Por: Carlos Tubino Arias Schreiber
En un mundo globalizado la migración ilegal se ha convertido en un serio problema, para los países que hacen esfuerzos para conseguir mejores condiciones de vida para sus connacionales.
Fluyen los migrantes de los países que han adoptado políticas económicas fracasadas como la estatización de sus economías, en desmedro de promocionar el libre mercado y la inversión privada.
En nuestro subcontinente este fenómeno no se produce por conflictos bélicos, sino por la pobreza originada por la hiperinflación con aumento de precios a diario, aunado con ingresos familiares paupérrimos derivados de puestos de trabajo con bajísimas remuneraciones.
Venezuela, uno de los mayores productores de petróleo del mundo que era la cuna de la modernidad en América Latina, cayó en el caos económico en el gobierno de Hugo Chávez 1999-2013, seguido por Nicolás Maduro hasta el presente, al implementar una economía estatista derivada de los programas del Socialismo del siglo 21, produciendo una ola migratoria de más de siete millones de personas que salieron abruptamente de su país para buscar un futuro mejor.
Las Naciones Unidas a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), calcula que en el Perú tenemos 1.6 millones de venezolanos, según una encuesta de INEI, el 31.8% de los adultos tienen estudios superiores; aunque también es importante señalar que hemos recibido oleadas de su lumpen, que han desatado una ola delictiva preocupante.
Otros problemas que se han originado son la competencia laboral con nuestros connacionales, el surgimiento de nuevos bolsones de pobreza, el aumento de la discriminación, la xenofobia, etc.
Se calcula que no menos de 300,000 venezolanos se encuentran en forma ilegal en territorio peruano, un número bastante alto para incrementarlo, frente a la actitud generada por Chile de complicar con una nueva legislación, la posibilidad de que los venezolanos que se encuentran en su país puedan regularizar su residencia.
Esto ha originado que miles de ellos estén tratando de ingresar a territorio peruano, a través de la Línea de la Concordia en la frontera terrestre con Chile, lo que el Perú como es lógico no está dispuesto a aceptar.
Por otro lado, el gobierno ha dictado el 26 de Abril cuatro medidas frente a la migración existente en nuestro país, estas son:
Se ha declarado el Estado de Emergencia las zonas fronterizas de siete regiones, no se incluyó Puno porque ya se encuentra con esa medida restrictiva.
Tendrán un plazo de seis meses para regularizar su situación.
Se les exonerará del pago de la multa establecida por encontrase en forma ilegal en el país.
El Poder Ejecutivo planteará la reforma del Art. 165 de la Constitución, para que las Fuerzas Armadas apoyen permanentemente a la Policía Nacional en la vigilancia y control de nuestras fronteras, al vislumbrarse que se vienen tiempos difíciles en los miles de kilómetros que nos separan con nuestras cinco naciones limítrofes.
Preocupa mucho las decisiones del gobierno en la frontera con Bolivia, al haber replegado a las Fuerzas Armadas y a otras entidades del Estado para evitar conflictos con las Comunidades Aimaras, que mantienen un control ilegal en varios puntos.
Esto debe ser corregido a la brevedad, ya que la crisis económica en Bolivia puede derivar en el corto plazo en una ola migratoria hacia el Perú.
