La columna del Director

DECRETO SUPREMO DEL GOBIERNO PROHÍBE LAS MISAS

¿Con qué derecho el estado, en un país libre y supuestamente democrático, en el que hay libertad religiosa y separación de la iglesia y el estado, con una ley puede decir qué se puede y qué no se puede hacer en los templos?

Por: Luciano Revoredo

En la fecha se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo 170-2020-PCM, que regula las “medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional”.

Ya van nueve meses de medidas de emergencia, encierros, toque de queda, bonos, aislamiento y demás. Múltiples medidas, todas ellas fracasadas teniendo en cuenta el desastre económico al que nos han llevado y la enorme y lamentable cantidad de peruanos muertos por la exclusiva responsabilidad del mal gobierno. En ambos aspectos encabezamos la lista de los peores en el mundo.

En esta perspectiva no llama la atención un nuevo Decreto Supremo al respecto. Pero este tiene una novedad. El artículo 5º que regula la apertura de templos o centros de culto religioso. Con relación a este artículo caben varios comentarios, como lamentar que recién en el mes de noviembre se abran las iglesias cuando ya hace tiempo han abierto centros comerciales, restaurantes y demás locales comerciales, no habiendo ninguna justificación para mantener las iglesias cerradas.

El Decreto Supremo autoriza, a partir del lunes 02 de noviembre de 2020, a que las entidades religiosas abran sus templos y lugares de culto para recibir a sus miembros, fieles y público en general, con un aforo no mayor a un tercio de su capacidad total, debiendo adoptar y cumplir con los protocolos emitidos por la Autoridad Sanitaria Nacional y las medidas aplicables del Estado de Emergencia Nacional.

Hasta ahí todo bien, pero en el segundo párrafo del artículo correspondiente señala que durante esta etapa, únicamente podrá llevarse a cabo la celebración de ritos y prácticas religiosas excepcionales que sean de especial relevancia para la entidad religiosa (tales como bautizos, matrimonios, servicios funerarios de personas cuyo fallecimiento no esté relacionado con el COVID-19, ni se sospeche que lo esté, confirmaciones, primeras comuniones, entre otros similares, de acuerdo a las prácticas de cada entidad religiosa), excluyendo la celebración de las misas, cultos y similares de carácter regular y no excepcional. La celebración de tales ritos y prácticas religiosas excepcionales deberá realizarse con el número mínimo de participantes posible y en concordancia con las normas de la Autoridad Sanitaria Nacional y las medidas del Estado de Emergencia Nacional.

Esto es inaudito e inaceptable. ¿Con qué derecho el estado, en un país libre y supuestamente democrático, en el que hay libertad religiosa y separación de la iglesia y el estado, con una ley puede decir qué se puede y qué no se puede hacer en los templos? ¿Puede el estado prohibir las misas? Una vez abiertos los templos, y con las correspondientes medidas de distanciamiento ¿Por qué razón no puede haber misas? La medida es lamentable, ni en China o Cuba se han atrevido a tanto. Esperamos, tal vez en vano, que la Conferencia Episcopal se pronuncie al respecto y exija el derecho de los católicos peruanos a manifestar su fe libremente asistiendo a misa, obviamente que con los protocolos necesarios.

Por su parte el ministro del interior César Gentille, en declaraciones a una radio noticiosa señaló que en las iglesias “se van a aplicar los mismos protocolos que se aplican para ingreso a espacios públicos, como centros comerciales; en principio, se les va a tomar la temperatura” para entrar.

Y luego añadió que vez dentro de la iglesia, “se aplicará también el distanciamiento en la ubicación de las bancas, así sean familiares o amigos, de tal manera que el 30% del aforo mantenga el distanciamiento adecuado”.

Hasta ahí, tratándose de medidas de orden sanitario sus declaraciones son aceptables, pues está explicando la naturaleza de la norma, pero luego incurre en un atropello jurídico, en una violación de la libertad de culto y de la separación de la iglesia y el estado cuando añade que se debe “entregar la hostia en la mano y no en la boca al momento de la eucaristía, así como suprimir el uso de agua bendita durante la misa”.

¿Tiene derecho el ministro del interior a dar este tipo de indicaciones? La verdad que todo esto ya se está pasando de toda previsión y los católicos venimos siendo maltratados por un gobierno de facto, signado por la corrupción y que no respeta la libertad religiosa consagrada en la Constitución y demás regulaciones nacionales e internacionales.

Lamentablemente tampoco podemos esperar mucho de las autoridades eclesiásticas que no merecen nuestra confianza y hace tiempo que han abandonado sus responsabilidades.

El pueblo católico sigue sufriendo, sin encontrar el consuelo de los sacramentos y la Santa Misa.

3 Comentarios

  1. Qué falta nos hace Juan Pablo II!. El Gobierno del Perú, con el Decreto Supremo 170-2020-PCM, no sólo violaría el orden jurídico constitucional interno sino también el orden jurídico internacional público (“Concordato” o acuerdo entre el Perú y la Santa Sede del 26.07.1980); no obstante, ni nuestras autoridades eclesiásticas ni el jefe de Estado del Vaticano, hasta ahora, emiten la respectiva protesta. Los Católicos somos individuos disminuidos?, tenemos un rango inferior respecto de nuestros derechos fundamentales?. Ni el fascismo de Mussolini se habría atrevido a semejante atropello!!!.

  2. Según voceros de este Gobierno, las medidas sanitarias han girado en torno a reivindicaciones de algunos sectores, tales como “la lucha contra el patriarcado”, si eso ha sido así resulta aún más repugnante a toda racionalidad que se soslaye o peor aún se atropelle no solo reivindicaciones de algún grupo sino obligaciones supralegales y supranacionales que conciernen a la enorme mayoría de la población. Sólo si hubiera un agenda pública anti católica y anti cristiana se podría hablar de alguna coherencia interna en este tipo de medidas y en cualquier caso su anti juridicidad es manifiesta y por ello mismo resultarían inexigibles en los extremos que resultan antijurídicos.

  3. Creo que se impone alguna medida como habeas corpus o acción de amparo ante tales atropellos a la separación Iglesia estado. ¿Hay abogados católicos en este país? ¿Qué están esperando? ¿Algo así es inconstitucional?

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