Por: Alberto Gómez de la Torre
En diciembre de 2016, la cadena de televisión islámica Al Jazeera difundió un reportaje titulado “The Sodalitium Scandal”. En dicho documental se me acusó infundadamente de haber traficado tierras y de ser un asesino. Este trabajo periodístico estuvo a cargo del periodista inglés Seamus Mirodan y de los peruanos Daniel Yovera y Paola Ugaz. Ésta última, luego de haber afirmado repetidas veces haber sido la productora del documental, ahora lo quiere negar para evadir así las consecuencias legales por haber difundido un material plagado de inexactitudes, mentiras y acusaciones difamatorias. Ante esto, emprendí un camino largo y difícil para intentar resarcir mi buen nombre, manchado injustamente en el mencionado reportaje.
Un hito significativo de este camino fue la querella que presenté contra Paola Ugaz, productora del documental. Este proceso se vio interrumpido el 17 de enero del 2020 al declararse “no ha lugar” a la apertura de instrucción. En esta resolución, el juez argumentó que no había suficientes medios probatorios que demuestren que la encausada pudiera ser la productora del reportaje “The Sodalitium Scandal” ya que la única prueba de ello era una declaración de ella misma en el programa “No hay Derecho” de Glatzer Tuesta (https://youtu.be/-jgjXxo4lQQ). Recordemos que, en dicha entrevista, Ugaz afirma que fue la productora. Este hecho, para el juez, era insuficiente pues ella se estaba auto incriminando y por ello no ameritaba abrir instrucción. Felizmente la justicia parece existir en el Perú y ha permitido que el proceso continúe llevado por otro juez. Hace unos días, el 22 de enero pasado, la Corte Superior de Justicia emitió una resolución que determina revocar el “No ha lugar” a la apertura del proceso penal contra Paola Margot Ugaz Cruz. La Corte dispone que un magistrado diferente dicte el auto de apertura de instrucción, y continúe con el desarrollo de la causa que se vio suspendida.
En este proceso Paola Ugaz tendrá que probar que ella no fue la productora del reportaje en el que me difaman, así como también deberá explicar por qué se autoproclamaba “productora” de éste para negarlo después. Además, tendrá que esclarecer por qué nunca aclaró las notas periodísticas que escribieron varios de sus amigos, en las que se le atribuía la producción del mencionado reportaje. Incluso lo publicó ella misma en su twitter, mensaje que después borró sospechosamente, pero quedó la evidencia ya que felizmente a Google difícilmente se le escapa algo. Entonces, ¿la Sra. Paola Ugaz mintió todas las veces que dijo haber sido la productora? ¿O fue la productora, lo afirmó y luego, al darse cuenta del lío en el que se había metido por haber participado de un reportaje difamatorio y de ínfima calidad periodística, decidió cambiar su versión? Eso es lo que, finalmente, en el fuero judicial tendrá que explicar.
No sé a ustedes, pero a mí me resulta muy difícil de creer que una periodista de su sapiencia y trayectoria, corresponsal de un importante diario español, pudiera decir a la ligera haber producido un documental. Ella como periodista que es, tiene como su más importante activo su credibilidad. ¿Puede un periodista darse el lujo de atribuirse sin más un trabajo documentario? ¿Puede mentir en una entrevista televisiva? ¿Creen ustedes que habría podido hacerlo sin saber que le afectaría el activo más valioso de su trabajo? Sería un gran error hacerlo. Por eso me pregunto, ¿por qué Paola Ugaz se contradice a sí misma y cambia su versión?
Lo importante es que se abrirá instrucción y ante un juez la Sra. Ugaz tendrá que explicar sus contradicciones. Hay una afirmación categórica de su parte de haber producido ese documental. Hay pruebas: lo dijo en el programa de TV, lo publicó en Twitter, lo dijeron varios de sus colegas. Luego lo niega… ¿para así salvarse de la sentencia por difamación? Celebro la decisión de la Corte Superior de Justicia ya que, en mi esfuerzo por alcanzar justicia, es un paso adelante al esclarecimiento de hechos ignominiosos que han dañado mi honor, mi nombre y a mi familia.
(*) Tomado del Diario La Razón