El nombramiento de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia por la presidente Dina Boluarte ha generado controversia, dado que la declaración jurada que presentó Santiváñez previamente a asumir el cargo, conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Ley 29158), detalla 12 investigaciones fiscales activas. Las que no fueron impedimento para su designación, a pesar de que el premier Eduardo Arana y la presidenta estaban obligados a revisar dicho documento.
La decisión ha sido cuestionada por congresistas y analistas, que consideran que las investigaciones descalificarían a Santiváñez para el cargo. Además, su previa censura como ministro del Interior por ineficiencia y las acusaciones de presuntas actividades ilícitas han intensificado las críticas.
Según los reportes, las 12 investigaciones fiscales contra Santiváñez incluyen: Abuso de autoridad (Caso Culebra): Una investigación iniciada en 2024 se centra en presuntas represalias contra el capitán PNP Junior Izquierdo, alias “Culebra”, quien difundió audios que sugieren que Santiváñez, como ministro del Interior, habría ordenado medidas disciplinarias contra él tras la difusión de grabaciones que implicaban protección policial al prófugo Vladimir Cerrón. Santiváñez ha negado ser la voz en los audios, pero no ha acudido a las citaciones de la Fiscalía para un peritaje de voz, lo que ha retrasado las diligencias. El Poder Judicial desestimó su solicitud de cerrar la investigación, fijando el plazo para diligencias hasta el 5 de septiembre de 2025.
Encubrimiento personal (Caso Cofre): Santiváñez está vinculado a la presunta omisión de denuncia en la fuga de Vladimir Cerrón, junto con la presidenta Boluarte. Aunque la investigación contra Boluarte fue suspendida por el Tribunal Constitucional, el caso contra Santiváñez sigue activo y requiere intervención del Congreso para eventuales sanciones debido a su inmunidad como ministro.
Tráfico de influencias: Una investigación clave lo acusa de exigir 20,000 dólares para influir en una decisión del Tribunal Constitucional (TC) a favor de su cliente, el expolicía Miguel Marcelo Salirrosas, condenado por integrar la organización criminal “Los Pulpos”. También se le imputa haber gestionado favores en el INPE para evitar el traslado de Salirrosas a otro penal. Por este caso, el Poder Judicial impuso 18 meses de impedimento de salida del país. Santiváñez niega las acusaciones, afirmando que los 20,000 dólares fueron honorarios profesionales legítimos y que no tiene relación con los magistrados del TC.
Negociación incompatible: Se le investiga por la contratación de Anatoly Bedriñana, un excliente de su estudio de abogados, en el Ministerio del Interior. Santiváñez solicitó al Poder Judicial cerrar esta investigación, argumentando que el plazo preliminar había vencido, pero la solicitud está pendiente de resolución.
Interceptación de comunicaciones: Santiváñez es acusado de acceder al guion de un reportaje de Cuarto Poder antes de su emisión, lo que sugiere una posible interferencia en la prensa. Él asegura que esto ha sido esclarecido y busca archivar el caso.
Malversación de fondos y otras irregularidades: En 2025, se abrieron ocho carpetas fiscales adicionales por delitos como malversación, omisión de declaraciones y tráfico de influencias en designaciones de agregadurías policiales en el extranjero.
Finalmente el 27 de agosto de 2025, la Fiscalía, a través del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), ejecutó allanamientos en viviendas y oficinas de Santiváñez y otros implicados, acusándolo de liderar una presunta organización criminal desde el 16 de mayo de 2024, cuando asumió como ministro del Interior.
Según el fiscal Carlos Ordaya López, esta red, integrada por siete personas (incluidos el general PNP Gregorio Villalón Trillo, el coronel PNP retirado Percy Tenorio Gamonal, y otros), habría favorecido a la minera “El Dorado” en Ayacucho a cambio de contraprestaciones económicas, utilizando el aparato estatal. Se menciona un pago de hasta 160,000 dólares por operativos policiales en favor de la minera. La investigación también vincula a Nicanor Boluarte, hermano de la presidente, quien habría tenido contacto frecuente con el estudio de abogados de uno de los implicados.
Santiváñez ha calificado las acusaciones como “intereses políticos” y “shows mediáticos” orquestados por la Fiscalía, negando los cargos y afirmando que las investigaciones buscan desprestigiarlo. En una conferencia de prensa el 27 de agosto, evitó referirse a los allanamientos y prefirió hablar sobre el traslado del expresidente Martín Vizcarra. La presidente Boluarte ha respaldado a Santiváñez, denunciando un supuesto “acoso político” por parte de la Fiscalía y minimizando las investigaciones.
La condición de ministro otorga a Santiváñez antejuicio político, lo que implica que cualquier acción sancionatoria requiere que la Fiscalía solicite al Congreso el levantamiento de esta inmunidad. Este mecanismo podría retrasar o complicar las investigaciones.
La Fiscalía ha presentado pruebas como audios, mensajes de WhatsApp y testimonios protegidos, pero Santiváñez insiste en su inocencia, atribuyendo las investigaciones a motivaciones políticas.
Las diligencias en curso, incluyendo peritajes de voz y allanamientos, serán clave para determinar si las acusaciones se formalizan o si, como sostiene Santiváñez, carecen de fundamento. La situación sigue en desarrollo, y el Congreso podría jugar un papel trascendental en el futuro inmediato del ministro.
