LA CONECTIVIDAD RURAL EN EL PERÚ: PELIGROS, ESCENARIO GEOPOLÍTICO Y PROPUESTA
Por: Fernando Ophelan, y Equipo de Pro Justicia
En el mundo, todos los gobiernos reconocen el papel estratégico de las redes de las telecomunicaciones y su uso por parte de la población. En el nuestro, por ahora, con este nuevo gobierno de Pedro Castillo Terrones, ese rol, en las zonas rurales y más alejadas del territorio pareciera empieza a verse entorpecido, más ahora en tiempos
del Covid-19.
Y es que a sabiendas de la importancia que los equipos tecnológicos y de telecomunicaciones forman parte dentro de la política de apoyo a las familias en situación vulnerable frente a la pandemia, que incluye el financiamiento de distintas prestaciones básicas, los gobiernos de Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y el actual, por decirlo menos, olvidaron que en ellas se incorporan también los servicios de telecomunicaciones, importante para la inclusión digital de la ciudadanía.
Con cambios sumamente bruscos como la caducidad del Contrato de Concesión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO), suscrito entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la empresa Azteca Comunicaciones Perú SAC, sumado al permanente cambio de funcionarios y de reglas de juego, el escenario para
este proyecto emblemático continúa siendo de preocupación, principalmente por la suerte que correrán millones de beneficiarios de dicha red en zonas rurales y aisladas, quienes actualmente no tienen acceso al servicio de Internet.
Aun cuando preocupa, sí, la posibilidad de una injerencia extranjera, que abordaremos en líneas posteriores, el malestar en todo ello surge porque se pretenda hacer creer a los peruanos que, hoy por hoy, la entidad a cargo de las operaciones de la RDNFO, como es el Programa Nacional de Telecomunicaciones (PRONATEL), cuenta con una
real capacidad y posibilidad técnica y legal para operar esta red, tomando una decisión apresurada e improvisada, probablemente por intereses creados por empresas de menor rango que ya operan en el medio.
A la luz de la real situación, esta es una decisión cuestionable, toda vez que recién en los próximos tres años se podrán medir los resultados de esta labor, pues a través de la Resolución Ministerial N° 689-2021-MTC/01 el Ejecutivo le ha conferido el rol a PRONATEL (dirigido actualmente por Jorge Luis Tupac Yupanqui Sagástegui) para
asumir provisionalmente de manera directa o por terceros la operación y mantenimiento de la red, dado el ruido político existente y la falta de expertiz en los funcionarios del MTC, se hace a un lado el verdadero compromiso de garantizar técnicamente la continuidad de la operación y mantenimiento de la RDNFO.
El verdadero cuestionamiento entonces no solo radica en la poca transparencia del proceso mostrado hasta ahora, ante los intereses de privados, sino también lo hecho por gobiernos anteriores hasta llegar al de Sagasti, que terminó rescindiendo unilateralmente el contrato con la empresa de capitales aztecas, generando la típica parálisis durante la transición de gobierno, a la que debe sumarse que en muchos casos se puso gente con falta de experiencia y con un PRONATEL que lo único que en la actualidad puede hacer es buscar una solución con exigencias a la operadora y que pueda garantizar que puede asumir el funcionamiento de la RDNFO en tan poco tiempo (bienes, infraestructura y equipamiento) y proveer convenientemente los servicios de dicha red.
Cabe enfatizar que cuando se encaminó este proceso, desde el despacho del entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo Gonzales Chávez, y el viceministerio de Comunicaciones, a cargo de Rosa Nakagawa Morales, se asegura que no se habría sabido negociar con Azteca Comunicaciones Perú SAC; menos, se preparó
a PRONATEL para la salida de esta empresa; revelándose además hechos sorprendentes, contenidas en la Resolución Ministerial N° 689-2021-MTC/01, de fecha 13 de julio de 2021.
Una de las razones para apurar la salida de esta empresa concesionaria, donde curiosamente la entonces viceministra laboró como Directora de Gestión Técnica y Proyectos (2016), era que la capacidad de la RDNFO se encontraba subutilizada; que en el año 2020 se utilizó solo el 3.2% de su capacidad instalada y los ingresos del proyecto solo cubrieron el 7.7% de los costos en los que incurre el Estado por el cofinanciamiento. ¿Acaso Rosa Nakagawa no se percató de nada de ello, desde enero de 2018 hasta noviembre de 2020, periodo en que se mantuvo en el viceministerio de Comunicaciones? Entre esos dos años, el MTC y Azteca Comunicaciones Perú SAC
evaluaron la posibilidad de realizar una adenda para optimizar el contrato y resolver la problemática existente, luego otra para caducar por mutuo acuerdo, y finalmente un acta que, sin modificar el contrato, resolviera el mismo. En ninguna de las oportunidades las partes llegaron a un acuerdo.
Más aún, se conoció que el Estado Peruano había realizado pagos por un total de 290 millones de dólares por inversión, mantenimiento y operación, lo que representaba un monto de cofinanciamiento mayor en aproximadamente 192 millones de dólares al monto estimado durante la estructuración del proyecto, ello a pesar de que no se cumplía con la finalidad para la cual fue diseñado. De allí que se estableció que no poner fin al contrato con Azteca Comunicaciones Perú SAC iba a generar perjuicios para la población.
RIESGOS
Articular una Red que implica el tendido de 13,636 kilómetros de fibra en todo el país para brindar servicio portador de banda ancha, que conecta a 22 capitales de región, 180 capitales de provincia y 136 localidades, resulta ser una labor titánica, más aún cuando el proyecto nunca alcanzó la rentabilidad deseada, conforme lo ha precisado
Marcela Mendoza, periodista especializada en telecomunicaciones.
El Perú, refiere, resolvió el año pasado salir del modelo con la Red Dorsal porque no se está usando y porque son todos los peruanos quienes pagan su mantenimiento. “Su existencia no se justifica así. El Estado ya gastó alrededor de 320 millones de dólares y no tendría que gastarse más en su mantenimiento. Algunos indican que todavía
tendría un valor de 100 millones de dólares, suponiendo que los servidores y nodos aún funcionen, porque tienen cinco años funcionando y todo eso se devalúa. Cien millones de dólares son una piedra en el pecho, pero son mejor que nada por una red que se oxida porque no se usa”, expresaría la periodista.
Y, si bien, Azteca Comunicaciones SAC al frente del manejo de la Red Dorsal consiguió atraer a cerca de 30 clientes, entre ellos a la chilena Entel, apenas llenaron el 7.0% de la red con su tráfico. Sumado a ello, inconveniente que afrontará PRONATEL, será que el trazo de la RDNFO fue concebido sobre plazas en la que ya existían otras redes de
transporte o donde terceros operadores – como Claro de América Móvil y Movistar de Telefónica – han construido en todo el territorio nacional sus propias infraestructuras (redes de transporte), una superposición de redes que entonces poco apoyó al despegue de la Red Dorsal.
Sin duda, al Programa Nacional de Telecomunicaciones le tocará hacer frente a múltiples obstáculos para su crecimiento, entre los que se cuenta, principalmente, su política regulatoria, aquella que obligaba a su hasta ayer concesionario, Azteca Comunicaciones SAC, a establecer una tarifa fija hasta tres veces más cara que la
competencia para el transporte de datos por toda la red.
Ello, sin contar que la empresa concesionaria saliente evidenció su inconformidad con la resolución del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y dejó abierta la posibilidad de recurrir un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones del Banco Mundial (CIADI).
A todo ello habría que añadir el matiz político que reviste el tema de contar con un nuevo operador de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, tal como lo ha puesto de manifesto el congresista José Cueto, al denunciar que existen presiones para paralizar la concesión e inclusive de intereses ajenos a la soberanía nacional, no dudando en
hacer un llamado al presidente Pedro Castillo y el ministro Juan Silva a no ceder ante ello y continuar con este proceso en beneficio del país.
Pedido que, a su vez, ha tenido eco en el exministro de Defensa y Cultura, Jorge Nieto, quien puso en evidencia que este proyecto emblemático genera pérdidas millonarias al país, que el Estado no pueda ofrecer garantías para su servicio y que ahora se cometan presuntas irregularidades en la licitación para su operación y mantenimiento.
El político afirma que constituye un escándalo el hecho de no poder utilizar esta tecnología y sus redes de comunicación a favor del país; lo cual se agrava frente al hecho que en el proceso de licitación, ante la salida de Azteca Comunicaciones SAC se adviertan serias anomalías, como el que haya sido convocado de manera irregular, sin hacerse público a través del portal web del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
Menos aún, se expresen con claridad los términos de referencia y tampoco las ofertas las empresas, estableciéndose condiciones técnicas que restringen el proceso, como el que las empresas postoras deban acreditar la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones como mínimo en 10 regiones a nivel nacional; situación que haría
sospechar una suerte de direccionamiento.
ESCENARIO GEOPOLÍTICO
No obstante, lo mostrado hasta el momento por el Ejecutivo ha sido solo capear el problema, lejos de impulsar una rápida y correcta selección de un grupo empresarial de experiencia que le dé solución a lo que se nos viene; sumado al hecho de flexibilizar ciertas barreras para permitir la participación de firmas comerciales provenientes del
extranjero, curiosamente vinculadas de manera directa a gobiernos de extrema izquierda, caso Bolivia, Venezuela y probablemente Cuba.
A futuro, para el Perú, consumar una presencia internacional de estos países en las operaciones de la RDNFO, terminaría siendo perjudicial; máxime cuando existe un descontrolado afán reformista, de intervención política e ideológica en toda Sudamérica, al que se han ido uniendo países como Brasil, como cabeza del Foro de
Sao Paulo y, recientemente Chile, con la elección de Gabriel Boric.
No habría que descuidar que al igual como ocurre con Estados Unidos y China, geopolíticamente, el control del suministro del servicio de internet en los países de América Latina, hoy por hoy se constituye en un apetito insaciable para los gigantes de la izquierda, que anhelan el control de todas las rutas digitales y encarnan una lucha
por la ‘administración’ de infraestructuras eminentemente estratégicas.
Esto, por razones notoriamente obvias, resulta ser riesgoso y pone en vilo el futuro de todos los peruanos. Más aún cuando al frente de un país como Perú se tiene un gobierno con figuras políticas como Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, quienes habrían decidido para sus intereses emprender a grandes escalonadas – so pretexto de
impulsar una profunda transformación digital- el control directo de la conectividad rural en el Perú, a través de PRONATEL, donde todavía se tiene a 6.5 millones de ‘excluidos digitales’, ávidos por tener acceso a internet.
La propuesta, según especialistas como el exviceministro y exgerente general de Osiptel, Alejandro Jiménez Morales, apuntaría al intento de adoptar el modelo implementado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en Venezuela (Conatel) o el de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones en Bolivia (Entel), que terminaron convirtiéndose en el encubierto e ilegal brazo político y caja chica de los gobiernos de Nicolás Maduro y Evo Morales, respectivamente.
Para tener una noción más clara de lo que podría darse en el Perú es lo ocurrido en estos dos países. Y es que mientras en Venezuela, con el dictador Nicolás Maduro en el gobierno, la libertad en el uso de internet y conectividad se deterioró por fallas de infraestructura y los proveedores de servicios – estatales y privados – bloquearon a la población fuentes clave de noticias e información independientes; en Bolivia, el
gobierno de Evo Morales creó un camino para que el gobierno vigile las redes sociales so pretexto para la prevención de delitos, propuesta enteramente perjudicial para la afanada libertad de expresión. ¿Por qué no pensar que lo mismo podría llegar a ocurrir en el Perú?
Pese a esto, el interés de la empresa Entel Bolivia es real y se ha mantenido intacto desde hacía un buen tiempo, pues se ha evidenciado el propósito de sacar su tráfico por el Pacífico a través de sus propios cables de fibra óptica y conectarlo directamente con terceras redes. Incluso, desde inicios del año pasado ya se hacía mención a la posibilidad de hacer negocio con el operador de la Red Dorsal en Perú, Azteca Comunicaciones SAC, en el transporte de tráfico. En este caso, la intención boliviana sería concretar esta valiosa oportunidad de operar la Red Dorsal peruana para acceder al tráfico internacional.
Existe pues, advierte Jiménez Morales, un riesgo de desconectar a millones de peruanos, donde lejos de establecer si la empresa boliviana Entel cuenta o no con un respaldo técnico que cumpla con los Términos de Referencia (TdR), lanzados por el PRONATEL para conseguir al nuevo operador de la RDNFO, se tendría que priorizar
porque la empresa que gane cuente con la solvencia tecnología y financiera para soportar las operaciones de mantenimiento, aun cuando para los intereses de los países extranjeros es un recurso sumamente estratégico.
Y es que lejos de validar en el país desconocidos planes tecnológicos, con soterrados propósitos políticos, y de resultados infaustos en los países vecinos, bien se haría desde el Ejecutivo, pese a lo limitado del Estado Peruano, permitir que el Programa Nacional de Telecomunicaciones se imponga como entidad meramente técnica y haga
ver a las autoridades la trascendental mirada multidimensional y el contexto geopolítico que encierra la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica.
Frente a este contexto, el gobierno de Pedro Castillo, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y PRONATEL, debería invertir y buscar a las empresas con tecnología de punta para impulsar desarrollo, que a su vez generará un impacto positivo en el Producto Bruto Interno (PBI) cuando se tiene conectividad. Vale decir,
darle a la gente del interior del país, especialmente de las zonas rurales, las mismas condiciones de la costa. Ello, con decisión política, con una agenda concertada con el sector privado y los expertos en telecomunicaciones.
Se avecinan duros momentos en el terreno de la conectividad, más aún en tiempos de pandemia por la Covid-19; sin embargo, nada imposible para un gobierno nacional que, asegura, su principal preocupación son los más pobres y que, frente a esta situación, a través del Programa Nacional de Telecomunicaciones, debería preocuparse por la adjudicación de proyectos regionales urgentes para la operación y mantenimiento de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica.
