Por: José Antonio Torres Iriarte
América Latina ha sido frontalmente afectada por la crisis sanitaria, el aumento del desempleo y la pobreza. Desde Marzo del 2020, los gobiernos latinoamericanos han utilizado cada vez más recursos fiscales e incluso han liberado parte importante de los ahorros previsionales para permitir que las familias pueden cubrir sus necesidades básicas. La región debe insertarse mejor en una economía internacional, que hoy confronta problemas con el aumento de los costos del transporte marítimo e incluso la caída de la producción automotriz y de otros items de consumo masivo.
En un escenario signado por factores adversos; países como el Perú no puede pretender desafiar y poner en riesgo los fundamentos macroecomómicos y la estabilidad jurídica, que facilitaron que el PBI creciera incluso a tasas del 8 y el 9 %, que tuvieron su correlato en la incorporación de más de 6 millones de peruanos a las clases medias. El Perú no puede emular el camino tomado por gobiernos, que luego de más de 60 años, como es el caso de Cuba o de más de 20 años (Venezuela) demuestran como no se puede prescindir del sector privado, de la inversión nacional y extranjera para sentar las bases del crecimiento económico y la reducción de la pobreza.
El gobierno de Pedro Castillo no tiene otro objetivo que dinamitar la economía nacional, multiplicar el gasto público y debilitar institucionalmente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La confrontación política e ideológica es indispensable en una coyuntura política, en la que no sólo está en riesgo las libertades políticas, sino que de modo deliberado se pretende quebrar la economía nacional.
Perú Libre es un partido marxista leninista, que estima que la Revolución Cubana ha sido exitosa y que el modelo chavista ha generado bienestar al pueblo venezolano. Vladimir Cerrón no puede ocultar su aprecio por las políticas impulsadas por el MAS y Evo Morales en Bolivia y por cierto mantiene como eje de su proyecto político la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Pedro Castillo no pretende ser un estadista interesado en liderar una etapa de recuperación nacional, o el político concertador que busca consensos con otras fuerzas políticas, asumiendo que su representación parlamentaria es insuficiente. Mirtha Vásquez como Presidenta del Consejo de Ministros está demostrando su línea política e ideológica, sus posturas en contra del sector minero, tratando de ampararse en un discurso de defensa de los recursos hidricos y naturales; sin embargo no deslinda con la mineria ilegal o con las políticas de expansión de los cultivos de la hoja de coca. La premier Vásquez carece de autoridad moral, milita en el Frente Amplio que respaldó al nefasto gobierno de Martín Vizcarra, y apoyo la disolución inconstitucional del Congreso el 30 de Setiembre 2019. La Moción de Vacancia presidencial que está en curso, debe ser vista como el uso de un proceso establecido en la Constitución, que permitirá que el presidente Pedro Castillo responda ante la representación nacional, ejerciendo su derecho de defensa.
La vacancia presidencial contra Martín Vizcarra que fuera aprobada por 105 votos demostró como el Congreso puede ejercer control político en el marco de la Constitución.
La democracia requiere de partidos políticos que sean capaces de tener la suficiente visión política, para comprender que Pedro Castillo ha incurrido en un poco más de 100 días de gestión en inconductas que ponen en riesgo la institucionalidad democrática y que no está descartado que forme parte o sea cómplice de la organización criminal “Los Dinámicos del Centro” liderada por Vladimir Cerrón.
El Congreso debe ejercer su tarea de control político y seguir con los pasos y procedimientos establecidos; con el decidido apoyo del pueblo que en pocos meses está comprobando como el gobierno se ha propuesto progresivamente imponer una dictadura en el país. El restablecimiento de relaciones diplomáticas con la dictadura de Nicolás Maduro y la abierta injerencia de Evo Morales en la política interna, son apenas una muestra del accionar de un gobierno sin vocación democrática.
