sobornos en otros países”. Realmente aterrador leer esto. ¡Ninguna empresa seria, sujeta a compliance internacional, puede comprarle activos a un sujeto sentenciado a 18 años de prisión por corrupción corporativa! Por favor, basta ya. Corrupción es corrupción siempre, interna o externa. Justamente, la corrupción interna prende, inmediatamente, todas las alarmas para impedir cualquier tipo de transacción futura con un criminal sentenciado por corrupción.
El futuro de la inversión Nacional y extranjera realmente excelente. La seguridad jurídica para el inversionista honrado y que cumple con normas de compliance corporativo está más que garantizada. El Perú se convertirá en los próximos cinco años, en el país más atractivo y rentable para atraer inversión en toda Latinoamérica. El futuro del Perú es optimista para crecer rápidamente y generar muchísimo empleo formal.
*Candidato Presidencial
Sí don Rafael, pero algo le falta, la flota que atiende a los nacionales en el tren a Machu Picchu, tiene unos asientos incomodísimos y mientras eso no cambie la percepción es que no le preocupa, son los mismos asientos recibidos del autovagoón que existía en los 90, modernización, ninguna han pasado más de 30 años de eso. Tampoco hay mucho desarrollo en la región que le vio nacer y donde empezó su andadura empresarial. Conseguir capitales que permitan modernizar tantos servicios en esa localidad sería una forma de ayudar y consolidar su bien ganado prestigio.