Política

EL ESTADO HACIENDO EMPRESA

Por: Cristian  Cáceres Sifuentes

Debido a los resultados que se obtuvieron en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en nuestro país, se ha vuelto a tocar con mucha fuerza temas tales como la necesidad que el Estado realice en total o mayor medida actividad empresarial; por ello, resulta pertinente entender en qué forma ello sería viable pero no en base a razones clásicas o desgastadas, como lo es: ‘‘ya se demostró que el Estado no es un buen administrador’’.

Para esto debemos entender que el Estado es un mecanismo, que se formó de manera voluntaria y que ha resultado ser útil, para lograr una adecuada organización de la sociedad a efectos alcanzar una apropiada convivencia social con estándares mínimos de desarrollo y dignidad; dicho esto, queda claro que el fin inmediato de todo Estado será el desarrollo, bienestar y dignidad de la ciudadanía en general.

En adición a lo indicado, es importante hacer mención que, para el logro de sus fines, el Estado, así como cualquier agente que requiera concretizar algún objetivo, debe estar dotado de recursos, los cuales, son financiados con, entre otras fuentes, los impuestos; esto en buena cuenta, le otorga al Estado una fuente permanente de ingresos que no va depende directamente de realizar una adecuada actividad empresarial.

Mientras que, los diversos agentes económicos de índole privado tendrán un objetivo y fuente de ingresos que claramente van a diferir de los estatales; así las cosas, una empresa tendrá un respectivo objeto social para realizar determinar actividad económica con fines lucrativos, y, para que ello sea sostenible en el tiempo, se requiere de manera indispensable de la generación de mayores ingresos sobre los egresos que se presenten.

Bajo este orden de ideas, una empresa se encargará de cubrir una serie de cargas y obligaciones, tales como, el pago de local, servicios, proveedores, impuestos, trabajadores, entre otros, que en su totalidad deben ser menores a los ingresos que percibe, caso contrario, su sostenimiento será imposible y deberá desaparecer.

Dicha comparación, deja en claro que la finalidad y los ingresos que ostenta el Estado y una empresa privada son distintos, esta situación, generará diversas razones o incentivos para actuar de una u otra forma y para tomar ciertas decisiones. Así las cosas, si quien realiza una actividad empresarial cuenta con una fuente permanente de ingresos, como es el caso del Estado con los impuestos, la toma de decisiones que se adopten en este ámbito no contarán con un incentivo que busque hacerse autofinanciable; caso contrario sucede con las empresas privadas, que deberán hacerse de sus propios recursos y volverse autofinanciables, sino desaparecerán.

Frente a la falta de incentivos para hacerse autofinanciable la gestión empresarial estatal estará destinada a generar mayores gastos que ingresos, lo que se traducirá en una serie de decisiones, como aportar mayores recursos a las empresas estatales para su sostenimiento, que a su vez generará la necesidad de incrementar el presupuesto estatal, que se financia principalmente por nuestros impuestos.

Ahora bien, si está situación se incrementa de forma exponencial a través de la ampliación de la participación estatal en la actividad empresarial, no solamente devendrá en una deficiente gestión empresarial estatal, sino que a la postre generará un impacto negativo en la economía nacional, puesto que todo gasto será trasladado a la ciudadanía a través de la necesidad de lograr mayor recaudación de ingresos y podrían ser de tal dimensión que afecte gravemente la economía de los particulares.

Así las cosas, queda claro porqué la actividad empresarial estatal debe ser y continuar siendo subsidiaría, esto es, sólo debe presentarse en aquellos casos que resulte esencial su participación y cuando el sector privado no intervenga allí. No obstante, las razones antes esbozadas no deben dejar de lado que si bien es cierto la economía de libre mercado implica un escenario idóneo para el desarrollo económico, éste mecanismo trae consigo una serie de obligaciones estatales para evitar, entre otros, los abusos monopólicos, la concertación de precios y la especulación, y a su vez, lograr el desarrollo económico proporcional y equitativo; que evidentemente el aparato estatal ha descuidado y  es el aspecto en que deben enfocarse los actores políticos que hoy tenemos en escenario, a efectos que dichas obligaciones se ejerzan de manera adecuada.

 

 

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