A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL
En nuestra condición de Laicos Católicos recibimos con regocijo el comunicado público de la Conferencia Episcopal Peruana sobre el caso de la pequeña“MILA” y su nonata(o) hija (o), en la que nos piden que: “No abramos las puertas a la Cultura de la Muerte”.
Manifestamos nuestra plena comunión al comunicado episcopal, no solo por la claridad en su Magisterio en relación a la defensa de las 02 vidas, sino también por su entendimiento de los hechos, al precisar que los avances de la ginecoobstetricia moderna nos permiten salvar, sin lugar a dudas, las 02 vidas; por lo tanto, consideramos, esta vez lo decimos nosotros, que la solución ha sido un crimen deliberado que no tiene otro interés que la de generar precedentes para situaciones similares que se puedan presentar en el futuro, así como sancionar a aquellos que de cualquier modo se hayan opuesto a la aplicación del mal llamado aborto terapéutico.
Ahora bien, ya en el plano político – legal, a raíz del caso de “MILA” denunciamos el fracaso del Ministerio de La Mujer y sus políticas públicas, el fracaso del Ministerio de Salud; así como el fracaso del Sistema Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las Mujeres y Poblaciones Vulnerables, pues la muerte de una sola persona vulnerable a causa de la violencia sexual, denunciada en varias oportunidades y la posterior liberación del autor de esta tragedia, manifiesta que millones de soles gastados durante más de 20 años en consultorías y campañas de concientización no cumplen su cometido.
Por otro lado, no podemos dejar de manifestar nuestra extrañeza por el pronunciamiento público de la Jueza Suprema Dra. Janet Tello Gilardi, Presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad quien criticando a la Junta Médica del Hospital Regional de Loreto por su negativa a permitir la aplicación del “aborto terapéutico” adelantó opinión del Sistema Judicial señalando que se estaba cometiendo tortura contra la pequeña “Mila”.
Que lo anterior es grave, pues la Directora del Hospital Regional de Loreto y los miembros de la Junta Médica del mismo Hospital y cualquier otro profesional que hayan intervenido en los hechos materia de denuncia, o cualquier otro profesional de la salud ante la posibilidad de cualquier evento similar futuro, ya no tienen garantía de imparcialidad y justicia por parte del Poder Judicial, pues una de las máximas autoridades nacionales que se encarga de administrar justicia, ya los ha condenado públicamente por tortura, en mérito a normas y pronunciamientos de organismos internacionales manifiestamente abortistas y por lo tanto inconstitucionales.
Finalmente, ante la violenta campaña mediática a favor de la muerte del ser más inocente en esta tragedia, denunciamos la intromisión dentro del Poder Judicial de dichas ONGs abortistas pro-género que bajo el pretexto de capacitaciones y adiestramiento en Justicia de Género, presionan a los jueces para modificar el Ordenamiento Jurídico Nacional mediante la aplicación del denominado “control difuso”, invadiendo de este modo las funciones propias del Poder Legislativo, Institución del Estado llamada constitucionalmente a legislar en un país mayoritariamente Cristiano (94% de la población).
Lima, 15 de Agosto de 2023
El Consejo Directivo
