GOBIERNO DE JERÍ SE ACERCA A SU FIN

Por: Luciano Revoredo

La situación del gobierno de Jerí ha dejado de ser una discusión coyuntural para convertirse en un problema estructural de insostenibilidad política. Ya no se trata de percepciones, ni de campañas mediáticas, ni de exageraciones interesadas. Los hechos se acumulan, las explicaciones se debilitan y la sensación de improvisación y encubrimiento se hace cada vez más evidente. Cuando un gobierno llega a este punto, la pregunta ya no es si resistirá, sino cuánto tiempo más puede prolongar lo inevitable.

El núcleo del problema está en los vínculos cada vez más visibles con intereses chinos, no como parte de una política exterior transparente y estratégica, sino como relaciones turbias, mal explicadas y rodeadas de intermediarios que despiertan todas las alertas. Contratos poco claros, visitas clandestinas, decisiones aceleradas y una narrativa oficial que cambia según la presión del día. La historia reciente del Perú nos ha enseñado que cuando el poder se maneja en penumbra, la corrupción suele estar muy cerca.

Este escenario no es nuevo. Lo vimos con gobiernos de distinto signo ideológico, algunos que se presentaban como adalides del cambio, otros que prometían tecnocracia y estabilidad. Desde el caso Lava Jato hasta los episodios más recientes en Palacio, el patrón se repite. Redes de influencia, negocios fuera del escrutinio público y un discurso moralizante que se derrumba ante la evidencia. Creer que la corrupción pertenece a una sola orilla política es una ingenuidad peligrosa o una mentira deliberada.

La corrupción no es patrimonio de la izquierda ni de la derecha. Es una enfermedad del poder mal controlado y del Estado secuestrado. Por eso resulta tan grave que hoy se pretenda justificar o relativizar los hechos según quién esté involucrado. No puede haber varias varas de medición. Lo que ayer era causal de vacancia, hoy no puede convertirse en un simple “error administrativo” solo porque el acusado dice defender una causa supuestamente superior.

En este contexto, los opinólogos de turno han jugado un papel lamentable. Con el argumento de la estabilidad, han intentado inducir a la opinión pública a aceptar lo inaceptable. Es cierto que, en un primer momento, el discurso de la estabilidad tenía sentido. El país venía golpeado por una sucesión de crisis y la prudencia era razonable. Pero la estabilidad no puede una coartada para la impunidad. A medida que avanzan los indicios, las revelaciones y las contradicciones, ese argumento pierde fuerza y legitimidad.

La verdadera estabilidad no se construye sobre el silencio ni sobre el miedo al cambio, sino sobre instituciones limpias y reglas claras. Un gobierno corroído no estabiliza nada, posterga el problema y agrava sus consecuencias. Mantener artificialmente a un régimen insostenible solo prolonga la desconfianza, erosiona la democracia y envía un mensaje devastador a la ciudadanía, que es el de la impunidad selectiva.

Por eso, hablar hoy de vacancia no es un acto de radicalismo ni de desestabilización, es el desenlace lógico de una acumulación de errores, omisiones y sospechas. La vacancia no debe verse como un trauma, sino como un mecanismo constitucional para corregir el rumbo cuando el poder ha perdido legitimidad moral y política. Negarlo es negar la realidad. Lamentablemente la corrupción crónica que sufre nuestro país la están convirtiendo en un macanismo frecuente aunque que no debió ser así.

El Perú necesita, de una vez por todas, limpiar la corrupción de raíz, sin excusas ideológicas ni cálculos electorales. O se aplica la ley con el mismo rigor para todos, o seguiremos atrapados en un ciclo de decadencia institucional. El caso Jerí no es una excepción, es una advertencia más. Y esta vez, el país no debería mirar hacia otro lado.