Por: José Cevasco
En el escenario de nuevas elecciones generales, ¿Qué nos garantiza que el próximo gobierno y el Congreso será mejor? La respuesta es nada. Hace muchos años enfaticé una frase, “el problema no son las instituciones, sino las personas que las conducen”. Sin embargo, esta frase debe actualizarse, “el problema no sólo son las personas que conducen las instituciones, sino la falta de reformas al sistema político y de funcionamiento del Estado”.
Hoy, como le vengo repitiendo hace mucho tiempo, la legitimidad de las personas, gobiernen o no, se “licúan” rápidamente como consecuencia de la vulgarización de las noticias, sean verdaderas o falsas, generando indignación en la sociedad.
Dicha indignación o ira genera presiones y como las instituciones no tienen la capacidad, sea por culpa de quien las dirige o porque no existen reglas para que las instituciones se adecúen a la necesidad de los cambios, la convulsión social generará problemas de gobernabilidad hasta producir una transformación radical con graves consecuencias para el país.
Ojo que no solo el Poder Ejecutivo y Legislativo están en crisis.
También lo está el Poder Judicial, Fiscalía de la Nación y todas las instituciones del Estado. Uno de mis primeros artículos que escribí hace muchos años se llamó “El Estado Estanco o el Estado Global”, mi tesis aún vigente establecía que, si bien el Estado es unitario, las instituciones que lo componen siguen actuando de manera individual sin crear vasos de coordinación ya que no se dan cuenta que la visión que los ciudadanos tienen sobre el Estado no es individual sino la de evaluar al Estado en su conjunto.
Por eso la frase “el Estado no funciona” y si esa es la visión ¿acaso la respuesta del Estado no debe ser global? Y es allí donde nace mi propuesta, también publicada mediante mis artículos, de la creación de un Consejo de Estado.
Lo que hace falta en el país, si es que no quieren irse todos, es que los presidentes de los tres poderes se reúnan y también los responsables de las principales instituciones públicas y hagan un “mea culpa” y que se comprometan en la realización de acciones de gestión gubernativa y de propuestas de reformas que deben establecer las “oxigenación” y la “renovación” de autoridades que ahora se deslegitiman más rápido ante la vulgarización de las noticias. A ello hay que agregarle la libertad de votar, el control ciudadano para las autoridades fiscales y judiciales, entre muchas otras.
El problema de esa hipótesis es que quienes gobiernan en la sombra, vendiendo carísimas asesorías año tras año solo quieren su dinerín y para eso deben mantener el statu quo, nada debe cambiar porque significaría que dejen de sacar su tajada. Si fuera obligatorio un secigra provincial de por lo menos dos años, para todas las “ciencias sociales” en zonas de frontera o vraem, directamente como mano de obra en proyectos con valor agregado, habría menos ong dando asesorías que no sirven para nada y se tendría menos millonarios graduados de las universidades regidas por caviares sin haber martillado nunca un clavo.