Por: José Mario Azalde
En una época que en los habeas corpus, acciones de amparo y otras garantías no protegen a los ciudadanos (la justicia nunca llega o llega tarde, deviniendo muchas veces la agresión en irreparable), el gobierno ecuatoriano da la estocada final a la última institución que podía resguardar a cualquier persona en peligro dentro de su propio territorio: el derecho de asilo
Desde esta tribuna hemos criticado a la oposición correísta por sumisa, genuflexa, entreguista, blandengue, servil. No son capaces de generar un proyecto democrático fuera de los designios del exiliado caudillo, el ex presidente Rafael Correa. Es posible, por tanto, que Glas sea un delincuente (el exvicepresidente tiene sentencias judiciales), que el Sr. López Obrador sea un fantoche, un bufón, un personaje impresentable con ínfulas de emperador azteca, que exista un temor legítimo de parte de la sociedad ecuatoriana en cuanto a la posibilidad de que se repita el episodio de anomia social acaecido hace unos meses; pero bajo ninguna justificación se puede permitir jamás que la institución del derecho de asilo sea mellada. Porque, y aquí está el detalle, incluso el propio Novoa o el Sr. López Obrador deben tener la posibilidad de recurrir al derecho de asilo si se dan las circunstancias.
Actualmente en Ecuador el poder se volvió totalitario y cualquier persona podría ser detenida arbitrariamente sin encontrar protección ni por parte de su propio estado (sistema de justicia) o, apelando a razones que activen la protección de otros estados, en las embajadas de los estados acreditados. En este caso, la embajada, como espacio extraterritorial, es territorio mexicano soberano. El acto de Novoa solo puede compararse con una agresión territorial en el caso que fueran países limítrofes.
La decisión de Novoa no solo es ilegal. Si pretendemos analizar este acto como un hecho político, Novoa realizó algo peor que un crimen, cometió un error político garrafal. Novoa está dando razones, motivos, justificaciones para que el tándem Correa/Glas aleguen persecución de la policía política y el consiguiente lawfare. Un Correa legitimado regresará empoderado a la política ecuatoriana y latinoamericana por un error, una torpeza del actual gobierno ecuatoriano, un gobierno que no considera que, como la canción de Quilapayún, sea posible “que la tortilla se vuelva”
En realidad, algo se viene quebrando en la política sudamericana. Hacer política, intervenir en política activa, considerarse un político públicamente, pertenecer a un partido político, de pronto levanta sospechas. La actividad política viene siendo envilecida deliberadamente por fuerzas oscuras que pretenden obtener réditos a partir del caos y el desorden, pero también por la propia actuación de los políticos, quienes no están a la altura que la ciudadanía les exige en mérito a las circunstancias de cada país de la región. La política en América Latina cada día se vuelve tierra de nadie, el Far West.
La política necesita reglas de juego claras, que se apliquen para todos. Ello incluye, obviamente, a los rivales políticos. Por tanto, la política requiere eso que se suele llamar institucionalidad. Podemos citar a Kant (en este caso sirve), para advertir a los políticos de América Latina que nadie esta libre de ser víctima de un acto como el acontecido en Ecuador, por tanto, deben comportarse considerando como principio categórico: “Actúa según la máxima que te gustaría que siguieran todas las demás personas racionales, como si fuera una ley universal”. El derecho de asilo puede ser invocado por cualquier persona, sin distinción, y su defensa es la defensa de un modo de organización de nuestra vida colectiva.
Discrepo, un condenado pierde sus derechos civiles, luego el derecho al asilo, no se le aplica y peor si es por caso de corrupción demostrado. ¿Qué está primero la justicia o la ley positiva? ¿No es el pueblo ecuatoriano la víctima y Glas su victimario?