Por: Luciano Revoredo
En esencia, la política implica la negociación, el debate y la búsqueda de consensos entre diferentes actores de la sociedad, para administrar los asuntos públicos y promover el bienestar colectivo.
En esa línea de pensamiento podemos definir la política como el proceso mediante el cual se toman decisiones y se ejerce el poder en una sociedad para lograr objetivos compartidos por la mayoría, resolver conflictos y regular el comportamiento de las personas dentro de un marco institucional y así buscar el bien común.
Esto se distorsiona cuando alguno de los agentes que participan del proceso se corrompe o toma más poder del que le corresponde. Eso es lo que viene sucediendo en el Perú. El sano equilibrio de la política se ha roto. Dos males graves afectan a la política peruana. Por un lado, la corrupción y por otro la peligrosísima incursión de la justicia en terrenos propios de la política y viceversa.
Se ha hablado hasta el cansancio de la judicialización de la política, así como de la no menos peligrosa politización de la justicia. Este es un proceso que nos puede llevar a una situación límite que se ha definido como el “gobierno de los jueces” . Al respecto hay que señalar que si bien el poder judicial es esencial para proteger el estado de derecho y los derechos individuales, un “gobierno de jueces”, que se da a través de la mencionada distorsión de la justicia, en su fusión con la política, puede poner en peligro la gobernabilidad democrática y la eficacia del sistema político.
En realidad, como se sabe, los jueces y fiscales no tienen responsabilidad ante el electorado, lo que les impide tener mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Sin embargo, cuando los jueces y fiscales están influenciados por intereses políticos, es posible que el poder judicial se vuelva vulnerable, se corrompa y se convierta en una herramienta de presión de grupos políticos perdiendo su razón de ser.
En el Perú hemos permitido que jueces y fiscales se conviertan en rockstars, que anden entre aplausos, que sean declarados los mejor vestidos, o los hombres del año. Cuando eso sucede estamos ante una grave distorsión de la realidad. Grave responsabilidad tiene en este proceso de degradación los medios de comunicación del poder fáctico mermecaviar.
Recordemos como para alentar el odio y promover ciertas figuras emergentes del estercolero progresista se encumbró a ídolos de barro como el impresentable e incapaz dúo dinámico de José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba, o en su momento a ese mono con metralleta que fue el infatuado juez Richard Concepción Carhuancho, que repartía prisiones preventivas como volantes entre el aplauso de una prensa sectaria y promotora del show judicial.
Así hemos llegado a una situación en que la JNJ, herencia de la degradación vizcarrista, vive una situación vergonzosa, tomada por incondicionales a dictados políticos y adictos al presupuesto del estado, a la vez que el corazón del Ministerio Público ha sido puesto en evidencia como una caterva de forajidos , conspiradores, dispuestos a vender su alma a cambio de estatus y poder, mientras jueces de segundo orden pretenden imponer sus criterios y enjuagues políticos por encima de otro poder del estado como es el parlamento e incluso por encima del Tribunal Constitucional.
Es momento de poner fin a toda esta peligrosa distorsión.
