Por: Luciano Revoredo
Hay algo que empieza a volverse costumbre en nuestra política y que debería preocuparnos a todos: cuando los resultados electorales no terminan de satisfacer las expectativas de determinados sectores, aparecen de inmediato las dudas, las interpretaciones interesadas y las propuestas de cambiar las reglas del juego. Ya no basta con contar los votos y esperar que las autoridades electorales cumplan su función. Ahora parece necesario abrir una nueva discusión, alimentar la incertidumbre y poner en cuestión aquello que, hasta hace poco, nadie consideraba discutible.
Lo ocurrido durante el conteo de votos para la Municipalidad de Lima es una muestra de esta preocupante manera de entender la democracia.
Al comienzo de la jornada, las proyecciones daban una ventaja clara a la lista encabezada por Rafael López Aliaga. Las encuestas y el boca de urna daban por hecho un abultado triunfo. Incluso ese domingo por la noche y en televisión nacional Allison saludaba el triunfo de López Aliaga.Pero como ya se viene convirtiendo en una constante, al caer la noche el conteode ONPE reducía considerablemente esa diferencia. Entonces ahí comienza esa película de suspenso que ya hemos visto varias veces. Era natural que los ciudadanos siguieran con atención cada actualización. En una elección reñida, como debemos creer que ha sido esta, cada acta cuenta y cada voto tiene un valor decisivo. Lo que no resulta razonable es convertir esa legítima expectativa en un terreno fértil para las especulaciones y las fantasías.
La reducción de una ventaja no significa, por sí sola, que el resultado esté en cuestión. Tampoco un margen estrecho autoriza a desconocer las tendencias que se desprenden del escrutinio. Las cifras deben analizarse con seriedad, tomando en cuenta las actas pendientes, su procedencia y los votos que efectivamente pueden aportar. Si las proyecciones disponibles, según el análisis de todos los especialistas, apuntan a una diferencia imposible de revertir, corresponde asumir esa realidad con claridad, sin alimentar expectativas que los propios números no respaldan.
En una democracia, la incertidumbre tiene un límite: el que imponen los hechos y las reglas electorales. Hasta que el conteo oficial concluya, es razonable mantener la prudencia. Pero una cosa es esperar los resultados definitivos y otra, muy distinta, es convertir cada variación en una oportunidad para instalar sospechas o prolongar artificialmente una controversia. El triunfo de López Aliaga, amplio como pareció al principio o ajustado como el que presenta a paso de tortuga la ONPE, es un hecho inevitable.
Lo más llamativo, sin embargo, vino después. Ante la posibilidad de que Rafael López Aliaga asumiera la conducción de la Municipalidad de Lima, comenzó a plantearse, desde sectores de la izquierda y desde el entorno político de Francis Allison y asumida por él mismo, la idea peregrina de establecer una segunda vuelta electoral para la alcaldía de Lima. La propuesta fue recogida y comentada por diversos medios, como si se tratara de una alternativa que pudiera ponerse en marcha sin mayores dificultades. Pero aquí es donde corresponde detenerse y formular una pregunta elemental: ¿dónde está la norma que permite hacerlo?
Las elecciones no se rigen por los deseos de los candidatos, por las expectativas de sus partidarios ni por las preferencias de los comentaristas. Se rigen por la ley. Si el ordenamiento electoral peruano establece un mecanismo determinado para elegir a las autoridades municipales y contempla reglas para cubrir la alcaldía en determinadas circunstancias, esas disposiciones deben respetarse. No se puede improvisar un procedimiento nuevo porque el resultado de las urnas no coincide con lo que algunos esperaban.
La idea propuesta de una segunda vuelta no es, por tanto, una discusión menor. Pretender introducirla para resolver una elección ya en marcha plantea un problema de fondo: las reglas electorales deben conocerse de antemano y aplicarse por igual a todos. No pueden convertirse en materia de negociación cuando los resultados comienzan a perfilarse.
Debo decir, además, que tengo la mayor simpatía por Francis Allison a quien conozco hace más de veinte años y lo considero una buena persona y un buen alcalde. Precisamente por eso, le recomendaría serenidad y prudencia. En política también hay que saber esperar el momento oportuno, aceptar las reglas y prepararse para la siguiente oportunidad. Las próximas elecciones llegarán y allí podrá defender sus aspiraciones ante los ciudadanos, dentro de las normas que todos debemos respetar. La política exige convicciones, pero también paciencia y respeto por las instituciones.
Si alguien considera que el sistema electoral debe modificarse, está en su derecho de presentar una iniciativa y defenderla por los cauces correspondientes. Podemos discutir si el modelo actual de elección municipal es el más conveniente, si requiere ajustes o si existen mecanismos que merecen ser revisados. Lo que no resulta aceptable es confundir esa discusión legítima con la pretensión de alterar las condiciones de una contienda concluída, con un evidente ganador, cuyo desenlace se encuentra sujeto a normas previamente establecidas. Las reglas de juego no se cambian cuando el partido ya acabó.
Y aquí también cabe una responsabilidad para los medios de comunicación. La prensa tiene el deber de informar, preguntar y fiscalizar. Debe recoger las posiciones de los distintos actores políticos, incluso cuando resultan polémicas. Pero informar no significa otorgar a cualquier propuesta el mismo peso que a una disposición legal vigente. Una cosa es explicar que determinado sector reclama una segunda vuelta y otra es presentar esa posibilidad como si fuera una salida jurídicamente disponible. Entre ambas existe una diferencia que el periodismo no debería pasar por alto, pero para eso existe la prensa que el ingenio popular ha llamado “mermelera” y que no puede ocultar su animadversión hacía López Aliaga.
Es así que vemos como algunos medios han ido más allá de informar sobre la propuesta y han comenzado a instalar en la opinión pública los resultados de una posible elección de segunda vuelta que no existe. Por ejemplo RPP difundió el 14 de octubre una encuesta de Ipsos para Perú21 según la cual el 57 % de los limeños votaría por Francis Allison y el 33 % por Rafael López Aliaga en un hipotético balotaje. El dato no deja de llamar la atención: se presenta con cifras y porcentajes un escenario electoral cuya viabilidad jurídica no existe ni va a existir y que, según la propia publicación, no está contemplado en la legislación vigente. ¿Qué sentido tiene alimentar las expectativas sobre quién ganaría una segunda vuelta que hoy no forma parte de las reglas electorales? Ninguna otra que debilitar el triunfo inminente de López Aliaga. Esa prensa adicta a la publicidad estatal, las consultorias y el establishment de la república caviar.
Una encuesta puede medir opiniones, pero no crea derechos electorales ni modifica la ley. Mucho menos puede convertirse en argumento para reabrir una contienda sobre la base de un escenario imaginario. Antes de especular sobre quién ganaría una segunda vuelta, hay una pregunta mucho más importante que responder: ¿existe sustento legal para convocarla? Cuando una iniciativa carece de una vía legal identificada, lo responsable es decirlo. Cuando una declaración contradice las reglas vigentes, corresponde señalarlo. Y cuando una controversia se sostiene más en expectativas políticas que en argumentos jurídicos, el público merece conocer esa diferencia. De lo contrario, los medios terminan de cómplices de una farsa.
Lima necesita autoridades capaces de gobernar, instituciones que funcionen, periodistas y encustadoras decentes y ciudadanos que puedan confiar en que su voto será respetado. No necesita una prolongación indefinida de la campaña electoral ni una discusión artificial que mantenga a la ciudad pendiente de escenarios que no están contemplados en la legislación.
La voluntad popular no es un resultado que pueda aceptarse únicamente cuando favorece a los propios. Esa es, precisamente, la prueba que distingue a quienes creen de verdad en la democracia de quienes la invocan como una consigna conveniente. Aceptar las reglas cuando se gana y pretender cambiarlas cuando se pierde no es defender la institucionalidad. Es subordinarla al interés político del momento.
Por eso, lo que corresponde ahora es actuar con serenidad, concluir los procedimientos electorales, respetar las competencias de las autoridades y aplicar la ley. Si existen observaciones sobre las actas, que se tramiten por las vías previstas. Si hay discrepancias jurídicas, que se resuelvan ante las instancias competentes. Y si alguien propone modificar el sistema, que lo haga pensando en futuras elecciones, no buscando alterar las condiciones de una contienda cuyo marco normativo ya estaba establecido.
Las elecciones terminan cuando concluyen los procedimientos legales y las autoridades competentes determinan sus resultados, no cuando todos los participantes quedan satisfechos. Esa es una regla básica de la democracia, tan importante como el propio acto de votar. Lo contrario nos conduce a un terreno peligroso, en el que cada resultado adverso se convierte en una excusa para abrir una nueva disputa y cada norma pasa a ser negociable según las conveniencias del momento.
Lima merece algo mejor. Merece una política que respete las reglas, una prensa que distinga entre información y especulación, y dirigentes que entiendan que la democracia no consiste en encontrar la manera de ganar a cualquier precio, sino en aceptar que la voluntad popular se expresa dentro de un orden legal que obliga a todos por igual.
Las reglas no se cambian después de las elecciones. Se respetan, precisamente, cuando el resultado no es el que uno esperaba.
