INYECCIÓN AL CORAZÓN DEL FETO: CLACAI PROMUEVE EL ABORTO HASTA EL ÚLTIMO DÍA DEL EMBARAZO

Por Carlos Polo

Hay frases que, cuando se dicen sin pudor y frente a una cámara, revelan más que mil informes técnicos. En un video grabado durante la International Conference on Family Planning 2025, en Bogotá, en noviembre pasado, Josefina Miró Quesada, integrante de la Red Jurídica de CLACAI, explica con naturalidad que el acceso al aborto “no debe estar condicionado por los plazos” y que, más allá de las 20 semanas de embarazo, puede utilizarse la asistolia fetal para evitar que “el feto resulte en un nacido vivo”. Traducido a lenguaje llano: una inyección letal de cloruro de potasio, directa al corazón del niño por nacer para asegurarse de que muera antes de salir del útero.

El video —material exclusivo de Population Research Institute— no es un desliz ni una opinión personal. Es la verbalización pública de una estrategia cuidadosamente diseñada por la red abortista regional CLACAI (Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro), plasmada en su serie de documentos titulada “Los tiempos del aborto”. El objetivo es claro: desmontar cualquier límite temporal al aborto y normalizar su práctica incluso en etapas avanzadas del embarazo.

“Los tiempos del aborto”: cuando el plazo estorba

CLACAI no oculta su hoja de ruta. En sus documentos —publicados entre 2023 y 2024— sostiene que los plazos gestacionales son una “barrera injustificada” y que el aborto debe garantizarse “independientemente de la duración del embarazo”, siempre que no derive en un nacimiento con vida. Para ello, promueve explícitamente la inducción de asistolia fetal, presentada con un eufemismo técnico y un envoltorio sanitario: “calidad en la atención del aborto”.

La lógica es brutalmente coherente: si el feto ya es viable y podría sobrevivir fuera del útero, hay que matarlo primero. No porque represente un riesgo para la madre, sino para evitar lo que llaman “el problema del nacido vivo”. El documento de CLACAI lo dice sin rodeos: la asistolia es “fundamental para asegurar que los abortos inducidos en etapas gestacionales avanzadas no resulten en un nacimiento vivo”, en línea con una reciente redefinición del aborto de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Aquí aparece el segundo pilar de la estrategia: la OMS. CLACAI apoya toda su argumentación en la redefinición del aborto introducida en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), adoptada en 2022. Según esta definición, el aborto es la “pérdida intencional del embarazo intrauterino (…) que no resulta en un nacido vivo”, sin referencia alguna a la edad gestacional.

Durante más de 180 años, la medicina entendió el aborto como la interrupción del embarazo antes de la viabilidad fetal (aproximadamente entre las 20 y 22 semanas). La OMS rompió ese consenso histórico. Y lo hizo, como se ha documentado, a través de protocolos impulsados por un pequeño departamento interno (HRP), con mínima participación médica y sin asumir responsabilidad por las consecuencias de su aplicación.

Ese giro conceptual no es una discusión académica. Es la base “científica” que hoy permite justificar abortos en el séptimo, octavo o noveno mes de embarazo. Brasil es el caso más dramático —y más documentado— de cómo esta estrategia se traduce en políticas concretas.

Brasil: cuando la teoría se convierte en crimen

En 2024, el Consejo Federal de Medicina (CFM) de Brasil aprobó la Resolución 2.378/2024, prohibiendo la asistolia fetal por considerarla cruel, inhumana y contraria a la ética médica. El procedimiento —inyección de cloruro de potasio directamente en el corazón del feto— había sido prohibido incluso en veterinaria por provocar dolor extremo antes de la muerte.

La resolución duró poco. El Supremo Tribunal Federal, mediante una decisión monocrática del ministro Alexandre de Moraes, la suspendió cautelarmente en el marco de la ADPF 1141. El argumento: la prohibición no se alineaba con los “mejores estándares científicos”, citando precisamente los protocolos de la OMS.

Las consecuencias fueron inmediatas. Según los datos expuestos en dos audiencias públicas realizadas en diciembre de 2025 —una en la Cámara de Diputados y otra en el Senado Federal—, desde la suspensión de la resolución entre 900 y 1.200 bebés viables habrían sido asesinados mediante asistolia fetal, a un ritmo aproximado de tres por día.

Las audiencias brasileñas ofrecen una radiografía completa del problema.

En la Cámara de Diputados, el eje argumentativo fue civilizatorio y de derechos humanos. Se sostuvo que eliminar deliberadamente a bebés plenamente viables no puede llamarse aborto, sino homicidio, y que su práctica sistemática bajo amparo estatal encaja en la definición clásica de crimen contra la humanidad. Se evocaron los juicios de Núremberg para recordar que la legalidad no legitima la eliminación de inocentes.

En el Senado, el enfoque fue más técnico y jurídico. Médicos y juristas desmontaron la supuesta base científica de la OMS, explicaron que el derecho brasileño sí establece límites gestacionales (definidos por ordenanzas del Ministerio de Salud desde 2005) y denunciaron el abuso de poder que supone una decisión judicial individual capaz de anular el criterio médico y abrir la puerta a una matanza silenciosa.

Ambas audiencias coincidieron en un punto central: la asistolia fetal no es una necesidad médica, sino una herramienta ideológica para garantizar que el aborto no encuentre un límite natural en la viabilidad del niño.

Un escándalo que recién comienza

Lo que muestra el video de Josefina Miró Quesada en Bogotá no es una opinión marginal, sino la fase pedagógica de una estrategia regional. CLACAI forma abogados, médicos y activistas para imponer un nuevo sentido común: que matar al niño por nacer, incluso a término, es un “servicio esencial de salud”.

Brasil demuestra hasta dónde puede llegar esta lógica cuando se combina el activismo internacional, la cobertura de la OMS y decisiones judiciales sin control democrático. No estamos ante un debate sobre plazos. Estamos ante la normalización del infanticidio prenatal.

Y la pregunta incómoda ya no es si esta estrategia existe. La evidencia es pública, escrita y grabada. La pregunta es cuántos países más seguirán el mismo camino antes de que alguien se atreva a llamar a las cosas por su nombre.

Carlos Polo es Director de la Oficina para Iberoamérica de Population Research Institute y editor del Informe “CLACAI: red iberoamericana financiada por USAID para promover la legalización del aborto” https://www.pop.org/clacai-red-iberoamericana-financiada-por-usaid-para-promover-la-legalizacion-del-aborto/