Internacional

AMÉRICA LATINA DEBE AFIRMAR SU LIBERTAD

Por: José Antonio Torres Iriarte

La libertad como principio fundamental y los derechos humanos, como aspiración universal deben marcar el derrotero de las nuevas generaciones latinoamericanas; que deben ser capaces de reconocer el esfuerzo y entrega de todos aquellos que a lo largo del tiempo abrazaron la noble causa de poner fin a todo tipo de dictaduras y opresión en nuestra región.

La Revolución Cubana en los años sesenta, terminó traicionando los ideales de José Martí y de un pueblo que aspiraba a construir la democracia apoyada en el sufragio; el castrismo se sometió al dominio soviético, pretendiendo ser un referente político para las nuevas generaciones. La economía cubana fue subsidiada durante décadas por la URSS, bajo su liderazgo impulsó el movimiento guerrillero, que no pretendía liberar a nuestros pueblos de las “garras del imperialismo yanqui”; sino simplemente convertir a América Latina en una zona de influencia soviética en el contexto de la Guerra Fría y bipolaridad. La caída del Muro de Berlín, la disolución de la URSS y el fin del comunismo en Europa del Este; en los años noventa puso al descubierto las falencias de las economías centralmente planificadas, con sistemas políticos de partido único y sin libertades.

América Latina a lo largo de los últimos 20 años, aparentemente había encontrado el camino de la libertad y parecía ser capaz de insertarse mejor en los mercados internacionales de Norteamérica, Europa y el Asia Pacífico. Cuba bajo el liderazgo del tirano de la Habana, fue capaz de sobrevivir al llamado “período especial” y encontrar en Hugo Chávez el aliado adecuado para poder financiar su economía e impulsar bajo un discurso neomarxista, proyectos políticos autoritarios en la región.

Si la influencia cubana, en el proceso político de la Unidad Popular en Chile en los años setenta fue nefasto para el gobierno de Salvador Allende; la injerencia cubana en el gobierno de Caracas ha facilitado el control de los servicios de inteligencia y el dominio sobre las instituciones militares, la destrucción de la economía venezolana y ocasionado la migración de más de 5 millones de ciudadanos, configurándose una crisis humanitaria.

La dictadura cubana, ha construido una economía dependiente, incapaz de subsistir y sentar las bases del bienestar en un marco de libertad. Las movilizaciones del 11 de Julio y la anunciada protesta nacional del 15 de Noviembre; representan un hito en la lucha por la libertad de un pueblo, harto de que la dictadura de partido único prevalezca, imponiendo la represión y postrando en la pobreza a vastos sectores sociales. La cúpula del Partido Comunista, liderada por Diaz Canel pretende imponer el miedo, impidiendo el libre acceso a las redes sociales, prohibiendo las movilizaciones, restringiendo el acceso de la prensa internacional y por cierto acusando de contra revolucionarios y pro imperialistas a los opositores.

Por otro lado, en Nicaragua por cuarta vez en elecciones fraudulentas, fue elegido Daniel Ortega, como a la par la dictadura de Nicolás Maduro se mantiene en el poder, en momentos que la Corte Penal Internacional ha iniciado múltiples investigaciones derivadas de la muerte de cientos de manifestantes durante las protestas ocurridas en el 2017. Los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela son parte de un mismo eje político, que tiene en el gobierno de Luis Arce en Bolivia un aliado estratégico. El llamado “socialismo del siglo XXI”, se ha propuesto lograr la toma del poder en Colombia (en las elecciones del próximo año) y ganar las Elecciones en Chile en las próximas semanas, como a la par impulsan un proceso constituyente en el país sureño. El neomarxismo avanza con una agenda globalista, con propuestas ambientalistas, con el apoyo de fundaciones y organismos no gubernamentales cimentados en los países desarrollados; con un falso discurso de igualdad, no tienen otro propósito que la destrucción del aparato productivo de economías de medianos ingresos, el debilitamiento y control de las fuerzas armadas.

La amenaza totalitaria se cierne sobre América Latina y el Perú no es la excepción; el gobierno de Pedro Castillo no cede en sus objetivos políticos, tiene claro que debe disolver el Congreso e imponer una Asamblea Constituyente, que apruebe una Constitución que facilite el copamiento de las instituciones tutelares. El senderismo que fue derrotado sólo militarmente en los años noventa; hoy se expresa políticamente y forma parte del actual gobierno; por ello es impostergable confrontar política e ideológicamente para poder defender la institucionalidad democrática.

El Congreso de la República, el 9 de Noviembre del 2020 decidió vacar a Martín Vizcarra, sin embargo sólo unos días después ante la presión mediática renunciaría el presidente Manuel Merino, en un contexto de protesta promovida por los medios de comunicación temerosos de perder la generosa ayuda del Estado expresada en las transferencias millonarias por concepto de publicidad estatal. El gobierno de Sagasti, fue la segunda etapa de la gestión de Martín Vizcarra y demostró como una minoría parlamentaria fue capaz de imponerse frente a la voluntad de 105 congresistas, que sólo unos días antes habían decidido poner fin al nefasto gobierno vizcarrista. No olvidemos que personajes siniestros como Rosa María Palacios en especial señalaron que luego de la renuncia de Manuel Merino, el próximo presidente del Congreso debía ser elegido entre el “selecto” grupo de congresistas que se opusieron a la vacancia presidencial del corrupto Martin Vizcarra.

Hoy más que nunca, las fuerzas democráticas con o sin representación parlamentaria deben actuar con un solo objetivo político, defender la libertad frente a la amenaza totalitaria que se cierne sobre el Perú.

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