Por: Rafael López Aliaga*
Realmente me sorprende muchísimo seguir leyendo a periodistas y analistas que consideran a Odebrecht y a sus cómplices como “inversionistas”. Y, peor aún, persisten en tratar de incluir a la
corrupta organización criminal Odebrecht y a sus cómplices dentro de un marco de “protección de inversiones”.
En el caso específico de Odebrecht debemos profundizar en varios aspectos. El primero es que la corrupta alcaldesa Villarán y sus dos gerentes municipales (ya sentenciados por corruptos),
han reconocido públicamente haber recibido coimas para entregar las casetas de peaje de EMAPE a Odebrecht y pactar un incremento irracional del precio de los peajes. Un segundo
aspecto a tener en cuenta es que los peajes obtenidos corruptamente afectan a varios millones de limeños que viven en zonas vulnerables y que están obligados, prácticamente, a pagar peaje
por salir y entrar a sus casas. Un tercer hecho a considerar es que la MML está impedida, por su propio marco jurídico, de mantener vínculos contractuales, directos o indirectos, con empresas
sentenciadas por corrupción, local e internacionalmente, que es precisamente la situación jurídica de la organización criminal Odebrecht.
En el Perú existen muchas concesiones de vías de transporte completamente legales y válidas, que no se originaron en un acto jurídico corrupto y nulo. Los casos de corrupción de la alcaldesa
Villarán y las organizaciones Odebrecht y OAS son únicos en la historia de la humanidad e, inclusive, de diversas mitologías. Es la primera vez que una autoridad reconoce públicamente
haber sido sobornada para favorecer a entes corruptos y permitir la violación de derechos fundamentales de poblaciones vulnerables.
Basta ya de periodismo que desinforma y apaña la corrupción. Reitero que la presencia de organizaciones corruptas hace mucho daño a nuestro país, pues, finalmente, los actos de
corrupción hacen sufrir y vivir una situación de abuso y miseria a nuestros hermanos más vulnerables y desprotegidos.
Toda mi vida he creado decenas de miles de puestos de trabajo, de acuerdo a ley y con pleno respeto al orden constitucional. Odebrecht, OAS y otras empresas corruptas son entidades
“apestadas” en el circuito financiero internacional. Muchos países que han sido víctimas de su corrupción, los ha expulsado de sus fronteras. El Perú, por dignidad y justicia con los que menos
tienen, debe expulsar a Odebrecht y a sus cómplices, para siempre.
