Por: C de N (r) Ricardo Patrón Alcázar
Ante la grave amenaza que estamos viviendo por la posibilidad que en el Perú, próximamente se instale un gobierno de ideología comunista con nexos comprobados con grupos terroristas, el narcotráfico y con gobiernos totalitarios de la misma ideología; a estas alturas no podemos permanecer indiferentes, ni actuar con timidez. Llegó el momento de tomar una decisión; quizá para muchos signifique, la decisión más importante que hayan tomado en su vida. LA TOLERANCIA ES UN CRÍMEN, CUANDO LO QUE SE TOLERA ES LA MALDAD. (THOMAS MANN)
La Patria se encuentra nuevamente en peligro; pero esta vez la amenaza y el enemigo son las ideologías radicales, provenientes del comunismo internacional que pretenden apoderarse del país para siempre y conducirlo a la miseria, hambre y anarquía; para convertirnos nuevamente en una colonia dependiente de estados totalitarios, que lo único que buscan es apoderarse de nuestras riquezas naturales, para su propio beneficio. Hemos sido testigos estos últimos días de todas las amenazas y actos de violencia perpetrados por los líderes, militantes y simpatizantes del partido comunista Perú Libre; así, como de la incautación de abundante armamento y detención de ciudadanos extranjeros, que confirmarían que las amenazas se estarían por ejecutar.
Existen posibilidades que la candidata de FP logre ganar las elecciones. El problema que se avecina como ya lo sabemos es que el partido comunista Perú Libre, no aceptará esta derrota y podrían desencadenar una ola de violencia extrema, que esperamos el gobierno o las FFAA no lo permitan y las rechacen con toda la fuerza que la ley los faculta.
El verdadero y real problema, es el fraude orquestado desde el inicio de la campaña que viene manejando el régimen totalitario, con Vizcarra, Sagasti, el JNE, la ONPE, RENIEC y las demás instituciones y poderes del Estado, en perjuicio del partido Fuerza Popular. Todos ya conocemos lo que ha sucedido y que hasta la fecha el JNE no da respuesta al cuestionamiento presentado por diversos organismos nacionales e internacionales.
El JNE se encuentra incompleto a pesar que ya se emitió una ley que debe completarse la totalidad de sus miembros; sabemos que está en manos de un comunista confeso, que no demuestra su imparcialidad y lo peor de todo es que se ha demostrado que ha defendido terroristas y los ha liberado. En sus últimas declaraciones ha demostrado su sesgo político y absoluta parcialidad y ha tenido el descaro de declarar que entre los años 1980 y 2000 vivimos en un periodo de violencia política.
El fraude electoral no solo se ha llevado a cabo en estas elecciones, sino que data desde el año 2012 en las elecciones municipales con el piloto de la votación electrónica solicitada por el partido nacionalista, previa coordinación entre Chávez y Humala. Este servicio fue proporcionado por la empresa venezolana SMARMATIC, instalada en Miami, que muchas personas aseguran le perteneció a Chávez y hoy a Soros. Luego, en la elecciones del 2016 se instaló el voto electrónico en 31 distritos (cerca de 3 millones de votos); el partido aprista presentó una acción de amparo en contra de la votación electrónica y no próspero y tampoco la ONPE permitió que se revisara e inspeccionará el sistema; el resultado ya lo sabemos, ganó PPK; cuando en realidad nunca fue así.
Esta segunda vuelta electoral, está plagada de hechos que nuevamente demuestran que se viene consumando un fraude en favor del partido comunista. Al comprobarse con todos los hechos que existe la intención de fraude por parte del régimen actual a través de los organismos encargados de llevar a cabo el proceso electoral en complicidad con el Lagarto y el partido comunista y sobre todo a que ninguno de los organismos encargados de este proceso electoral, ni el gobierno han tomado alguna medida o acción para rechazar todas estas imputaciones, al mantener un silencio cómplice y al no existir garantías de un proceso electoral imparcial y transparente; existe un fraude electoral en perjuicio de la democracia; en defensa del orden Constitucional y a lo establecido en el artículo 46 de la Constitución, ante esto INVOCO y CONVOCO a todos los ciudadanos libres y democráticos, respetuosos del Estado de Derecho y de la voluntad popular, a hacer uso del DERECHO DE INSURGENCIA, el cual establece que: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asuman funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes”.
La población civil en general tiene el derecho de la INSURGENCIA, en defensa del orden Constitucional y el de salvaguardar y defender la dignidad y la vida de todos los peruanos. El derecho de la Insurgencia es un mecanismo previsto constitucionalmente para la defensa de la Democracia, de la defensa de la vida y del respeto a su dignidad como fin supremo.
Asimismo; al concretarse el fraude electoral, denunció públicamente al gobierno en la persona del encargado del Despacho Presidencial, al Jefe del Jurado Nacional de Elecciones, al jefe de la Oficina de Procesos Electorales y a la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y a todas las personas que resulten presuntamente responsables del delito contra la voluntad popular , en la modalidad del delito contra el derecho de sufragio, que impidan o alteren el resultado de un proceso o favorezcan o perjudiquen a un candidato u organización política en un proceso electoral; de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal y los hago directamente responsables si se concretan las amenazas de alterar el orden público a través de actos de violencia que atenten contra la vida y la propiedad, expresado por los líderes, militantes y simpatizantes del partido comunista Perú Libre.
Sé que la decisión que estoy tomando, posiblemente me acarreé una serie de problemas personales y quizás hasta familiares, pero siento que es mi obligación moral y patriótica de defender a mi Patria a como dé lugar; aún si esta decisión me prive de mi libertad, si ese es el costo que tengo que pagar por defender a mi Patria; así será. Como lo expresara hace más de 200 años el libertador Don José de San Martín: “CUANDO LA PATRIA ESTA EN PELIGRO TODO ESTA PERMITIDO, EXCEPTO, NO DEFENDERLA”.
