ENTRE LA CENSURA Y LA IMPUNIDAD

Por: Luciano Revoredo

El reciente mensaje de Keiko Fujimori no constituye una defensa genuina de la gobernabilidad, sino un intento de deslegitimar al liderazgo que hoy desafía con mayor claridad el statu quo de la política peruana. Al calificar de “caviares” y “misóginos” a los integrantes de Renovación Popular, la lideresa de Fuerza Popular paradójicamente, adopta el léxico de la izquierda radical para intentar neutralizar a su competidor directo e incurre en una contradicción evidente, Rafael López Aliaga ha sido uno de los opositores más consistentes de la llamada caviarada.

Las encuestas de febrero de 2026 reflejan una tendencia que explica la virulencia del ataque. Mientras Keiko permanece anclada en su núcleo duro, Rafael López Aliaga ha crecido varios puntos porcentuales consolidando una curva ascendente. No es un dato menor. La diferencia entre ambos no radica únicamente en estrategia electoral, sino en la postura asumida frente a la crisis de José Jerí. Mientras el fujimorismo privilegia cálculos parlamentarios orientados a preservar una “estabilidad” que, en la práctica, beneficia a quienes ya ocupan el poder, López Aliaga ha optado por una posición firme que conecta con un sentimiento ciudadano cada vez más extendido: la exigencia de decencia y coherencia en el ejercicio público.

Por otro lado, resulta forzado invocar la carta del “ataque a la mujer” para blindar a un presidente cuestionado. La Fiscalía ha señalado que el ingreso de determinadas mujeres al despacho presidencial y sus posteriores contrataciones en el aparato estatal no responderían a meros actos protocolares, sino a un esquema de favores personales financiados con recursos públicos. Llamar a las cosas por su nombre no es misoginia, es fiscalización. Y son precisamente millones de mujeres peruanas, trabajadoras y madres de familia, quienes más rechazan la utilización del Estado como agencia de empleos para personas cercanas al poder. Investigaciones periodísticas de los últimos días así como de la fiscalía han esclarecido mucho más el asunto de las “visitadoras” y los casos de prostitución en el congreso.

El mensaje de Fuerza Popular, además, carece de una propuesta política sustantiva. Se limita a descalificar a su adversario llamándolo inmaduro, pero evita responder al fondo del problema. La etiqueta de “López Aliaga caviar” no resulta creíble en alguien cuya trayectoria pública ha estado marcada por una confrontación constante con esa corriente ideológica. Tampoco parece medir el costo de enfrentarse a una corriente de opinión que, en amplios sectores mediáticos y digitales, ha respaldado la censura de Jerí. Al oponerse, el fujimorismo no solo discrepa con Renovación Popular, sino que corre el riesgo de aislarse frente a un clima ciudadano que reclama mayor firmeza.

En el trasfondo aparece un temor más profundo, el escenario de una segunda vuelta sin Keiko Fujimori. En distintos círculos políticos se comenta la posibilidad de que López Aliaga consolide su crecimiento y dispute la presidencia frente a otras figuras emergentes, relegando al fujimorismo a un papel secundario. De allí la necesidad de elevar el tono y polarizar el debate.

El Perú no necesita llamados abstractos a la paz que, en la práctica, terminen siendo pactos de impunidad. La censura de José Jerí se percibe, para la mayoría de  ciudadanos, como una exigencia ética antes que como una jugada política. En ese contexto, Keiko Fujimori parece haber optado por la defensa de un modelo de estabilidad que prioriza la conservación de espacios de poder antes que una reforma profunda. Renovación Popular bajo el liderazgo de Rafael López Aliaga, al mantener una postura firme frente a lo que considera actos indebidos, busca posicionarse como la alternativa de ruptura frente a la política tradicional. El debate ya no es meramente parlamentario, es moral y electoral, y finalmente será la ciudadanía quien tenga la última palabra.