Por: Luciano Revoredo
Hay momentos en la historia de una nación donde el silencio deja de ser prudencia para convertirse en traición. Hoy, ese silencio rodea el avance de una estructura que, bajo la promesa de modernidad y progreso, parece estar levantando un muro de impunidad en nuestra propia costa. Hablo, por supuesto, del megapuerto de Chancay y de la peligrosa campaña de intimidación desatada contra el periodista Diego Acuña, quien ha tenido el valor de mirar donde otros prefieren cerrar los ojos.
Lo que está ocurriendo con Acuña no es un incidente aislado ni un simple malentendido corporativo; es un síntoma de una enfermedad institucional más profunda. Cuando una empresa con el respaldo de un Estado totalitario extranjero se siente con el derecho de enviar misivas amedrentadoras a un comunicador por el simple hecho de cuestionar la entrega de nuestra soberanía, la libertad de prensa en el Perú entra en una fase crítica. No podemos llamar “socio estratégico” a quien utiliza tácticas de censura para acallar las dudas legítimas sobre cómo se administrarán nuestras fronteras marítimas.
El panorama que Acuña ha denunciado y que la diplomacia estadounidense ha ratificado con una franqueza poco habitual, es desolador. Mientras en Lima se pretende que todo está bien, en los puertos de Coishco y Paita nuestros pescadores artesanales ven cómo el horizonte se llena de luces extranjeras que depredan el mar peruano con una impunidad inaceptable. Esa conexión entre el hormigón de Chancay y el saqueo en el litoral es el nudo gordiano que el poder intenta ocultar a toda costa.
¿En qué momento decidimos que la inversión extranjera otorgaba un salvoconducto para operar por encima de nuestras leyes? El reciente blindaje judicial que pretende sustraer al puerto de la supervisión de Ositrán es la estocada final a la institucionalidad. Estamos entregando la llave de nuestra casa a un inquilino al que, por orden de un juez, ya no podemos ni siquiera preguntarle qué guarda en el sótano. Ante este escenario, la labor de vigilancia de la prensa independiente no solo es necesaria, es un acto de resistencia patriótica.
Cerrar filas con Diego Acuña es, en esencia, defender el derecho de todo peruano a saber quién manda realmente en su territorio. No se trata solo de un periodista frente a una corporación; se trata también de la supervivencia de la soberanía nacional frente a la voracidad de un capital que no admite críticas. Si permitimos que se apague la voz de quienes denuncian la entrega de nuestro mar y de nuestra dignidad, lo que seguirá no será el progreso, sino el eco de un país que se vendió por partes y olvidó cómo reclamar lo que es suyo.
La verdad no puede ser objeto de concesión, y hoy, esa verdad está del lado de quienes no se dejan silenciar.
De acuerdo. Hace rato que lis Chinos como buenos comunistas depredan nuestro mar, no cumplen con poner GPS a sus embarcaciones para que no detectemos que están pescando dentro de las 200 millas perjudicando a los pescadores artesanales. Porque el Peru no admite inversores de Australia, Nueva Zelanda, Holanda y otros países con practicas correctas. Porque existe la corrupción en el Perú y las autoridades son vende patria.