EMBAJADA MEXICANA: REFUGIO DE CRIMINALES

Por: Luciano Revoredo

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha otorgado asilo político a Betssy Chávez Chino, la exprimer ministro de Pedro Castillo y coautora confesa de un intento de golpe de Estado que buscó instaurar una dictadura comunista en el Perú.

Por su parte canciller peruano Hugo de Zela anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México, un paso necesario y valiente para defender la democracia peruana frente a la injerencia grosera de un narcoestado que se ha convertido en refugio de golpistas y delincuentes políticos.

No se trata de un conflicto con el pueblo mexicano —hermano y amigo en la historia compartida de Hispanoamérica—, sino con un gobierno narcodependiente, ideológicamente podrido por el comunismo chavista y condenado al fracaso económico y moral, heredero de la ruina que dejó Andrés Manuel López Obrador.

Betssy Chávez no es una perseguida política, como pretenden los voceros del régimen de Sheinbaum y sus secuaces. Es una fugitiva de la justicia, procesada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú por los delitos graves de rebelión y conspiración contra el Estado, derivados del autogolpe fallido del 7 de diciembre de 2022. Ese día, bajo las órdenes de Castilo, Chávez redactó y avaló el mensaje presidencial que disolvía el Congreso, declaraba un “gobierno de excepción” y convocaba a una asamblea constituyente para eternizar el poder castillista.

Su liberación temporal en septiembre de 2025, ordenada por el Tribunal Constitucional por irregularidades procesales menores, no borró sus culpas: se ausentó de tres audiencias clave del juicio oral, demostrando su desprecio por la ley.

El asilo concedido por México viola flagrantemente la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas), de la que ambos países son signatarios. Su artículo III prohíbe explícitamente el asilo a personas procesadas por “delitos comunes” o “actos contrarios a los deberes de un jefe de Estado”. El autogolpe de Castillo-Chávez no fue un “acto político noble”, como lo romantiza la izquierda mexicana, sino un crimen contra la democracia: un intento de subvertir el orden constitucional para imponer un régimen autoritario al estilo de Maduro o Castro.

México, al ignorar esto, no solo protege a una criminal, sino que socava la independencia judicial peruana, convirtiéndose en cómplice de la impunidad. El Perú no debe —y no puede— ceder ante la solicitud de salvoconducto que México inevitablemente presentará. De Zela lo ha dejado claro: el gobierno evaluará sus obligaciones internacionales, pero priorizando la soberanía.

Otorgar el salvoconducto consolidaría la impunidad de Chávez, permitiendo que escape a un México que ya alberga a la familia de Castillo y a otros remanentes del castillismo. Es hora de que Perú invoque el artículo IV de la Convención de Caracas para denegar la salida, argumentando que el “asilo” es una farsa humanitaria para encubrir un delito común.

Si México insiste, no sería descabellado considerar medidas drásticas, como el ingreso controlado a la embajada para detenerla —tal como lo hizo Ecuador en 2024 con Jorge Glas en la sede mexicana en Quito, un precedente que demostró que la inviolabilidad diplomática no es un cheque en blanco para albergar criminales.

Que quede claro que no se rompe con el México de siempre con el que compartimos tantas cosas; se rompe con un gobierno que, bajo AMLO y ahora Sheinbaum, ha intervenido sistemáticamente en Perú. Recordemos que desde diciembre de 2022, México negó la legitimidad de Dina Boluarte (acusándola de “golpista”), ofreció asilo a Castillo y su familia, y retuvo la presidencia de la Alianza del Pacífico como chantaje político.

En febrero de 2025, Sheinbaum llamó “injusticia” el proceso contra Castillo, ignorando el informe de la CIDH que confirmó el autogolpe.

Esta intromisión no es casual: es el sello de un régimen comunista que exporta su fracaso. México, bajo la “Cuarta Transformación” de AMLO, ha visto su PIB estancado (crecimiento promedio de 0.9% anual, inferior al de Perú), una deuda pública disparada al 50% del PIB y una inflación que devora salarios.

Sheinbaum, pupila ideológica de AMLO, heredó un país al borde del colapso: 100.000 desaparecidos, 30.000 homicidios anuales y una política de “abrazos, no balazos” que ha fortalecido a cárteles como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Sheinbaum, lejos de rectificar, defiende esta herencia tóxica, cuestionando incluso la extradición de 29 narcos en febrero de 2025 como “aberrante” por supuesta “corrupción judicial”.

Mención aparte merece la Hipocresía de un régimen que protege golpistas, pero humilla a los nuestros. Mientras México acoge como asilados a delincuentes de toda laya y los recibe con alfombra roja, sus aeropuertos son infiernos para peruanos inocentes. Desde 2018, miles de turistas peruanos han sido discriminados, retenidos en cubículos inhumanos y deportados sin motivo, con decomisos de pertenencias y acoso verbal.

En 2019, 18 peruanos fueron obligados a volver en un vuelo de Aeroméxico tras ser acusados de “no tener pinta de turistas”, con revisiones humillantes de equipaje. Todo esto responde a una discriminación selectiva dirigida por el narcogobierno mexicano.

En 2022, bajo AMLO, la marina intervino aeropuertos, incrementando rechazos arbitrarios: peruanos con pasaportes, reservas hoteleras y cartas de invitación fueron encerrados 20 horas sin agua ni comunicación, solo por “apariencia socioeconómica”.

La CNDH registró más de 500 quejas en 2019 por estos abusos, pero el régimen los ignora, priorizando la “guerra al migrante irregular” sobre los derechos humanos.

El canciller Hugo de Zela y el presidente José Jerí merecen el respaldo unánime de los peruanos. De Zela, con su declaración firme —”México persiste en su equivocada posición, convirtiendo golpistas en víctimas”—, ha expuesto la hipocresía mexicana y protegido la Alianza del Pacífico de más sabotajes.  Jerí, al expulsar a la encargada de la embajada mexicana Karla Ornela, ha marcado límites con firtmeza. No se permitirá más intromisiones. Su liderazgo contrasta con el de AMLO, un charlatán que abrazó a la madre de “El Chapo” y Sheinbaum, una tecnócrata sin carisma que hereda un México más violento y menos democrático, pese a sus promesas de “continuidad con sello propio”.

El Perú debe mirar al futuro: fortalecer lazos con EE.UU., Chile y Colombia, y rechazar el veneno ideológico de México. Betssy Chávez debe enfrentar la justicia; su asilo es una burla a la democracia. Si el régimen de Sheinbaum insiste, que sepan: la historia juzgará a los que protegen golpistas y delincuentes mientras su país se hunde en el narco y la pobreza.