Por: Hugo Guerra Arteaga
Si los magistrados del JNE se atreven a proclamar los resultados de la primera vuelta sin una previa auditoría integral, pueden estar seguros de que terminarán en la cárcel. Aunque algunos sostengan que no se ha cometido fraude porque este no figura como tal en la legislación, resulta incuestionable que la suma de todos los vicios de la votación del 12 de abril constituye un escándalo jurídico-político jamás vivido en el Perú dentro de un régimen democrático.
La secuencia de delitos y faltas cometidos por la ONPE viola el artículo 31 de la Constitución, que dispone: “Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos”. A eso debe sumársele la delictiva creación de la Serie 900, con el aporte ilegítimo de 280 mil votos, bajo el pretexto de aplicación de la Ley N.º 28440, lo cual es un imposible jurídico porque esa norma regula exclusivamente elecciones municipales en centros poblados y nada tiene que ver con las elecciones generales. Asimismo, es delictivo que, so pretexto de crear mesas “inclusivas”, modifiquen el padrón electoral violando el artículo 201 de la Ley Orgánica de Elecciones 26859.
En cuanto a la evidente manipulación del cómputo, el propio Jurado ha ordenado “la auditoría informática integral y exhaustiva sobre los resultados de la primera vuelta”, pero no precisa quién hará esa investigación y cuánto tiempo tomará; entretanto, paradójicamente, la ONPE informa que ya se está imprimiendo el material que se usará en el balotaje del 7 de junio. ¿Quiénes serán los candidatos? ¿Se anunciarán los resultados de abril sin que se cumpla la auditoría, o esta seguirá un curso inútil al margen del cronograma oficial? Cuidado. Está configurándose un delito contra el derecho de sufragio (Art. 359 del Código Penal) y la perturbación del proceso electoral (Art. 354).
Puedo abundar en más argumentos jurídicos, pero resumo lo dicho y lo pendiente en una advertencia clara y precisa: el JNE tiene la última opción de corregir su posición y anular todo el proceso, o por lo menos esperar una auditoría independiente y pública; caso contrario, estaría perpetrando un golpe de Estado. Y frente a eso es legítima la insurgencia popular. El inmenso plantón de López de Aliaga el domingo último es apenas una muestra de lo que puede ocurrir. El pueblo peruano no está dispuesto a que se burle su derecho a elegir libre y transparentemente. Magistrados, están advertidos.
