Por: Ricardo Ramírez del Villar
Hay momentos en la vida política de un país en los que el silencio no es prudencia, sino complicidad. Este es uno de ellos.
A la fecha, soy el candidato con mayor voto preferencial en la región Arequipa. Y precisamente por ese mandato ciudadano, tengo no solo el derecho, sino el deber de decir lo que muchos perciben, pero pocos se atreven a expresar con claridad.
Lo ocurrido en este proceso electoral no puede seguir siendo explicado como una simple suma de errores logísticos, fallas humanas o descoordinaciones administrativas. Cuando los hechos se observan de manera aislada, pueden parecer inocentes contingencias. Pero cuando se ordenan, cuando se analizan en conjunto, cuando se reconstruye el rompecabezas completo, lo que emerge es muy peligroso y alarmante. Actas con patrones repetidos que despiertan serias dudas. Retrasos en la distribución del material electoral. Ingreso de información sin la debida transparencia en la publicación de actas. Decisiones institucionales que llegan tarde, siempre después de la presión pública. Y finalmente, la necesidad de auditar el propio sistema electoral. ¿De verdad todo esto es casual?
Cuando los “errores” siguen un mismo patrón, dejan de ser errores. Cuando las fallas se repiten en la misma dirección, dejan de ser coincidencias. Y cuando todo encaja demasiado bien, la hipótesis de la “desorganización” se desvanece. Lo que queda es algo mucho más inquietante: la posibilidad de una desorganización perfectamente armada.
Este no es un fenómeno nuevo. Lo hemos visto antes. El 2016, el 2021 y hoy el 2026 presentan similitudes que no pueden ser ignoradas por quien observe con honestidad intelectual. Procesos cuestionados, decisiones discutibles y resultados que terminan favoreciendo determinadas corrientes políticas. En ese contexto, no resulta descabellado plantear una hipótesis que muchos ciudadanos ya formulan: la posible infiltración de corrientes ideológicas internacionales, como las vinculadas al Foro de São Paulo, en instituciones clave del sistema democrático, particularmente en aquellas encargadas de garantizar la neutralidad y limpieza de los procesos electorales.
No afirmo conclusiones cerradas. Pero sí sostengo que los indicios acumulados obligan a una investigación seria, profunda e independiente. La democracia no se sostiene en la fe ciega. Se sostiene en la confianza. Y la confianza no se impone: se construye con transparencia, con rendición de cuentas y con respeto irrestricto a la voluntad popular. Hoy esa confianza está quebrada. Y cuando la confianza se rompe, no basta con pedir calma. Se necesita verdad, apertura y transparencia.
Un elemento adicional refuerza estas preocupaciones y no puede ser ignorado. En diversas actas electorales identificadas dentro de la serie denominada “900 K”, se observa un patrón de votación que, al ser comparado con procesos anteriores (particularmente el del año 2021), presenta coincidencias que llaman poderosamente la atención. (Cuadro adjunto)
No se trata de una variación razonable dentro de márgenes estadísticos normales. Se trata de estructuras de votación prácticamente idénticas: mismas proporciones, mismos comportamientos relativos entre candidaturas y, nuevamente, el posicionamiento recurrente de determinados actores políticos en lugares estratégicos.
En el 2021, estos patrones favorecían a Perú Libre. Hoy, en el 2026, esos mismos esquemas parecen reproducirse en favor de Juntos por el Perú. La pregunta es inevitable: ¿Cómo es posible que patrones estadísticos tan específicos se repitan con tal nivel de precisión en procesos distintos? Desde una perspectiva técnica, la probabilidad de que esto ocurra de manera espontánea es casi imposible. Y cuando lo improbable se repite, deja de ser casualidad para convertirse en un patrón. Pero hay un elemento político aún más revelador. En ambos escenarios, se mantiene una constante: la ubicación de Keiko Fujimori en una posición que la conduce a una segunda vuelta electoral. ¿Es coincidencia… o cálculo?
La lógica política en el Perú es conocida: existe un amplio sector del electorado que vota no necesariamente a favor de un candidato, sino en contra de Fujimori. El llamado antifujimorismo se ha convertido, en la práctica, en uno de los mayores conglomerados electorales del país. Bajo esa lógica, enfrentar a cualquier candidatura contra Keiko Fujimori en segunda vuelta genera una alta probabilidad de victoria para su oponente. Si esto es comprendido por cualquier analista político… con mayor razón lo sería por quienes operan estratégicamente dentro de un sistema. A ello se suma un contexto geopolítico que no puede ser ignorado. Ante el debilitamiento del régimen bolivariano en Venezuela, la crisis estructural de Cuba, la permanencia de Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva en la región, y la pérdida de influencia en países como Argentina, Ecuador, Bolivia y Chile, resulta evidente que el Perú aparece como un objetivo estratégico para las huestes del socialismo del siglo XXI.
No es una interpretación antojadiza. Lo han dicho abiertamente actores políticos como el señor Sánchez, al plantear la utilización de las reservas internacionales del país y la remoción de Julio Velarde autoridad como el presidente del Banco Central de Reserva y garante de la estabilidad macroeconómica. Y si a ello se suma la pretensión de configurar un gabinete con figuras con notoria alteración mental, Antauro Humala en el Ministerio del Interior o redomada incapacidad jurídica como José Domingo Pérez en el Ministerio de Justicia, el cuadro que se dibuja no solo es preocupante: es catastrófico.
Más aún, cuando como pieza final de este rompecabezas, resulta que la defensa legal del renunciante “héroe” de la corrupción, Corvetto recae en militantes de JP vinculados a sectores políticos que forman parte de ese mismo entramado. Se ha repetido muchas veces aquella frase atribuida a Stalin: “No importa quién vota, sino quién cuenta los votos.”
Más allá de su autoría exacta, lo verdaderamente grave es que hoy esa idea está presente no como advertencia sino como, por lo que pareciera, un hecho consumado.
Pero el Perú no puede resignarse a esa lógica. Porque si el voto deja de ser expresión soberana y se convierte en un simple trámite administrado por un sistema opaco, entonces ya no estamos frente a una democracia, sino al inicio de una dictadura.
Por eso, este no es solo un llamado a esclarecer lo ocurrido. Es un llamado a algo más profundo: A no normalizar lo inaceptable. A no aceptar como legítimo lo que no es transparente.
A no reconocer, sin cuestionamiento, resultados nacidos de un sistema que hoy está completamente desacreditado.
La democracia no se defiende con resignación. Se defiende con coraje. Y cuando el voto es puesto en duda, la resistencia deja de ser una opción… para convertirse en una obligación de todo peruano de bien que quiere vivir en un país democrático, libre y próspero. El futuro nos reclama hoy no ser tibios, complacientes ni conformistas.
El problema viene de lejos y debe pensarse en el operador de esa componenda, lagarto le dicen y el pago por sus servicios era dejarlo en libertad para que se fugara, lo cual no ha impedido que se presente a las elecciones. Pero ya veremos si gana castillo2, qué rápido lo sacan a él y a castillo1 . Esa legislación que cambio CNM por JNJ. Y puso a unos corruptos cuya última decisión fue poner a crovetto, me van a decir que todo esto no es armani.