Por: Redacción de La Abeja
La Asociación Civil San Juan Bautista ha presentado una querella por difamación contra la periodista Paola Ugaz. En una extensa conversación con Giuliana Caccia, en el programa Sin Ofender de Origen Xtream, el abogado Percy García Cavero, vocero de dicha institución, explicó con detalle las razones de la acción judicial y sostuvo que no se trata de un intento de silenciar a una periodista, sino de llevar ante un juez una serie de acusaciones que fueron difundidas durante años por dicha periodista pese a que varias ya habían sido materia de investigaciones fiscales y procesos judiciales previos a sus notas periodísticas y habían terminado archivados o sin acreditar responsabilidad de la institución.
La querella presentada por la Asociación Civil San Juan Bautista contra Paola Ugaz vuelve a poner sobre la mesa el rigor periodístico de la periodista. Pero, según explicó Percy García Cavero, abogado y vocero de la asociación, la decisión de acudir a la vía penal no responde a un intento de impedir el trabajo periodístico ni de castigar a Ugaz por investigar. La razón, sostiene, es otra: muchas de las acusaciones que la periodista difundió y mantuvo a lo largo de los años sirvieron de fuente para abrir varios casos en distintas instancias judiciales y terminaron archivadas sin que se acreditaran los delitos que se atribuían. «Estamos hablando de 10 años de difamación continuada y es momento de querellar», afirmó García Cavero durante la entrevista.
Durante la conversación con Giuliana Caccia, el abogado explicó que «son tres básicamente las mentiras de la señora Ugaz que sustentan nuestra querella por el delito de difamación continuado», señaló.
El primer hecho está relacionado con unas tierras en Castilla, Piura. En 2016 se realizó el documental The Sodalitium Scandal, producido por la cadena Al Jazeera, en el que se acusaba a la Asociación Civil San Juan Bautista de haber usurpado tierras a comuneros en dicha zona con el apoyo de una organización criminal denominada La Gran Cruz. Paola Ugaz no fue una simple comentarista posterior de aquella investigación, sino que participó directamente en su realización como productora del documental, a pesar de que luego lo quiso negar. Según explicó García Cavero, el documental sostenía que la Asociación Civil San Juan Bautista habría usurpado tierras en Castilla utilizando a la organización criminal La Gran Cruz. Inclusive los acusaban de asesinar a pobladores y de sobornar a personas para usurpar tierras.
Según relata el abogado, aquella historia no quedó simplemente en el terreno de una investigación periodística. Las acusaciones y los testimonios que la sustentaban fueron posteriormente materia de procesos e investigaciones en el sistema de justicia con resultado favorable a la asociación. Pese a ello, Ugaz nunca se rectificó. Es importante recordar que el director de dicho documental fue Daniel Yovera quien se libró de una condena por difamación por la prescripción. “El pudo renunciar a la prescripción si estaba tan seguro de su investigación, pero no lo hizo”, precisó el abogado.
El segundo punto de la querella está relacionado con una acusación aún más grave: un supuesto fraude tributario. Según explicó García Cavero, Ugaz sostuvo que la Asociación Civil San Juan Bautista habría utilizado la figura de las misiones para evitar el pago de impuestos y obtener importantes beneficios económicos por la gestión de varios camposantos en distintas regiones del país. Durante la entrevista se recordó la imputación según la cual la asociación «ha defraudado impuestos y ha abusado del Concordato» y que, mediante ese mecanismo, habría dejado de pagar tributos. Sin embargo, según la explicación del abogado, estas imputaciones fueron investigadas por la Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios. Posteriormente, también se abrió una investigación relacionada con un supuesto lavado de activos que tendría como origen ese presunto fraude. De acuerdo con García Cavero, ninguna de esas investigaciones logró acreditar los delitos. Además recordó que según la legislación peruana, ningún cementerio paga ni renta ni IGV, sean católicos o no.
El tercer hecho está vinculado a unos terrenos en Catacaos, también en Piura. García Cavero rechazó las acusaciones de que la Asociación Civil San Juan Bautista hubiera usurpado esos predios y sostuvo que la documentación registral demuestra una historia distinta.
Pero hubo otro elemento de la entrevista que llamó especialmente la atención. García Cavero cuestionó la solidez de algunas de las acusaciones y relató que, cuando Paola Ugaz fue llamada a declarar en procesos relacionados con las publicaciones y hechos investigados por ella misma, no había podido responder con precisión sobre aspectos centrales de las acusaciones que se le consultaban. Al momento de declarar, Ugaz no contaba con conocimiento directo o suficiente sobre determinados hechos que habían sido difundidos en sus artículos. Este aspecto, según García Cavero, resulta relevante porque plantea interrogantes sobre el grado de sustento de algunas acusaciones graves que fueron presentadas públicamente y que posteriormente generaron investigaciones fiscales y judiciales.
Por eso, según explicó, la decisión de querellar llegó después de años de defenderse en distintos procesos. «Todo está limpio, no hay ninguna investigación abierta, ni fiscal ni judicial, todo está cerrado», afirmó.
¿Se trata entonces de una persecución contra la libertad de prensa? García Cavero rechaza esa interpretación. Durante la entrevista insistió en que la Asociación Civil San Juan Bautista ha procurado ser cuidadosa precisamente con ese derecho. «Nosotros como asociación queremos ser muy respetuosos de la libertad de información, de la libertad de expresión», aseguró. Por eso es que la asociación no está solicitando una condena efectiva contra Paola Ugaz. El objetivo, según señaló, es obtener una rectificación y que sea un juez quien examine las pruebas de ambas partes. Es un reparo moral. Han pedido como reparación la cantidad de un sol.
Para García Cavero, la discusión de fondo no consiste en determinar si una periodista puede investigar o publicar información incómoda. Eso, sostiene, está fuera de discusión. La pregunta es qué ocurre cuando las acusaciones difundidas generan investigaciones, llegan al sistema de justicia y, finalmente, son archivadas o no encuentran sustento suficiente ni en la periodista que acusa inicialmente ni en la realidad.
La querella permitirá ahora que Paola Ugaz ejerza plenamente su derecho de defensa y presente ante el juez los elementos que considere necesarios para sustentar las afirmaciones cuestionadas. Será el Poder Judicial el que determine finalmente si existió o no difamación.
Como era de esperarse, la periodista Paola Ugaz ya viene apareciendo en algunos medios hablando de “persecución” por su investigación en el caso Sodalicio. Sin embargo, es importante resaltar que eso es falso ya que, según el entrevistado, la asociación que representa no es el Sodalicio, es una asociación civil, no religiosa, y el gran error de la periodista fue partir de la premisa de que eran lo mismo. Además, los otros procesos por los cuales se le investiga tienen que ver con enriquecimiento ilícito y otros vinculados a la época en la que trabajó en la Municipalidad de Lima con la corrupta confesa Susana Villarán.
En todo caso, tal parece que con esta nueva querella, Ugaz tendrá que demostrar si realmente lo que ha venido haciendo es “más y mejor periodismo”.
La entrevista completa a Percy García Cavero, en la que el abogado desarrolla estos hechos y explica los fundamentos de la querella contra Paola Ugaz, puede verse en el programa Sin Ofender de Origen Xtream:
https://www.youtube.com/watch?v=Ts1xyRan8mU&t=5s
