LA ESTABILIDAD FALAZ DE UN SISTEMA EN DESCOMPOSICIÓN

Por: Luciano Revoredo

La crisis política que atraviesa el Perú no puede seguir explicándose como una sucesión de errores individuales o malas decisiones circunstanciales. Esa narrativa resulta cómoda, pero es falsa. El país vive desde hace años una crisis estructural del sistema político, una degradación constante que ha convertido la inestabilidad en rutina y la precariedad en la forma de gobierno más recurrente.

El núcleo de esta crisis es la ruptura entre poder y representación. El Estado funciona en lo formal, pero ha perdido legitimidad moral. El Ejecutivo gobierna sin respaldo político real ni visión de largo plazo. El Congreso legisla sin proyecto nacional y actúa, con demasiada frecuencia, como una suma de intereses particulares, lobbies y miradas fragmentadas. Los partidos, salvo contadas excepciones, han sido reemplazados por maquinarias electorales efímeras, sin doctrina, sin cuadros y sin compromiso con algo que trascienda la próxima elección.

En este contexto, los mecanismos constitucionales dejaron de ser excepcionales para convertirse en instrumentos ordinarios de guerra política. Vacancias, censuras y acusaciones se utilizan no para corregir desviaciones graves, sino para debilitar al adversario o ganar posiciones momentáneas. Por eso se aplican cuando “conviene” y no cuando corresponde. Se respeta la letra de la ley mientras se traiciona su espíritu. El resultado es un sistema que se desgasta a sí mismo cada día y genera desazón y frustración en la población.

La corrupción, lejos de combatirse con coherencia, se ha normalizado. Se la denuncia de manera selectiva, se la relativiza según conveniencia y se la convierte en arma política. Esta doble moral ha sembrado la idea, profundamente corrosiva, de que todos son iguales y nada puede cambiar.

Se confunde estabilidad con resignación y gobernabilidad con silencio. Se exige tolerar gobiernos débiles, incompetentes o moralmente cuestionables en nombre de una paz y una estabilidad ficticias. Ese discurso no protege la democracia, la vacía de contenido.

Se pretende proteger la “estabilidad” prorrogando la vigencia de personajes e instituciones corruptas. Esa falsa estabilidad tiene un alto costo y conduce a que la población termine descreyendo del sistema. El ciudadano, mientras tanto, se aleja. No por apatía, sino por hastío. La política se percibe como un espectáculo cerrado, ajeno y cínico. Se vota sin esperanza y se observa con desconfianza. Cuando una democracia pierde el vínculo emocional con su sociedad, deviene en irrelevante, y eso es muy peligroso.

Un ejemplo elocuente de esta deriva fue el gobierno de Alejandro Toledo, sostenido durante años bajo el argumento de preservar la estabilidad institucional y económica, aun cuando ya se acumulaban denuncias graves y signos evidentes de corrupción. Se prefirió mirar hacia otro lado en nombre de la gobernabilidad, como si cuestionar al poder pusiera en riesgo al país, cuando en realidad lo que se erosionaba era la confianza pública. Esa lógica, la de tolerar lo indebido para no “desestabilizar”, terminó produciendo exactamente lo contrario, una ciudadanía indignada, una clase dirigente desacreditada y una democracia herida. La estabilidad sin integridad no es estabilidad, es simulación, y cuando la simulación se vuelve costumbre, el sistema entero pierde legitimidad ante los ojos de quienes debería representar.

En la coyuntura actual, el caso de Jerí vuelve a poner sobre la mesa esa peligrosa tentación de confundir estabilidad con encubrimiento. Se apela a la necesidad de “no generar crisis”, de “cuidar la institucionalidad”, mientras se relativizan cuestionamientos serios que merecerían respuestas claras y oportunas. El mensaje implícito es siempre el mismo, no es momento de remover, no es prudente exigir demasiado, no conviene incomodar al poder. Pero cada vez que la política opta por protegerse a sí misma antes que esclarecer los hechos, el daño no es solo moral, es estructural. La ciudadanía percibe el doble estándar, advierte la indulgencia selectiva y confirma su sospecha de que las reglas no son iguales para todos. Así, lo que se presenta como defensa del orden termina siendo un nuevo capítulo en el deterioro de la confianza pública.

El Perú no atraviesa solo una crisis de gobernabilidad. Lo que se ha fracturado es algo más profundo, la autoridad moral, el sentido de dirección y la credibilidad de sus élites. En ese escenario, no abundan los liderazgos capaces de ofrecer una estabilidad real en las próximas elecciones, entendida no como simple continuidad administrativa sino como capacidad de ordenar, convocar y sostener un rumbo claro. La experiencia reciente demuestra que la fragilidad no se corrige con improvisación ni con candidaturas etéreas, sino con figuras que combinen decisión política, estructura y coherencia. Entre los pocos que hoy parecen reunir esas condiciones destaca Rafael López Aliaga, cuya presencia introduce un factor de previsibilidad y firmeza en un panorama disperso. Sin reconstrucción institucional, sin partidos auténticos y sin reglas respetadas en su espíritu, el ciclo seguirá repitiéndose. Pero cuando existe un liderazgo con voluntad definida y respaldo orgánico, la estabilidad deja de ser una promesa retórica y puede convertirse en una posibilidad concreta.

El problema ya no es quién cae o quién resiste unos meses más. El verdadero riesgo es seguir normalizando la degradación, hasta que el sistema pierda toda capacidad de regenerarse. Negarlo es complicidad. La historia no absolverá a quienes miran hacia otro lado mientras la democracia se vacía por dentro y se desmorona moralmente.