Por: María Ximena Rondón
El 29 de febrero, durante el programa de Milagros Leiva en Willax, el ex ministro de trabajo durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori, Jorge Mufarech expresó su indignación por el reciente chapuzón de Susana Villarán en una piscina de lujo mientras el país debe costear altos costos de peaje por presuntas coimas que ella habría pagado a Odebrecht y OAS; y afirmó que “en el Perú deberíamos tener ya la pena de muerte” para los políticos corruptos.
Sin duda, el tema de la corrupción enfurece a los ciudadanos de a pie. Muchos hemos escuchado a los vendedores en el mercado, a los pequeños empresarios, a nuestros colegas, amigos y familiares quejarse sobre ello. Incluso, muchos creen que TODOS los políticos son corruptos y que merecen un “castigo” por ello. Algunas de esas opiniones carecen de un mayor fundamento, pues muchas de esas personas utilizan argumentos emocionales y no investigan a profundidad los hechos.
El problema de la conducta pública peruana es que predominan las emociones sobre la razón, lo cual ha metido al país en varios problemas, especialmente durante las elecciones.
Según esa lógica emocional peruana la pena de muerte a los corruptos (y para otros malos elementos de la sociedad) podría ser una buena alternativa para saciar esa hambre y sed de justicia.
Sin embargo, existe un riesgo muy grande de que si se llegara aprobar la “pena de muerte”, se podría abusar de su uso si las personas equivocadas están en el poder.
Una de las características del peruano es “la viveza”, ese arte de buscar vacíos legales y lograr salirse con la suya. Esta conducta puede verse en las altas esferas políticas y sociales así como en los sectores más pobres.
Imaginemos que, estando aprobada la pena de muerte para los políticos peruanos, el pueblo elige un gobierno radical y totalitario o a una persona sin experiencia (ya ha pasado) o con ciertos delirios mentales. O que ingrese un presidente que tiene varios enemigos políticos. Podría ocurrir que algunos políticos y personajes públicos fueran acusados falsamente de corrupción, gracias a la “viveza” y se les condene a morir siendo inocentes.
Este escenario ya se da a menor escala con las persecuciones políticas a ciertas personas, empleando recursos judiciales, mediáticos y trucos sucios para montar presuntos actos de corrupción. Si alguien es capaz de esto y de arruinar reputaciones, no deberíamos dudar que podría hacerlo con la pena de muerte.
O podría darse el caso de que no sólo se condene a muerte a los políticos y personajes públicos, sino a todos los ciudadanos que se opongan al gobierno y a las ideologías que este profesa.
Por ello, sabiendo cómo actúan los peruanos y por su conducta emocional, tener una “pena de muerte” sería un enorme peligro para el país. Quizás muchos estén hartos de ver tanta impunidad y corrupción, pero matar a las personas no es la solución. El verdadero cambio empieza por uno mismo en la vida cotidiana. Solo así construiremos un país sin corrupción.
Felicitaciones por su importante artículo. Muy apropiado y buen diagnóstico.
¿Presuntas coimas? Pero si ha confesado.
Y corrija, ella no las ha pagado, las ha recibido.
Es cierto que la pena de muerte no soluciona este tipo de casos, el que mata debe morir, el que roba debe devolver lo robado. El caso es que existe una unidad de inteligencia financiera que no suena, bastaría con recibir mensualmente el dato proporcionado por los vendedores de vehículos, sobre todo los que venden de alta gama para iniciar una investigación. Nunca nadie supo de gerald oropeza, y tenía varios autos de lujo. Esa unidad, con solo esa información tendría suficiente. Y rápidamente se vería a los corruptos, seguro se van a escudar en que su reglamento no les permite tal cosa, pues si es así vayan pensando en adaptar el reglamento.