Por: José Antonio Torres Iriarte
La democracia peruana debe afirmarse en la separación de poderes, en el ejercicio de la libertad de expresión y en la existencia de organismos electorales que garanticen resultados electorales absolutamente confiables y certeros. El Congreso de la República debe ejercer su tarea de control político y evitar que el poder Ejecutivo pretenda asumir competencias que son exclusivas y excluyentes de la representación nacional.
Cuando el 30 de Setiembre del 2019, el Presidente del Consejo de Ministros de ese entonces ingresara en el Hemiciclo del Congreso, interrumpiendo la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, se pusieron de manifiesto las formas antidemocráticas del señor Salvador del Solar y la maniobra política del gobierno de Martín Vizcarra, que tenía como objetivo impedir la renovación del T.C., luego que seis de sus siete magistrados se encontraban con mandato vencido. Ese día, después de la acción actoral del señor del Solar, el Congreso de la República fue disuelto inconstitucionalmente, so pretexto de que se le había negado fácticamente la confianza al Gabinete. El golpe perpetrado en Setiembre del 2019 por Martín Vizcarra, posteriormente sería convalidado por 4 magistrados del T.C., demostrando que más allá del razonamiento jurídico, primaba en sus argumentos la consigna política.
La reciente promulgación por el Congreso, de la ley de desarrollo constitucional que precisa los alcances de los artículos 132 (segundo párrafo) y el artículo 133 de la Constitución; demuestra la clara voluntad política de una amplia mayoría de congresistas, en defender los fueros parlamentarios ante un gobierno que a pocas horas de realizarse la sesión plenaria, (el último martes) trató de impedir el debate del dictamen de insistencia aprobado por la Comisión de Constitución. El gobierno presentó una iniciativa de reforma constitucional, que más allá de todo, pretendía impedir que el Congreso restablezca el equilibrio de poderes que fue vulnerado por el gobierno de Vizcarra y por los cuatro magistrados (Ledesma, Ramos Núñez, Espinoza Saldaña y Miranda) cuando desarrollaron el concepto de “denegación fáctica” de la confianza.
Puedo asegurar que Pedro Castillo no es un demócrata, ni es un estadista, que se ha propuesto reactivar la economía, alentar la inversión y el crecimiento económico, para reducir la pobreza; por el contrario sus habilidades como organizador y agitador se ponen de manifiesto en el ejercicio del poder. El sombrío gabinete Bellido, demostró cómo al gobierno le interesa más la toma del poder, que la administración del Estado y la implementación de políticas públicas sectoriales.
El gobierno carece de mayoría en el Congreso y de manera reiterada está demostrando que le es imposible formar una coalición parlamentaria sólida; siendo insuficiente el respaldo de la bancada de Juntos por el Perú. El partido de gobierno es marxista leninista y más alla de los matices, tiene un proyecto político de largo plazo, que puede ubicarse u oscilar entre el castrochavismo de un lado y la influencia de Evo Morales por otra; por ello en sus primeros meses de gobierno restablece relaciones diplomáticas con la dictadura de Nicolás Maduro, virtualmente liquida el “Grupo de Lima”, afianza sus lazos con el gobierno de Bolivia y acepta que Evo Morales, se convierta en un asesor “en la sombra” y protagonista de la política nacional.
América Latina y el Perú en especial, están afectados por los efectos de la crisis sanitaria, la caída del empleo y el aumento de la pobreza; lo que exige realistamente que mejoremos nuestra inserción en la economía internacional. Pedro Castillo no cedió en sus objetivos, cuando designó como Presidenta del Consejo de Ministros a la ex presidenta del Congreso Mirtha Vásquez; por el contrario ha logrado hacer una pausa, ganar tiempo y mantener presencia política en el sector Educación con el ministro Gallardo, controlar un ministerio estratégico como el Mininter con el ex oficial de la P.N.P. Barranzuela y conservar en el Ministerio de Defensa al cuestionado Walter Ayala.
A ello se suma que el Embajador Maúrtua de Romaña, como Ministro de Relaciones Exteriores está evidenciando que es un colaborador incondicional del gobierno, que no tiene reparo en justificar la propuesta como Embajador en Venezuela, del señor Richard Rojas, incurso en investigaciones a cargo del Ministerio Público y sobre el que el Poder Judicial ha dictado 6 meses de impedimento de salida del país. El Canciller Maúrtua debió renunciar por decoro, pero es claro que se siente cómodo en un gobierno signado por las formas poco democráticas y una visión política autoritaria.
El gabinete que preside Mirtha Vásquez, expresa una aparente moderación sólo en las formas, siendo claro que la militante del Frente Amplio, es una confesa ambientalista y antiminera, que se opuso a la vacancia de Martín Vizcarra, que como Presidenta del Congreso obstaculizó la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, colaboró estrechamente con el gobierno del señor Sagasti y trató de impedir que se avance en las investigaciones sobre el llamado “vacunagate”.
No creo en la vocación democrática de Mirtha Vásquez, que en su momento no tuvo reparo en oponerse a proyectos mineros, que de haberse desarrollado oportunamente hubieran tenido un efecto dinamizador en la economía nacional. La Premier Vásquez, más allá de cualquier matiz, no ha dudado en sumarse a un proyecto político autoritario. La izquierda comunista en nuestro país, desde el ortodoxo Partido Comunista pro soviético del siglo pasado, ha tenido diversas identidades políticas; siendo en la actual coyuntura esencial que las fuerzas democráticas con presencia o no en el Congreso Nacional defiendan la libertad frente a la amenaza totalitaria, que se cierne sobre el Perú.
