HISTÓRICO FALLO EN NUEVA YORK SOBRE RUTAS DE LIMA ES UN TRIUNFO DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA

Por: Luciano Revoredo

En un giro que redefine la batalla contra la corrupción en el Perú, un juez federal del Distrito Sur de Nueva York ha emitido hoy una resolución monumental que abre las puertas del sistema financiero estadounidense al escrutinio peruano. Esta decisión autoriza al Estado Peruano y a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) a solicitar, mediante citaciones formales, registros bancarios y de compensación almacenados en instituciones clave como Brookfield Asset Management, Scotiabank, KPMG, la red de pagos CHIPS y el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. No es un avance menor: es la primera vez que una entidad pública peruana accede a información financiera de este calibre en el corazón del sistema bancario global, permitiendo rastrear el flujo de fondos entre 2013 y 2016, el período exacto en que el esquema de sobornos de Odebrecht —conocido como “Operaciones Estructuradas”— contaminó concesiones como la de Rutas de Lima.

Este fallo no solo ilumina un caso emblemático de corrupción heredado de administraciones pasadas, sino que valida de manera rotunda la estrategia visionaria impulsada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Desde su llegada a la alcaldía en 2023, López Aliaga ha defendido con tenacidad la necesidad de llevar la lucha anticorrupción más allá de las fronteras locales, recurriendo a jurisdicciones internacionales con herramientas jurídicas potentes para desentrañar la “ruta del dinero”. Hoy, esa perseverancia se traduce en una victoria concreta que podría desmantelar la red de impunidad tejida alrededor de la concesión de Rutas de Lima, ahorrando millones a los contribuyentes limeños y sentando un precedente global para la responsablidad corporativa.

El contexto: Una concesión nacida en las sombras de Odebrecht

Para entender la magnitud de este fallo, es esencial retroceder al origen del escándalo. En 2014, durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán —hoy procesada por corrupción en el caso Lava Jato—, se adjudicó la concesión de Rutas de Lima a un consorcio liderado por Odebrecht, la constructora brasileña epicentro del mayor esquema de sobornos en la historia de Hispanoamérica. Según confesiones y evidencias del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó más de US$29 millones en coimas en el Perú entre 2005 y 2014, incluyendo pagos directos a campañas políticas para asegurar contratos de infraestructura.

En el caso de Rutas de Lima, estos sobornos a Villarán y compañía facilitaron la obtención de una concesión por 30 años para operar peajes en vías clave de la capital, generando ingresos estimados en miles de millones de dólares, pero a costa de sobrecostos y obras inconclusas que han lastrado a la ciudad.

En 2016, Brookfield Asset Management, el gigante canadiense de inversiones con activos por más de US$900 mil millones, adquirió la mayoría accionaria de Rutas de Lima por apenas US$135 millones, en una transacción que duró solo tres meses y que ahora se cuestiona por su oscuridad. La compra se realizó a un accionista clave, Marcelo Odebrecht, que, para entonces, ya enfrentaba cargos por corrupción relacionados con Odebrecht.

Brookfield ha negado cualquier conocimiento previo de irregularidades. Sin embargo, como señala un informe del Departamento de Justicia de EE.UU., la adquisición ocurrió en el pico de las revelaciones sobre el esquema de Odebrecht, lo que plantea interrogantes sobre la debida diligencia realizada por el fondo.

La MML, bajo López Aliaga, ha argumentado consistentemente que estos contratos son nulos ab initio por corrupción, invocando el principio internacional de que “los contratos viciados por sobornos no generan derechos exigibles”. Pero hasta ahora, la falta de evidencia financiera concreta ha sido un obstáculo insuperable.

El fallo: Una discovery sin precedentes que abre la caja de Pandora

La resolución de hoy, emitida por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York bajo la Sección 1782 del Código de EE.UU. —que permite la obtención de evidencia para uso en procedimientos extranjeros—, concede en su totalidad la solicitud de discovery presentada conjuntamente por el Estado Peruano y la MML.

Esta autorización no es rutinaria: abarca documentos internos de debida diligencia, transferencias bancarias, auditorías y registros de compensación interbancaria, enfocados en detectar pagos ilícitos, transferencias irregulares o flujos sospechosos que influyeran en la adjudicación de la concesión o su venta a Brookfield.

El alcance es impresionante. Por primera vez, el Perú podrá interrogar directamente al sistema CHIPS —la red que procesa el 96% de las transacciones transfronterizas en dólares— y al Banco de la Reserva Federal de Nueva York, guardianes del flujo global de capitales. +

KPMG, como auditora involucrada, deberá entregar reportes de compliance; Scotiabank, datos de cuentas vinculadas; y Brookfield, la totalidad de su due diligence sobre la adquisición. Esta “pesca amplia”, como se conoce en términos jurídicos, es una de las más extensas otorgadas en casos de corrupción transnacional, superando incluso solicitudes en litigios contra gigantes como Petrobras o Volkswagen.

El juez, reconociendo la “urgencia especial” por el juicio pendiente contra Susana Villarán en el Perú, enfatizó el interés público legítimo en transparentar operaciones económicas opacas. Como detalla la resolución, esta evidencia será crucial para “confirmar independientemente la existencia o ausencia de irregularidades financieras” en la concesión, reconstruyendo con precisión el mapa de fondos entre 2013 y 2016 —época en que Odebrecht ejecutaba sus sobornos y Brookfield cerraba su compra relámpago.

La visión de López Aliaga: Perseverancia que rinde frutos

Este triunfo no es casualidad, sino el culmen de una estrategia brillante y de largo plazo orquestada por Rafael López Aliaga. Desde su campaña electoral en 2022, el exalcalde de Lima y ahora candidato presidencial, ha posicionado la lucha contra Rutas de Lima como eje de su plataforma anticorrupción, prometiendo “derrotar a la mafia de los peajes”.

Tras un primer intento de discovery denegado en 2024, López Aliaga insistió en reformular la solicitud, aliándose con la Procuraduría Ad Hoc Anticorrupción y el Ministerio de Justicia para fortalecer el caso ante Nueva York. “Lima no aceptará que corporaciones compren activos sucios y trasladen el costo a los ciudadanos”, declaró en múltiples foros, abogando por herramientas como la 1782 para sortear las barreras locales.

La resolución de hoy confirma su acierto. Como destaca la MML en su comunicado, “la administración de Rafael López Aliaga impulsó esta estrategia de acudir a jurisdicciones internacionales para demandar acceso a documentación financiera no disponible en el Perú”.

López Aliaga, celebró el fallo: “Esta decisión podría generar que se declare nula la compra-venta realizada por Brookfield, ya que no es válido adquirir activos a una persona que, además, ya cumplía una sentencia por corrupción. Brookfield deberá explicar cómo en un plazo de tres meses adquirió acciones a un individuo que se encontraba preso y sentenciado por actos de corrupción”.

Esta visión no solo es jurídica, sino cívica: posiciona a Lima como un actor global en la exigencia de transparencia, alineándose con estándares de la OCDE y la ONU contra la corrupción en infraestructura.

De la defensa a la contraofensiva

Las repercusiones de este fallo son profundas y multifacéticas. Legalmente, la nueva evidencia podría impugnar los laudos arbitrales previos de US$200 millones, ya que el derecho internacional —incluyendo la Convención de Nueva York sobre Arbitraje— permite anular premios basados en contratos corruptos. En el arbitraje de US$2.7 mil millones iniciado por Brookfield en marzo de 2025, bajo el Tratado de Inversión Canadá-Perú, la discovery debilita el núcleo del reclamo: si se prueban irregularidades, los tribunales de inversión, como el CIADI, rechazan proteger “inversiones sucias”.

Financieramente, es un salvavidas para Lima. Los peajes de Rutas han generado S/3 mil millones en una década, pero con obras pendientes que cuestan al erario público. Con evidencia en mano, la MML podría demandar indemnizaciones por daños, como anunció López Aliaga recientemente, exigiendo más de S/3 mil millones a Brookfield por “adquirir un activo contaminado”. Políticamente, refuerza la credibilidad de López Aliaga ante los limeños y peruanos en general.

A nivel global, este precedente eleva al Perú en la arena anticorrupción. Países en desarrollo como Brasil y México han luchado por accesos similares en casos Odebrecht, pero rara vez con éxito tan amplio. Lima, una municipalidad, logra lo que estados soberanos no han podido: forzar transparencia en el epicentro financiero mundial.

Un punto de inflexión para la justicia y la ciudadanía

Los próximos meses serán de alta tensión. Brookfield y Scotiabank podrían apelar o dilatar el cumplimiento, pero el camino está pavimentado. Una vez que lleguen los registros —previstos en un plazo razonable—, el Perú reconstruirá la historia financiera de Rutas de Lima con precisión quirúrgica, algo imposible hasta ahora. Esta verdad no solo corregirá injusticias pasadas, sino que disuadirá futuras adquisiciones oscuras de infraestructura pública.

En última instancia, el fallo de Nueva York es una vindicación rotunda de la tenacidad de Rafael López Aliaga. Su visión —ir al exterior, exigir la verdad y defender a los limeños sin complejos— ha transformado un caso perdido en una oportunidad histórica.

Para los millones de ciudadanos que han subsidiado la corrupción con peajes injustos, esta es más que una noticia jurídica: es una promesa cumplida de liderazgo valiente y resultados tangibles.

Lima de la mano de López Aliaga, por fin, no solo denuncia la corrupción sino que la combate y la vence.