La reciente fuga de Nadine Heredia, a Brasil tras ser condenada a 15 años de prisión por lavado de activos en el marco del caso Odebrecht, ha destapado una vez más las redes de complicidad, corrupción y doble moral que caracterizan a la izquierda hispanoamericana. Este episodio no solo expone los vínculos entre Heredia, el expresidente peruano Ollanta Humala y el líder brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, sino que también pone en evidencia cómo el Foro de Sao Paulo ha servido como una plataforma para coordinar intereses que, en muchos casos, han derivado en prácticas criminales. Además, la celeridad con la que se otorgó el salvoconducto a Heredia, en contraste con la campaña feroz contra el asilo de Alan García en 2018, revela una hipocresía que merece ser analizada.
El 15 de abril de 2025, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional del Perú sentenció a Nadine Heredia y a Ollanta Humala a 15 años de prisión por recibir aportes ilícitos de Venezuela y la constructora brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011. Mientras Humala fue trasladado al penal de Barbadillo, Heredia, quien no asistió a la lectura de la sentencia, ingresó a la Embajada de Brasil en Lima para solicitar asilo político. Sorprendentemente, el gobierno de Lula da Silva aprobó la solicitud en tiempo récord, y el gobierno peruano de Dina Boluarte otorgó un salvoconducto que permitió a Heredia y a su hijo menor abandonar el país en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña durante la madrugada del 16 de abril.
Esta celeridad contrasta con los procedimientos habituales en casos de asilo diplomático, que suelen ser largos y complejos. La Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, invocada por Brasil, establece que el asilo no debe otorgarse a personas condenadas por delitos comunes, como el lavado de activos, lo que hace que la decisión sea jurídicamente cuestionable.
La elección de Brasil como destino de Heredia no es casualidad. Los nexos entre la pareja Humala-Heredia y Lula da Silva son profundos, tanto ideológicos como financieros. Según Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula canalizó tres millones de dólares a la campaña de Humala en 2011 a través de la “caja dos” de Odebrecht, una contabilidad paralela usada para pagos ilícitos. Marcelo Odebrecht, exdirector de la constructora, confirmó que estos fondos fueron gestionados bajo un acuerdo con el PT y que parte del dinero se destinó a intereses políticos y personales del Partido Nacionalista Peruano.
Lula, quien también fue condenado por corrupción en el caso Lava Jato (aunque sus penas fueron anuladas), ha mantenido una relación cercana con Humala y Heredia. Esta afinidad ideológica, reforzada por el Foro de Sao Paulo, parece haber facilitado la rápida aprobación del asilo. El fiscal Germán Juárez Atoche destacó esta conexión, afirmando que la decisión de Brasil “revela la conexión política e ideológica” entre el PT y el nacionalismo peruano.
Odebrecht, por su parte, aparece como el hilo conductor de esta red de corrupción. La constructora brasileña no solo financió campañas en el Perú, sino que también sobornó a funcionarios en Brasil, Ecuador, Venezuela y otros países. Tanto Lula como Humala habrían servido a los intereses de esta empresa, que a cambio aseguraba contratos multimillonarios. La sentencia contra Humala y Heredia estableció que los fondos de Odebrecht constituyeron actos de lavado de activos, un precedente clave para otros casos en la región.
El Foro de São Paulo, fundado en 1990 por Lula y Fidel Castro, fue concebido como un espacio para coordinar estrategias de la izquierda hispanoamericana. Sin embargo, en las últimas décadas, ha sido señalado como una plataforma que, bajo el discurso de la integración regional, ha facilitado alianzas entre gobiernos, partidos y empresas corruptas. La financiación ilícita de campañas, como la de Humala en 2011, y la colaboración entre regímenes como el de Hugo Chávez y el PT, sugieren que el Foro ha operado, como una red para encubrir actividades delictivas.
El caso Odebrecht es emblemático: la constructora se convirtió en un instrumento para canalizar fondos a gobiernos y partidos afines al Foro, a cambio de favores políticos. En el Perú, además de Humala, expresidentes como Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski fueron vinculados a sobornos de Odebrecht. En Brasil, Lula y otros líderes del PT enfrentaron acusaciones similares. Esta convergencia de intereses apunta a una izquierda que, lejos de sus ideales originales, ha derivado en prácticas criminales.
Uno de los aspectos más indignantes de la fuga de Heredia es la doble moral de los “caviares”. En 2018, cuando el expresidente Alan García solicitó asilo en la Embajada de Uruguay tras ser investigado por el caso Odebrecht, estos grupos lanzaron una campaña feroz para impedirlo. Argumentaban que García, quien no estaba condenado, no enfrentaba persecución política y que el asilo sería un abuso. Uruguay finalmente rechazó la solicitud, y García, acorralado, se suicidó en 2019 antes de ser detenido.
En contraste, los mismos sectores han guardado un silencio cómplice ante la fuga de Heredia, a pesar de que ella sí estaba condenada por un delito grave. Esta hipocresía revela cómo los “caviares” aplican estándares diferentes según la afinidad ideológica. Mientras García, fue demonizado, Heredia, alineada con la izquierda del Foro de Sao Paulo, parece gozar de una protección implícita. La rapidez del salvoconducto otorgado por el gobierno de Boluarte, posiblemente para evitar tensiones con Brasil, o porque se ve en el espejo de Heredia y algún día espera salir del país del mismo modo, solo refuerza la percepción de impunidad.
La fuga de Nadine Heredia no es un hecho aislado, sino un síntoma de un sistema de complicidad que trasciende fronteras. Lula, Odebrecht y el Foro de Sao Paulo han jugado roles clave en una red que, bajo el manto de la ideología, ha perpetuado la corrupción en Hispanoamérica. La celeridad del asilo y el salvoconducto otorgados a Heredia, en contraste con el trato a Alan García, exponen una doble moral que erosiona la confianza en la justicia y la diplomacia.
Este caso debe servir como un llamado a replantear el rol del Foro de Sso Paulo y a exigir transparencia en las relaciones entre gobiernos de la región. Mientras figuras como Heredia y Lula sigan evadiendo las consecuencias de sus actos, la lucha contra la corrupción seguirá siendo una quimera.
