Por: Hugo Guerra Arteaga
Uno de los problemas que agravan la emergencia sanitaria y la inseguridad ciudadana es la invasión de venezolanos por nuestra frontera norte; asunto que la incapacidad del gobierno no atiende pese a las denuncias formuladas.
No se trata de xenofobia, sino de realismo y defensa del interés nacional. Veamos: Venezuela atraviesa por una crisis humanitaria como resultado del genocidio sostenido por Maduro. Eso afecta a toda la región sudamericana e impacta de manera especialmente a Colombia y el Perú.
Por ello el 2016 el gobierno de PPK lideró el Grupo de Lima como respuesta política a la dictadura de Caracas, algo que también hicieron Europa y EE.UU. Sin embargo, desde entonces se han cometido muchos errores. Primero se aceptó la entrada indiscriminada de ciudadanos de esa nacionalidad, con cargo a una legalización posterior, la cual ha sido relativa.
El 2018, contra la opinión especializada, Vizcarra suscribió el Pacto Global para la Migración, el cual genera una serie de derechos para los foráneos al punto de afectar necesidades básicas no saneadas de los propios peruanos. A eso se suma la incompetencia transversal del Estado que no ha planificado la identificación adecuada de los ingresantes al país ni la absorción equilibrada de los mismos siguiendo criterios lógicos de edad, núcleo familiar y distribución migratoria según profesión, oficio o necesidad de mano de obra en el interior de la República.
Hoy miles de venezolanos pululan en condiciones de miseria por Lima y una serie de ciudades costeras, sin que haya asistencia humanitaria y tampoco controles de seguridad que frenen la ola de crímenes por parte de quienes salieron de su país con un historial delictivo no detectado a tiempo.
Por supuesto, hay un porcentaje importante de migrantes que sí se han incorporado al Perú de manera contributiva para nuestra sociedad; pero salvo deportaciones mínimas, por su incapacidad política y técnica el gobierno no controla el flujo de indocumentados que nos invaden en Tumbes y Piura. El desorden y abuso de los extranjeros es de tal magnitud que nuestra frontera padece de increíble inseguridad ciudadana y corre el riesgo de convertirse en otra “Ciudad del Este”, donde se juntan ilegales, falsificadores de documentos, traficantes de personas, de armas y droga.
Frente a esto es exigible que Sagasti actúe con elemental eficiencia, sin imponernos su ideología socialistoide por encima del clamor ciudadano. Si no lo hace entonces sí puede haber un estallido xenófobo de graves consecuencia. Estamos advertidos.
