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PAOLA UGAZ HABRÍA COMETIDO DELITO DE “CALUMNIA Y DIFAMACIÓN”

Al no rectificarse en su reportaje pese a carta notarial, señaló el abogado Ángel Delgado

(La Razón) El analista político Ángel Delgado considera que la periodista Paola Ugaz Cruz habría cometido los delitos de difamación y calumnia al no rectificarse sobre un reportaje donde figuran testigos que posteriormente recibieron una condena por el delito de difamación agravada.

Al respecto, el 15 de diciembre del 2016, el canal “Al Jazeera” estrenó el documental The Sodalitium Scandal, en el que se hacen imputaciones criminales de tráfico de tierras a la asociación católica Sodalicio de Vida Cristiana, al actual Arzobispo de Piura y al ciudadano Alberto Gómez de la Torre (representante de la Asociación Civil San Juan Bautista). Cabe señalar que en el momento de la difusión del reportaje, Paola Ugaz reconoció varias veces que fue la productora del reportaje dirigido por el periodista peruano Daniel Yovera y el inglés Seamus Mirodan.

Luego de un tiempo de emitido el material mencionado, la justicia peruana sentenció que Carmen Rosa Campodónico, uno de los testigos principales utilizado para sustentar las acusaciones en el reportaje, fue condenada por el delito de difamación agravada precisamente por lo declarado en dicho documental de Al Jazeera.

Tras ello, Alberto Gómez de la Torre envió una carta notarial a Paola Ugaz adjuntándole la sentencia condenatoria de Carmen Rosa Campodónico y le solicita una rectificación así como el retiro de dicha información del medio donde se difundió. Sin embargo, hasta el momento “no hay respuesta”, señala la información.

DELITO PERIODÍSTICO

En esta línea, el especialista y abogado Ángel Delgado indica que los periodistas, al no rectificarse a pedido fundamentado de la parte agraviada, habrían cometido los delitos de calumnia y difamación.

“Si en la investigación los testigos fueron condenados por falso testimonio, corresponde al medio y a las personas que incurrieron en ese error rectificarse y pedir perdón. Si no se rectifican, la persona que se siente agraviada por esta información tiene el derecho de denunciar penalmente a los responsables, porque en este caso se enmarcan los delitos de calumnia, difamación e injuria”, dijo Delgado.

“En el caso de que en la difamación se impute delitos, como el usurpar tierras, se estaría incurriendo en otro delito que es la calumnia, que es el peor de todos los delitos contra el honor,. Y si viene de un medio de prensa, concurre con otro delito que es difamación, porque se está difundiendo una calumnia”, explicó Delgado.

HECHOS

Estos hechos se iniciaron en octubre del 2016, cuando Al Jazeera envía un correo electrónico al Director de Inmobiliaria Miraflores Perú SAC (IMP) que desarrolla el proyecto inmobiliario Country Club Miraflores en Piura, para tener una entrevista con él y con Alberto Gómez de la Torre, sobre la denuncia de la Comunidad Campesina de Castilla, la cual refiere que los terrenos donde se desarrolla el referido proyecto les ha sido arrebatada por la Asociación Civil San Juan Bautista, cuyo apoderado era Gómez de la Torre.

TIERRAS

Con fines de obtener imágenes para el reportaje, el equipo de la producción de Al Jazeera llega a Piura para hacer tomas del proyecto inmobiliario, del Arzobispado de Piura y del obispo de Piura, así como para entrevistar a cuatro testigos que afirmaban que la Asociación Civil San Juan Bautista había arrebatado tierras a campesinos por medio de una organización criminal llamada “La Gran Cruz”.

Durante varias semanas el abogado de IMP, Percy García Cavero, intentó pactar una entrevista con los periodistas de dicho medio, para darle toda la información sobre la falsedad de la denuncia, pero los periodistas se negaron alegando falta de tiempo.

No obstante, García Cavero finalmente se niega a dar la entrevista porque “quedaba claro que había un notorio sesgo en la investigación y se utilizaban fuentes de dudosa reputación. Ello último fue reforzado con los antecedentes criminales de sus fuentes”, indica la información alcanzada.

En el reportaje publicado, la producción de Al Jazeera no incluyó el material enviado por Percy García Cavero sobre este caso, “y ni siquiera cumplió con exponer la posición del mencionado abogado”, remarca la información.

 

Artículo aparecido originalmente en el diario La Razón 

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