LA ONU VA POR LOS MÁS RICOS A TRAVÉS DE UN NUEVO SISTEMA FISCAL INTERNACIONAL
Por: Giuliana Caccia
El 19 de agosto la ONU publicó una noticia en la que afirmaba que el sistema fiscal mundial necesita una reforma para ayudar “a las naciones del mundo a impulsar el crecimiento económico y alcanzar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos” [1]. Dicho sistema deberá fijarse en una convención internacional que “tenga el potencial de abordar significativamente la arquitectura de los sistemas financieros mundiales”. ¿Quiénes deberán pagar más impuestos? Pues las grandes empresas multinacionales y las personas con alto patrimonio. Si no, no obtendrán sus certificaciones y serían castigadas financieramente. Lo paradójico es que muchas de esas empresas hoy se adhieren a grupos o plataformas para poder obtener, precisamente, dichas certificaciones otorgadas por la ONU impulsando algunos de los objetivos sostenibles de la Agenda 2030. ¿Sabrán los empresarios que mediante ese mecanismo alimentan este sistema que va por ellos?
La ONU prepara un nuevo marco para que todos los países se adhieran
La ONU hace un buen tiempo viene trabajando en la elaboración de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional cuya segunda sesión culminó hace pocos días con, según dicta la nota mencionada, “la aprobación de un paquete de orientaciones para el nuevo tratado” que cambiaría la manera en cómo se aborda la fiscalidad internacional, “con el potencial de afectar significativamente a la arquitectura de los sistemas financieros mundiales y la forma en que el dinero de los impuestos se utiliza para el bien público”. Este convenio marco debería “establecer un sistema inclusivo, justo, transparente, eficiente, equitativo y eficaz para el desarrollo sostenible”.
Hasta aquí la construcción semántica de los conceptos mencionados pueden denotar que lo que busca la ONU es algo positivo. Sin embargo, como con todo lo que viene de este organismo internacional, es importante ir un poco más allá de los titulares y mirar con lupa algunas letras chicas. Y otras no tan chicas. Para eso, ayuda mucho revisar lo que algunas instituciones y sus representantes —vinculadas directa o indirectamente con el Sistema de Naciones Unidas— dicen sobre esta convención marco y sobre otros temas relacionados.
Por ejemplo, en la misma noticia publicada por la ONU se precisa que “además, el convenio marco debería incluir compromisos para alcanzar sus objetivos, desde la fiscalidad equitativa de las empresas multinacionales hasta la lucha contra la evasión y elusión fiscales de las personas con grandes patrimonios, y garantizar su tributación efectiva en los Estados miembros pertinentes”. Y agregan que “un convenio fiscal mundial pretende garantizar que las grandes multinacionales paguen los impuestos que les corresponden, independientemente de dónde operen, y se espera que genere importantes ingresos fiscales adicionales para muchos países, especialmente los del Sur Global”.
Por su parte, hace dos años, el Secretario General de la ONU, António Guterres, dijo que “es inmoral que las empresas de petróleo y gas obtengan beneficios récord de la crisis de energía, la grotesca avidez de riqueza castiga a la gente más y destruye el planeta” [2]. En dicha nota, también se señala que Guterres recordó que las ganancias combinadas de las empresas energéticas más grandes alcanzó cerca de 100 mil millones de dólares en el primer trimestre del 2022 y consideró que debe haber un impuesto sobre dichas utilidades. “Urjo a todos los gobiernos a gravar estas ganancias excesivas y a utilizar los fondos para apoyar a las personas más vulnerables en estos tiempos difíciles”, dijo el funcionario.
Además de llamar inmorales a este grupo de empresarios, Guterres no dudó en pedirle a la población que disminuya la demanda de hidrocarburos afirmando, además que sería una medida muy popular. “Nada sería más popular que gravar las ganancias excesivas de las compañías de petróleo y gas y distribuir ese dinero entre las familias más vulnerables. No veo ningún problema de popularidad en esto, habría un problema de cabildeo y el cabildeo es muy poderoso cuando se definen las políticas”. Y continúa: “La verdad es que hemos visto ganancias excesivas, escandalosas en la industria del petróleo y el gas en un momento en el que todos estamos perdiendo dinero (…) Lo que estamos diciendo es que esas ganancias excesivas deben pagar impuestos y que el dinero que se obtenga con ese gravamen se debe poner a disposición de los más vulnerables y golpeados precisamente por los altos precios que benefician a un número muy limitado de compañías en el mundo”, precisó.
Otro ejemplo de lo que impulsa este sistema de tributación universal es el de la Red de Justicia Fiscal de America Latina y el Caribe, una organización que aglutina distinas asociaciones de la región. Ellos sostienen que “cada año, países de todo el mundo siguen perdiendo cientos de miles de millones de dólares debido a la evasión fiscal internacional por parte de las personas y corporaciones más ricas del mundo. Estos recursos se necesitan desesperadamente para financiar los servicios públicos, el desarrollo y las acciones para detener las crisis ambientales globales. Realmente no hay tiempo que perder, por lo que hacemos un llamado a todos los gobiernos a mostrar urgencia y compromiso para lograr un Convenio Fiscal de la ONU justo, ambicioso y eficaz”[3]. Nos parece interesante resaltar que la preocupación de la evasión fiscal no sería la falta o delito en sí mismo, sino el dinero que se estaría dejando de recibir para financiar el impulso de los objetivos de la Agenda 2030.
Por otro lado, GI-ESCR, una asociación internacional que participa activamente de eventos de la ONU como parte de la sociedad civil, dicen en su página web que existe un “apoyo general de la sociedad civil a la iniciativa sobre un impuesto global a los ultra-ricos, destacando el papel fundamental que negociar este proceso en el seno de las Naciones Unidas y en estrecho diálogo con los debates sobre una Convención Marco sobre Fiscalidad Internacional que se están desarrollando en esa misma organización para garantizar la deliberación democrática en el proceso de reformas fiscales globales y asegurar un enfoque decolonial que favorezca los intereses del Sur Global” [4].
Finalmente, en el 2020, la directora adjunta del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo y experta en tributación, Victoria Perry, dijo a Noticias ONU que, al planificar la recuperación tras la pandemia, los países deberían considerar la posibilidad de hacer frente a la desigualdad mediante la aplicación de sistemas tributarios más progresivos[5]. Además, Perry sugirió como opción para algunos países en desarrollo con problemas para recaudar y aplicar un impuesto sobre la renta de las personas físicas, considerar la posibilidad de gravar las propiedades: “si bien los ingresos son relativamente fáciles de ocultar, las casas de lujo son muy visibles, y delimitar un tope libre de impuestos significa que los propietarios de casas más baratas pueden quedar exentos o liberados de pagarla”.
Ejemplos como los expuestos se podrían mutiplicar pero exceden el espacio de esta nota.
¿Por qué muchas empresas apoyan los ODS?
Ante toda la evidencia existente de cómo la ONU impulsa modelos económicos y sociales más deudores de modelos socialistas, cuestiona que existan empresas privadas que invierten en impulsar (y adherirse) a la Agenda 2030 ya sea individualmente o mediante distintas plataformas que congregan grandes compañías de distintos sectores.
Algunos pueden pensar que siempre se podrán amparar en la normativa específica del país donde desarrollan sus acciones empresariales. Pero todo indica que eso sería una ilusión que se va ir desmontando con el tiempo. Primero, porque este sistema de tributación universal busca gravar a empresas no solo en sus países de origen sino en donde operan. Y segundo, porque la ONU está haciendo un importante trabajo para vincular cada día más los planes estratégicos de los países a la Agenda 2030 y otros instrumentos de la organización. Esto mediante normas emitidas por los gobiernos que va sentando la bases de la obligatoriedad de usar dichos planes como las hojas de ruta de las políticas públicas de los países y, por tanto, de las empresas que ahí laboran. Un ejemplo concreto de este mecanismo es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – Perú al 2050 elaborado por el CEPLAN aprobado en el Decreto Supremo N°193-2023-PCM. En este extenso documento se dice explícitamente que la planificación realizada está basada en la Agenda 2030 y que el sector privado debe colaborar con su implementación.
Las empresas privadas son vitales en esta estructura pues son estas las que tributan y, por tanto, son fuente necesaria para la ONU y sus socios (sus agencias, fondos y programas, así como las ONG que trabajan a la par) para garantizar su sostenimiento. De hecho, en el segundo borrador del Pacto para el futuro[6] —documento que se refrendará en septiembre próximo como una nueva agenda mundial en el marco de la Cumbre para el futuro— dice bajo la Acción 53 que van a “garantizar que el sector privado, especialmente las grandes empresas, contribuya a la sostenibilidad y a proteger nuestro planeta, incluso fortaleciendo los procedimientos de presentación de informes, estableciendo mecanismos de rendición de cuentas por los daños ambientales causados por sus actividades y haciendo más creíbles las calificaciones de los productos de inversión”. Es decir, mayor control por parte de un organismo internacional sobre empresas privadas y mayor condicionamiento a recibir “certificaciones” que hoy se han convertido en una especie de “medalla” con la que se accede a recibir beneficios o mejorar su reputación en ciertos círculos reducidos pero que, en la práctica, se vienen convirtiendo en condiciones para seguir operando.
Pero, ¿para qué quiere la ONU que los países cobren más impuestos a las empresas grandes? Pues para que ellos puedan hacerse de un porcentaje de dichos impuestos para “financiar” a los países menos desarrollados para que puedan alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. En este punto es importante señalar que el presupuesto anual de la ONU son 3 mil 590 millones de dólares[7]. Esto no incluye ni ayudas sociales ni el sostenimiento de ninguna otra de sus organizaciones. Solo abarca la operación de la Secretaría.
En la Acción 4 del mencionado borrador del Pacto para el futuro, la ONU afirma que ellos deben hacerse de una porción de los impuestos de los países debiendo “ampliar y cumplir nuestros respectivos compromisos de asistencia oficial para el desarrollo con el objetivo de alcanzar el 0,7% del ingreso nacional bruto para asistencia oficial para el desarrollo (AOD/INB) y entre el 0,15 y el 0,20% del ingreso nacional bruto para asistencia oficial para el desarrollo”. Para esto, es imprescindible la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional que mencionamos líneas arriba. En el punto (i) de la misma acción, dice que se debe “explorar opciones para la cooperación internacional sobre la tributación de personas de alto patrimonio neto en los foros apropiados”. Y en el punto (j) afirma que hay que “apoyar a los países en desarrollo para catalizar una mayor inversión del sector privado en el desarrollo sostenible, incluso creando un entorno regulatorio y de inversión nacional e internacional más propicio”. Como una cereza más del pastel, en la Acción 5 del borrador mencionado dicen que también hay que reformar el comercio multilateral universal “basado en reglas, no discriminatorio, abierto, justo, inclusivo, equitativo y transparente”. Por supuesto, “con la Organización Mundial del Comercio (OMC) en su núcleo”. Todo esto estaría sustentando en el marco de una reconfiguración de la estructura financiera internacional.
Como se puede ver, la agenda de la ONU es: una lista de prioridades que parecería querer resucitar un modelo socialista a escala global. Bajo la fachada de objetivos nobles y coloridos, se esconden una serie de pasos que poco a poco se van dando y van consolidando un nuevo modelo de gobernanza mundial. Entre otras cosas, lo paradójico es que, por un lado, la ONU pretende financiarse con los recursos de aquellos que catalogan como inmorales; y, por otro lado, las empresas se adhieren entusiastas a las iniciativas de la ONU quizá sin percartarse que están tejiendo la soga que los va a ahorcar. Ojalá los empresarios peruanos revisen detenidamente a qué se adhieren y cuáles son las consecuencias de hacerlo.
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No seamos ingenuos, eso nunca va a pasar, los más ricos nunca han pagado más impuestos, siempre le pueden pagar al que hace las leyes, para que deje los respectivos agujeros legales, como se dice por nuestros lares, hecha la ley hecha la trampa.