Por: Fernando Ophelan y Carlos Cabrejos
En América Latina el fenómeno del Narcotráfico ha evolucionado tanto que, los Estados se vuelven pragmáticos como en Colombia, donde el acuerdo tácito es reprimir solamente a las organizaciones criminales que atentan contra la población. En México, este fenómeno ha evolucionado tanto que las corporaciones ligadas al narcotráfico tienen el control de varios Estados de la Federación, imponiendo, claro está, incluso sus agendas políticas. Jalisco y Michoacán son ejemplo de ello.
En el Perú, esta penetración del narcotráfico tiene otro orden. Los maestros rurales hace 35 años podían decidir pertenecer a grupos políticos radicales de izquierda pero en los últimos 15 años han decidido convertirse en autoridades locales, alcaldes, prefectos o gobernadores regionales para asegurar una cobertura política y de posible impunidad en el manejo de los fondos públicos o sus actividades privadas, como puede ser el narcotráfico, minería informal, tala ilegal de árboles, contrabando, lavado de activos, etc. Es una de las razones principales para el empoderamiento de burguesías regionales que tratan de ocultar el origen de sus fortunas que se duplican, muchas veces, cuando los miembros de sus organizaciones asumen roles activos de función pública en el Estado.
A poco más de cuatro meses, el gobierno de Pedro Castillo ha dejado de ser el de Perú Libre, organización marxista-leninista, del gremio de profesores, de los ronderos campesinos, para convertirse en un gobierno sin base social real pero con ciertas particularidades que ameritan ser investigadas. Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, exsecretario general de la Presidencia de la República, fue retirado del cargo debido a un chat de internet que se filtró en las redes, al hallazgo de un paquete de dinero que le encontraron en sus oficinas dentro de Palacio de Gobierno y a unas supuestas manipulaciones en los ascensos de las Fuerzas Armadas. El empresario Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, propietario de la vivienda en la calle Sarratea, en Breña, tomó protagonismo por ser el aparente propietario de esa casa que ocupó el Presidente hasta antes de juramentar el cargo el 28 de julio de 2021. Desterrado Bruno Pacheco de la palestra oficial, por causa de las ‘movidas’ de Alejandro Sánchez –quien se asegura filtró las conversaciones de WhatsApp con el jefe de la Sunat–, ha logrado imponer a Carlos Jaico en su reemplazo, lo que muestra sus particulares intereses empresariales que persigue y han empezado a salir a flote, generando un descrédito para Castillo Terrones.
Principalmente, porque no sólo se ha revelado que Alejandro Sánchez – su cercano amigo – mantuvo una relación sentimental y procreó una hija con la congresista Elva Edhit Julón Irigoín, de las filas de Alianza Para el Progreso, sino también –aunque intente negarlo– forma parte del círculo de familiares en la mira de la Fiscalía Especializada en delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, a partir de la investigación que se le sigue a su exsuegro Jeiner Julón Díaz, tres veces alcalde en el distrito de Tacabamba y la provincia de Chota, en la región Cajamarca.
Alejandro Sánchez, aunque ahora vive en Lima, intentaría desaparecer su pasado y presentarse como un próspero empresario, olvidando que arrastra consigo el pasado policial-judicial de su familia política Julón Irigoín; y, con ello las investigaciones seguidas contra su exsuegro por el aparente desvío de recursos del Estado entre los años 1999 y 2010 y el contenido de informes reservados que, elaborados por la PNP con aportes de informantes y pobladores de la zona, han revelado fuertes indicios sobre la riqueza de los Julón, la cual provendría de actividades ilícitas del narcotráfico, principalmente de la comercialización de la amapola y sus derivados.
Contra los intereses de la familia política de Alejandro Sánchez, en el que también ha sido incluido, la Policía no solo cuenta actualmente con el Informe Nº 08-2020-T-DIRNIC-PNP/DIRILA-DIVILAPTID-D3, que revelaría los entretelones de las actividades de los familiares de su expareja sentimental, sino también el Informe Nº 00009505-2019, que contiene relevante información sobre aparentes actividades de tráfico de drogas que involucrarían a Jeiner Julón Díaz y a sus hermanos con un sujeto apodado “El Potrillo”. Y dicha información apunta a que todos ellos, aproximadamente por el año 2006, fueron delatados en sus actividades de acopio de látex de opio en el lugar denominado centro poblado Pilco, en Tacabamba, sustancia ilícita que posteriormente era trasladada por la ruta Cutervo y Chiple hacia la costa. Una de las más conocidas, además de las existentes que conducen hacia fronteras con el Ecuador y Piura. Asimismo, esos informes policiales –han revelado hace poco, pues data del 2008–, ponen al descubierto al exsuegro de Alejandro Sánchez como el posible propietario de inmuebles, camiones, camionetas y molinos para pilar arroz a nombre de sus cuñados y otros testaferros.
En ese entonces, los agentes de la Dirección contra el Narcotráfico, por información confidencial, acopiaron la información que el padre de la congresista de Alianza Para el Progreso y exsuegro de Alejandro Sánchez construía un hotel en el sector Moshoqueque, en el distrito de José Leonardo Ortiz de Chiclayo y era ya propietario de una tienda de venta de triplay en la cuadra 13 de la avenida Tingo María en Lima, la misma que era administrada por su cuñado César Irigoín Villegas o César Irigoyen Villegas.
Por esos años, enero 2007, Jeiner Julón no era un tipo de aceptación por las Rondas Campesinas de Cajamarca – aun cuando estas directamente no combaten el tráfico ilícito de drogas en la zona–, sí le guardaban ojeriza respecto a su actuación como alcalde, lo cual se confirma con lo ocurrido con su amigo Homobano Tantaleán Tan, a quien las rondas intervinieron y trasladaron hasta las localidades de Chugmar, La Pucara y otros lugares, ocasionándole múltiples lesiones –que llegó hasta los tribunales de justicia en Chota–, por la simpatía que la víctima mantenía con el entonces alcalde de la Municipalidad de Tacabamba, Jeiner Julón Díaz, a favor de quien realizaba actividades y propaganda política. Lo que refuerza la idea tesis de que han sido los ronderos quienes habrían aportado información clave a los agentes antidrogas sobre las actividades ilícitas del exsuegro del financista de Perú Libre, Alejandro Sánchez.
Otro hecho que vincularía aún más al exsuegro del empresario de Breña con la ilícita comercialización de la amapola, y que resultaría poco creíble que el presidente Pedro Castillo no conociera, es el que aparece contenido en la Carpeta Fiscal Nº 2825-2014, a mérito de una investigación seguida por la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, la cual fue enviada al archivo, decisión confirmada luego por una Fiscalía Superior especializada en Lavado de Activos. En dicha carpeta fiscal, a modo de relato incriminatorio, agentes de Inteligencia de la Policía Nacional evidenciarían un fuerte vínculo entre el procesado Segundo Rubio Fustamante y el exalcalde Jeiner Julón Díaz. En ese entonces se conoció que Segundo Rubio Fustamante aparecía en la base de datos de la RENIEC como fallecido; sin embargo, se llegó a determinar que se encontraba con vida, pero se encontraba recluido en el Penal de Tumbes por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas.
Dicha información apuntaba a que Segundo Rubio Fustamante era propietario de varios bienes muebles e inmuebles, entre ellos, camiones, pollerías, grifos, ómnibus y otros, siendo que el origen del dinero que se usó para la adquisición de los mismos deriva del Tráfico ilícito de drogas; actividad al margen de la ley que Segundo Rubio Fustamante habría desarrollado en complicidad con sus hermanos José Darío, Olga y María Celinda Rubio Fustamante, y del exalcalde de Chota, Jeiner Julón Díaz, entonces prófugo tras haber sido condenado a 10 años de cárcel por corrupción. La Corte Suprema lo liberó de esa carga. Aún más, se reveló que las ganancias obtenidas del tráfico de drogas eran utilizadas para la compra de bienes muebles e inmuebles, siendo Lezcano Rosas Pérez uno de los testaferros, entre otras personas que aún se encontrarían en proceso de identificación.
Los agentes de Inteligencia también referían que Segundo Rubio Fustamante tenía en giro un proceso por Tráfico ilícito de drogas, tramitado en el marco de la instrucción Nº 51-2008, seguido en su contra, que comprendía además a Alfredo Rubio Saldaña, Urbano Rivera Mejía (fallecido exalcalde distrital de Anguia, provincia de Chota) y Luis Alberto Dávalos Vega; carpeta fiscal que posteriormente fue derivada a la Fiscalía del Santa (región Áncash). E, igualmente, al posible socio del exsuegro de Alejandro Sánchez se le seguía un proceso en la carpeta fiscal Nº 3385-2012, tramitado por la Segunda Fiscalía Penal de Tumbes por el delito de Falsificación de Documentos.
TELERAÑA DE EMPRESAS
En esta historia, que pasó del campo a la ciudad, Alejandro Sánchez tiene mucho que explicar. Y es que las sospechas de su posible vinculación con la red de narcotráfico que en algún momento la policía investigó, apuntan también a la sociedad conyugal-empresarial que conforma con la hoy congresista Elva Edhit Julón Irigoín, con quien constituyó –en el 2015- la empresa SJ Biomedic SAC., actualmente con impedimentos para contratar con el Estado. Su exsuegro debe lamentar esta exposición mediática lograda por su exyerno, pues pueden reabrirse casos que habría logrado archivar con “mucho esfuerzo”.
En la actualidad, los agentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila), no solo apuntarían a las empresas que el amigo del presidente Castillo tuvo en sociedad con la congresista del partido de César Acuña, como Negocios J & D S.A.C., donde a pesar que figura como socia/accionista –junto a su madre Rosmari Irigoín Villegas, también bajo investigación– a la fecha no tienen impedimentos para establecer acuerdos comerciales con el Estado, según el portal del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE.
A través de esta empresa, Negocios J&D S.A.C., entre los años 2014 y 2017 facturó más de 179 mil soles. Elva Julón y su madre fueron únicamente proveedoras en la Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca, en las gestiones de los alcaldes Hernán Vásquez Saavedra y el profesor Edy Benavides Ruiz, también investigados por corrupción. Y con la empresa Negocios J&D S.A.C. una licitación de 107 mil soles por la compra de alimentos llama poderosamente la atención, y fue hecha consorciada con la empresa Producciones Nacionales TC EIRL, de propiedad del comerciante Mario Torres Elera.
Como hecho curioso, mientras Elva Edhit Julón Irigoín también distribuía su tiempo como docente en la Universidad Señor de Sipán, entre los años 2014 y 2016, el comerciante Mario Torres Elera –su socio– registró ventas por más de 1 millón 268 mil soles en los municipios provinciales de Ferreñafe y Lambayeque, curiosamente a cargo de los alcaldes Jacinto Muro y Ricardo Velezmoro, respectivamente, ligados al partido de César Acuña Peralta. Cabe resaltar que Mario Torres Elera, desde el 2008 a la fecha, con su empresa Producciones Nacionales TC EIRL, ha registrado –según OSCE- millonarias ventas en municipios de Lambayeque y Cajamarca. En algunos casos consorciado también con las empresas Peruar SRL, Grupo Ceregral CP EIRL, Inti Granos Seleccionados del Norte S.A.C e Inversiones Generales Emeka del Norte EIRL, que tiene como sus propietarios a Raúl Cardoza Azañero y sus hijos Alexander, Raúl y Karina Emperatriz. Curiosamente, la última de ellas registra su centro de operaciones en Breña, distrito donde se ubica la famosa casa de Sarratea.
A todo esto, la congresista Elva Julón Irigoín también aparece vinculada a las empresas Grupo Mariri Perú SAC y Daira SAC. En la primera aparece como gerente general y, desde su centro de operaciones en Chota, se dedica a la venta de maquinaria. En la segunda, en cambio, se desempeñó como administradora entre los años 2018-2019 y aparece registrada a nombre de su tía Neyda Madelina Julón Díaz. Esta empresa está dedicada a la comercialización de sal de mesa y de cocina. Los hilos de la madeja que la policía rastrea, respecto a la procedencia del dinero para la constitución de una red de empresas, también apuntan a Neyda Julón Díaz, no solo a través de Daira SAC y su compra de lotes en Pimentel, sino también a los movimientos con otras dos empresas ligadas a ella: Provenor SAC (dedicada al rubro de la construcción) y Yamira & Juan SAC. Ambas tienen como su centro de operaciones el distrito de José Leonardo Ortiz, en Chiclayo, donde también aparece como compradora de otros tres lotes.
De esta investigación policial-fiscal, por el aparente incremento patrimonial, también apunta hacia el hermano del exsuegro de Alejandro Sánchez, Eddy Julón Díaz, a quien se le detectó la compra de más de una veintena de terrenos ubicados en Pimentel, un año después de la caída de la red criminal “La Gran Familia”, que tenía el control de las invasiones y tráfico de tierras en esa jurisdicción.
ALEJO, ¿UN ZORRO EMPRESARIO?
Pero Alejandro Sánchez, aprendiendo un poco del peculiar progreso de su exsuegro y la familia de su expareja, la congresista Elva Julón, tampoco se ha quedado atrás en esta faceta como empresario y registra importantes nexos comerciales con el Estado, registra movimientos comerciales a través de las empresas como Aldalab Perú SAC, Aldalab Corporation SAC, Perurit EIRL y Oma Construction SAC. Y desde su vivienda de la calle Sarratea en Breña, su hermana Tania Maritza Peralta Sánchez tiene su centro de operaciones y se desenvuelve como proveedora del Estado a través de las empresas Biomars Corporation SAC y CH & S Medilab SAC, en sociedad con James Ronald Chávez Rojas.
No obstante, ya instalado Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, tanto Alejandro como su hermana han seguido suministrándole al Estado equipamientos y mobiliarios médicos. El amigo del mandatario, junto a su socia Yoshelin Pilar Duran Blas lo hicieron a través de la empresa Aldalb Perú SAC, específicamente a los Gobiernos Regionales de Cajamarca, Amazonas y Puno, por más de 19 mil soles en productos de equipamiento y mobiliario médico. Mostrando que su rubro fuerte es la venta de insumos para el sector Salud.
Resulta curioso que la hermana de Alejandro Sánchez sea de profesión químico farmacéutico, al igual que Jorge Pérez Flores, excongresista de Lambayeque que se vio inmerso en el escándalo de las misteriosas visitas a la casa del jirón Sarratea y terminara siendo expectorado de EsSalud, que conduce el controvertido Mario Carhuapoma, también químico farmacéutico de profesión.
Para concluir, cabe enfatizar que tanto la empresa Aldalab Perú SAC, de Alejandro Sánchez, como su socia J.C Medical Supplies SAC, durante la pandemia de la Covid19 han sido beneficiarias del programa Reactiva Perú, por montos de 294 mil 891 y 464 mil 608 soles, respectivamente. Y, como dato adicional, en el caso de JC Medical Supplies, también dedicada a la importación y venta de productos médicos y de laboratorio, está inmersa en una compleja investigación por presunta corrupción en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Condorcanqui (distrito judicial de Amazonas), donde desde el año 2015, a 07 trabajadores de la Gerencia Sub Regional de Condorcanqui se les imputa el delito de Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido de Cargo.
Este solo caso permitiría evidenciar que el Perú es un Narco Estado, es imposible negar eso, sea cual sea nuestra ideología. El Presidente Pedro Castillo llegó al Poder con buena fe, esa es nuestra opinión; pero los poderes facticos son más serios que la propia Constitución Política, en eso le damos la razón a Vladimir Cerrón, a pesar que en este tema su rol tampoco es transparente. El artículo ocho de la Constitución señala que el Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas, pero a Pedro Castillo, quien es el jefe de Estado, poco o nada le preocuparía como sí quizá el que si la señora madre de Alejandro Sánchez cocina mejor que su esposa Lilia Paredes. Las unidades de investigación de los medios de comunicación en el
Perú deben investigar este tema, de lo contrario el Presidente se desmarca y nos revela que lo obligan a estar en contacto con esta red. Bruno Pacheco le dijo al Presidente que nunca iría a esa casa de Breña, porque sabía quiénes son los propietarios y de su negro historial. Pedro Castillo dijo que él había empeñado su palabra. Ojalá no haya empeñado el alma.
