Política

TODOS JUNTOS HASTA QUEMAR EL ÚLTIMO CARTUCHO

Por: Fernando Valdivia Correa

En la noche del último miércoles, la candidata presidencial Keiko Sofía Fujimori Higuchi anunció en conferencia de prensa que impugnará (nulidad) 802 mesas de sufragio y hará seguimiento a 1200 actas que se encuentran observadas o impugnadas (apelación), lo que representa cerca de 500 mil votos; ello, al haber detectado serias irregularidades en el proceso electoral del domingo pasado. Además, reafirmó su compromiso de respetar lo resuelto en última instancia por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Jurado Nacional de Elecciones. Grave denuncia de la señora Fujimori y titánica tarea que les corresponde a los organismos constitucionalmente autónomos para los próximos días.

Minutos antes, el gobierno de transición, a través de la Premier Violeta Bermúdez, sostuvo que “es el momento en que todos los líderes y lideresas sociales y políticas invoquen a la serenidad, porque estamos a punto de terminar con un proceso electoral que nos va a arrojar las autoridades para los próximos cinco años”. Respetable la posición del Ejecutivo, manteniendo –como debe de ser– la neutralidad requerida.

 En resumen, la señora Fujimori ha declarado que no llamará telefónicamente a su contendor Pedro Castillo para felicitarlo por haber ganado la elección presidencial, a pesar que la ONPE –con cerca al 100% de actas procesadas– arroja una diferencia en contra de 73000 votos.

A todo esto, ¿es necesario continuar con este procedimiento de impugnación? Consideramos que sí. Y tres son las principales razones. La primera, parafraseando el aforismo dura lex, sed lex, la ley faculta (otorga y/o reconoce derechos) a las partes intervinientes a accionar, es decir, a cuestionar las decisiones emanadas por la autoridad competente, con la finalidad que la propia autoridad (reconsideración) u otra superior o distinta (apelación o nulidad) resuelva. Está claro que las resoluciones que emite el Jurado Nacional de Elecciones son inapelables. En este caso, la Ley Orgánica de Elecciones establece un procedimiento para la contradicción, incluyendo la pluralidad de instancias. La segunda, tiene que ver con que las presuntas irregularidades representan cerca de medio millón de votos, mientras que el margen de diferencia actual es poco más de 70 mil, lo que hace válido e imprescindible la revisión de actas. Esto también es fundamental para transparentar –aún más– el proceso electoral. Y la tercera, aunque solo argumentativa, es lo que representa el señor Castillo: COMUNISMO. Tradicionalmente, nuestro país –salvo la dictadura de Velasco que fue a través del fusil– nunca ha tenido un Presidente comunista. Esto quiere decir que vienen preparándose durante años para la toma del poder, y es lógico deducir que lo harán al precio que sea, cueste lo que cueste. Y una vez obtenido, solo lo dejarán cuando se les acaba el dinero, de los demás (Margaret Thatcher).

Debemos entender que cuando la señora Fujimori declaró oportunamente que respetará el resultado eleccionario, se refirió a luego de agotar los procedimientos establecidos en la normatividad. Está en todo su derecho, y es nuestro deber respetarlo, y hacerlo respetar.

En este mes de junio, mes de la jura de nuestra bandera bicolor, acompañemos en esta justa reclamación a la señora Fujimori, literalmente hasta quemar el último cartucho.

 

 

#NoAlComunismo, #NoAlEstatismo, #NoAlTerrorismo.

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