EL JEE DE LIMA ESTE PROHIBE A DIOS

Por: Luciano Revoredo

La reciente Resolución N.º 00212-2025-JEE-LIE1/JNE del Jurado Electoral Especial de Lima Este no solo sorprende: desconcierta, alarma y termina rozando lo ridículo. La sanción impuesta a Rafael López Aliaga por invocar a Dios y alzar una imagen del Señor de los Milagros durante un mitin político en Santa Anita es un ejemplo casi perfecto de cómo una autoridad puede extraviarse cuando confunde la necesaria neutralidad del Estado con la expulsión forzada de la fe del espacio público.

Que el JEE registre, como si se tratara de un acto ilícito, los segundos exactos en los que un ciudadano menciona a Dios o eleva un símbolo religioso, revela una mirada profundamente equivocada sobre la identidad del país que pretende regular. El Perú no es una hoja en blanco a la que se le puedan borrar tres siglos de historia espiritual con una resolución administrativa. Es un país cuya propia Constitución, en su Preámbulo, invoca explícitamente la protección de Dios Todopoderoso. Un país cuya tradición cultural, festiva y social está atravesada por la fe cristiana y católica, no como un adorno, sino como un elemento constitutivo de su alma colectiva, de su propia identidad.

El exceso del JEE lleva a pensar que, de mantener esta lógica delirante, pronto quedará también prohibido entonar el Himno Nacional en un acto partidario. Después de todo, la primera estrofa —esa que solemos cantar con orgullo— menciona al “Dios de Jacob”. Si invocar a Dios constituye una infracción electoral, entonces el Himno mismo sería propaganda religiosa prohibida. El absurdo se vuelve caricatura cuando un organismo del Estado se coloca en posición de censurar hasta los símbolos patrios, solo porque nuestra identidad nacional no cabe en su interpretación estrecha de la laicidad.

Por eso resulta tan grave que el JEE pretenda que un político, por el simple hecho de hacer política, renuncie a expresar su identidad religiosa. La libertad de conciencia y de religión, reconocida en el artículo 2 de la Constitución, ampara no solo la fe privada sino su manifestación pública. La Declaración Universal de los derechos humanos, suscrito por el propio Estado peruano, también protege la expresión visible de las convicciones espirituales. Pretender que un candidato o cualquier ciudadano oculte quién es en campaña equivale a pedirle que se despoje de una parte esencial de su humanidad.

Pero la resolución del JEE va más allá: llega incluso a sostener que mostrar una imagen del Señor de los Milagros en octubre constituye una influencia indebida sobre el electorado por tratarse del “mes morado”. Es decir, la autoridad reconoce que la devoción popular existe, pero en lugar de respetarla, la convierte en sospecha y en presunto mecanismo de manipulación. Según ese razonamiento, el problema no sería el acto político, sino que los peruanos tienen fe. Una afirmación tan paternalista como ofensiva, pues sugiere que los ciudadanos serían incapaces de discernir por sí mismos si ven un símbolo religioso que forma parte de la vida cotidiana del país.

El Señor de los Milagros no es un instrumento partidario; es el ícono religioso y cultural más importante del Perú. La fe que despierta no es doctrinal: es histórica. Es parte del patrimonio espiritual, artístico y social de generaciones enteras. Prohibir que un político reciba una imagen del Cristo Moreno es desconocer la identidad de un país que camina en procesión desde hace siglos. Es desconocer al Perú que existe realmente, no al que algunos quisieran diseñar desde un escritorio.

En este caso que el JEE sanciona lo que hubo fue  un político expresando sus convicciones personales y recibiendo un símbolo de devoción, como tantos ciudadanos lo hacen a diario. Convertir eso en infracción electoral es una interpretación no solo exagerada, sino abiertamente incompatible con la Constitución y con los estándares internacionales que rigen la libertad de expresión y de religión.

La resolución es un exceso jurídico y un despropósito cultural. Su argumento no protege al elector: lo infantiliza. No defiende la neutralidad estatal: la desnaturaliza. No fortalece la democracia: la reduce a un campo de restricciones en el que solo se admite la expresión política previamente filtrada y esterilizada por burócratas que parecen desconocer la sociedad que regulan. En cualquier democracia madura resulta inadmisible que un organismo electoral sancione la mención de Dios, especialmente en un país donde la Constitución lo invoca y donde la fe es parte viva de la identidad nacional.

Defender a Rafael López Aliaga en este caso no es un acto partidario, sino un acto democrático. Es defender la libertad religiosa, la libertad de expresión y el derecho de cada ciudadano a participar en política sin renunciar a su fe. Es afirmar que la identidad espiritual del país no puede ser censurada bajo pretexto electoral. Si hoy se sanciona a un candidato por alzar la imagen del Señor de los Milagros, mañana se pretenderá que ningún político pueda persignarse, que no asista a misa durante la campaña o que no exprese sus convicciones más profundas cuando hable de moral, de dignidad o de servicio público. Ese camino conduce a una democracia empobrecida, desconectada de su gente y hostil a la diversidad espiritual de sus ciudadanos.

La fe no es propaganda. La devoción no es delito. La identidad no se sanciona. Y ningún organismo electoral tiene competencia ni autoridad moral para decidir qué símbolos culturales pueden ingresar al espacio público y cuáles no. El Perú es un país creyente, por historia y por convicción. Y ni la burocracia más celosa podrá borrar lo que está grabado en la conciencia colectiva de una nación que, desde hace siglos, se arrodilla ante la misma imagen que hoy el JEE pretende censurar.

¡Viva el Perú católico!